El gobierno de Estados Unidos tardó más de 20 años en armar el expediente delictivo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y fue en 2009 cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra el narcotraficante mexicano. En esa investigación, cuyas partes medulares fueron consultadas por Proceso, se consigna de manera explícita una constante: la protección que las autoridades de todos los niveles en México le dispensaron al capo, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Joaquín Guzmán Loera llegó a ser el narcotraficante más importante en tiempos recientes gracias a la protección de las autoridades mexicanas de todos niveles, sobre todo después de su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó con violencia extrema a sus enemigos para hacer del Cártel de Sinaloa una de las organizaciones delictivas más grandes y prolíficas del mundo. Movilizó por lo menos 200 mil kilos de cocaína y obtuvo ganancias por 14 mil millones de dólares porque llegó a tener el control de la mayoría de la cocaína que se transportaba y distribuía en el Continente Americano, desde los países del sur hasta Canadá. Su operación se extendió hacia África y Asia, incluidas China e India, como proveedores de precursores químicos para las drogas de diseño. En un cuarto de siglo, pasó de ser un eficiente operador para mover droga desde Colombia a Estados Unidos a liderar “una empresa de continua actividad delictiva” responsable de fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana destinadas principalmente a ese país. Considerado por algunos en Sinaloa como un moderno Robin Hood, Joaquín El Chapo Guzmán, de 59 años, además de sus guardias armadas acostumbraba cargar un fusil AK-47 o cuerno de chivo de plata y una pistola calibre .45 milímetros de oro con incrustaciones de diamantes. Sus dos escapatorias de penales de máxima seguridad en México –la primera en enero de 2001; la segunda en julio de 2015–, su capacidad económica de corrupción y los grupos de fuerza que desarrolló lo convierten en uno de los narcotraficantes más peligrosos. Tal es el perfil delictivo del Chapo Guzmán que el gobierno estadunidense presentó ante la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el viernes 20, un día después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extraditara, a unas horas de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El traslado a Nueva York Joaquín Guzmán Loera fue entregado la tarde del jueves 19 después de un rápido movimiento de los tribunales en México. En menos de 24 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negaron y dieron por concluidos los dos amparos que tenían detenida su extradición, autorizada por el gobierno de Peña Nieto desde mayo del año pasado. El Chapo fue sacado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, una cárcel de alta seguridad en el desierto de Ciudad Juárez, y entregado a la Procuraduría General de la República (PGR). Los agentes de la procuraduría de inmediato lo pusieron en manos de sus pares estadunidenses, quienes lo trasladaron a la prisión de supermáxima seguridad en Nueva York. Cuando fue presentado ante la Corte federal de Brooklyn, el Departamento de Justicia le hizo saber los 17 cargos que hay en su contra, entre ellos tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, conspiración, uso ilegal de armas, homicidio y lavado de dinero. Por todos esos ilícitos, la fiscalía pide cadena perpetua, luego de que el Departamento de Estado, en su solicitud de extradición, se comprometió con el gobierno de México a no aplicarle la pena de muerte, aun cuando fuera condenado a ella. La pretensión de la justicia estadunidense, que refiere casi 40 años de actividad delictiva, contrastan con lo ocurrido en México, donde Guzmán no ha podido ser sentenciado por narcotráfico, a pesar de las acusaciones que le ha hecho desde los años noventa. En más de 20 procesos que se le han abierto desde entonces por homicidio, producción y tráfico de mariguana y cocaína, y otros delitos contra la salud, ha salido absuelto, sin contar los 10 que actualmente se siguen en su contra. De acuerdo con su historial judicial, la justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como narcotraficante (Proceso 2052). El capo enfrenta seis procesos en Estados Unidos en cortes federales de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Texas y California. Sólo estas dos últimas pidieron a México su extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la concedió y tuvo el aval del Poder Judicial de la Federación.­ Su defensa se concentró en esas dos peticiones, pero la SRE acordó con Estados Unidos extraditarlo por nuevos cargos en otras jurisdicciones a condición de no ser condenado a muerte o, en su caso, a que esa pena no se ejecute. En su sesión privada del miércoles 18, ninguno de los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN hizo suya la petición del abogado del Chapo, José Refugio Rodríguez, para que revisaran la negativa de amparo decidida por un juez de primera instancia. Los ministros consideraron que no había ninguna violación constitucional en la extradición y decidieron que los expedientes pasaran al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México para que éste resolviera en definitiva. La determinación de los ministros no fue comunicada oficialmente por la Suprema Corte, pero se conoció en el máximo tribunal y la noticia se difundió. Más tardaron los ministros en resolver que los tres magistrados del Colegiado en confirmar por unanimidad la extradición el jueves 19 y dar por cerrado el caso. De inmediato, El Chapo fue sacado de la prisión de Ciudad Juárez y enviado a Nueva York. Declaración de inocencia En su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York, el pasado viernes 20, El Chapo se declaró inocente de todos los cargos. Su primera audiencia quedó programada para el próximo 3 de febrero. El Departamento de Justicia presentó ante esa Corte federal los cargos desde septiembre de 2014, mientras Guzmán estaba recluido en el penal de Almoloya, en el Estado de México, de donde se fugó en julio de 2015. Estados Unidos se llevó más de 20 años para armar su expediente. Intervinieron la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio Marshal, del Departamento de Justicia, así como el Departamento del Tesoro y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del propio Departamento del Tesoro, y el Departamento de Seguridad Interior. La investigación comprende de 1989 a 2014, periodo en el que, de acuerdo con los documentados presentados ante la Corte federal, hay una constante: la protección de la autoridad en México, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de máxima seguridad y se encaminó a convertirse en “el narcotraficante más notorio del mundo”. En un memorándum que el Departamento de Justicia presentó el viernes 20 ante la Corte para reforzar su acusación, se asegura que Guzmán logró controlar “a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles de México y gobiernos de otros países a través de sobornos”. Esos pagos le permitieron proteger sus embarques de droga de México hacia ciudades de la frontera norte, así como asegurar el paso de éstos cuando cruzaban a territorio de Estados Unidos. Para las autoridades estadunidenses, la corrupción fue clave para solidificar su poder en México: “Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de gobierno: local, municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes les pagó para asegurar que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer toneladas de cocaína desde América del Sur y moverlas libremente a Estados Unidos”. Precisan que los pagos le garantizaron, además de ese libre paso, que los miembros de su organización no fueran detenidos y que las disputas territoriales se resolvieran a favor de la organización que lideraba el capo sinaloense. Dan un ejemplo: el soborno por alrededor de 1 millón de dólares en efectivo a funcionarios encargados de perseguirlo y, con ello, asegurar el paso libre de un cargamento a través de México. El documento omite la fecha y los nombres de los funcionarios involucrados, y asegura que hay testigos dispuestos a declarar sobre los pagos de Guzmán Loera a políticos y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley en México para asegurar que ésta no se aplicara. El memorándum menciona que un exfuncionario de Ciudad Juárez podría testificar sobre el pago de “cientos de dólares por mes” para dejar en libertad a los miembros del cártel que fueran detenidos, liberar las rutas por donde pasaban los cargamentos de droga y dar protección armada a los camiones cargados con droga que pasaran por esa área. En 2009, los primeros cargos En el historial delictivo de su acusado, el gobierno estadunidense le dice al juez que Guzmán comenzó desde adolescente cultivando mariguana y amapola para la producción de heroína. “Con el paso de los años dedicó sus esfuerzos a crecer su organización e incrementar y mejorar el poder del Cártel de Sinaloa, a menudo a través de la tortura y el asesinato”. Abunda: “Como líder del Cártel de Sinaloa, operó con impunidad en los más altos niveles del mundo del narcotráfico mexicano, mientras aseguraba su éxito continuo y que no fuera detenido, a través de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y oficiales encargados del cumplimiento de la ley”. Señala que aun durante sus encarcelamientos, continuó manejando sus operaciones de narcotráfico y exitosamente complotó para escaparse de la cárcel. Una vez libre, continuó supervisando las actividades de su “imperio de tráfico de drogas”.­ Desde 2009, cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra él en Nueva York, aseguró que junto con los otros jefes del Cártel de Sinaloa “históricamente… aseguraron su protección política y judicial en común”. En esa acusación, el gobierno estadunidense se lanzó en contra del liderazgo de lo que se dio en llamar La Federación, como se conoció a la organización sinaloense entre finales de los años ochenta y la década pasada. Además del Chapo, incluyó a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, a Ignacio Coronel Villarreal y a los hermanos Ismael y Jesús Reynaldo Zambada García. Con excepción de Ismael, el resto están muertos, detenidos o extraditados. Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por la Marina en 2009; Héctor está combatiendo su extradición, autorizada en diciembre pasado; Nacho Coronel fue abatido por el Ejército en 2010, y Jesús Zambada fue extraditado a Estados Unidos en 2012. De acuerdo con ese expediente, La Federación operó a través de arreglos de cooperación y cercana coordinación con los proveedores de cocaína en América del Sur. “A través de una cadena de policías corruptos y contactos políticos, La Federación dirigió el transporte a gran escala de narcóticos que involucraba el uso de activos de transporte por tierra, aire y mar, embarcando múltiples toneladas de cocaína desde América del Sur, a través de América Central y México, para finalmente meterlas a Estados Unidos”. Aunque a veces tenían diferencias y los líderes peleaban entre sí, “históricamente coordinaron sus actividades delictivas, compartieron y controlaron las rutas del narcotráfico en México, resolvieron conflictos territoriales, minimizaron su violencia interna y se aseguraron una protección política y judicial en común”. Además, se valieron de sicarios que cometieron cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, secuestros, torturas y cobros violentos de deudas por droga. Esa acusación incluyó no sólo la droga que entró a Nueva York o que fue asegurada. También abarcó los cargamentos que fueron asegurados fuera de la jurisdicción estadunidense. Este reportaje se publicó en la edición 2099 de la revista Proceso, del 22 de enero de 2017.