CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La CNDH abrió un expediente de queja por la ausencia de atención a migrantes en Tijuana, Baja California por parte de autoridades federales, estatales y federales, informó el ombudsman Luis Raúl González Pérez. Entrevistado al término de su participación en el foro “100 de los Derechos Humanos en la Constitución Mexicana”, González Pérez agregó que una organización social que asiste a la población migrante en la ciudad fronteriza solicitó al organismo intervenir ante la percepción de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno “no han cumplido las suficientes medidas” para atender la crisis migratoria. El ombudsman señaló que ante el probable incremento de deportaciones de mexicanos en la frontera norte, se reunió con presidentes de organismos de derechos humanos de estados fronterizos para formar “un frente común en defensa de los connacionales en Estados Unidos”. De acuerdo con el ombudsman, el frente también tiene como objetivo “articular esfuerzos hacia las autoridades locales para que consideren ahí las acciones necesarias para que la atención a la migración sea con rostro humanitario”. Tras recordar que en días pasados solicitó la intervención de relatores de la ONU y de la CIDH para atender la crisis de repatriaciones que se avecina, González Pérez apuntó que pese a que hasta ahora “los flujos migratorios se han mantenido de manera ordinaria”, ha girado instrucciones para reforzar el trabajo de las oficinas de la CNDH en Tijuana y Nogales, Sonora. Sobre la queja presentada por falta de atención a la crisis migratoria, Soraya Vázquez, vocera del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria en Tijuana, explicó que después de ocho meses de que esa ciudad fronteriza se vio colapsada por la llegada masiva de migrantes procedentes de Haití y de varios países africanos, el gobierno federal ha incumplido su promesa de apoyar a los albergues emergentes para atender a la población foránea. En entrevista, Vázquez estimó que hay unos 4 mil migrantes haitianos varados en Tijuana en espera de recibir refugio en Estados Unidos y que sólo cuentan con el precario apoyo de “11 albergues tradicionales, 16 iglesias convertidas en albergues y siete centros de rehabilitación en tratamiento de adicciones, centros de atención a personas con VIH positivo y comedores comunitarios convertidos también en albergues emergentes”. El Comité Estratégico contabilizó además 11 albergues en Mexicali, Baja California con las mismas características y carencias que en Tijuana. Además cuenta que cuando estalló la crisis la sociedad civil y las iglesias cristianas se volcaron a ayudar con sus escasos recursos, “con la promesa del gobierno federal, del estatal y municipal de que iban a apoyar para atender la situación, pero los migrantes fueron olvidados, y hasta ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) ha tratado de minimizar la crisis, se rehúsa a reconocer que hay una crisis humanitaria y que hay graves violaciones a derechos humanos, a la alimentación y a alojamiento digno”. Luego destacó que ante la prolongada estancia de los migrantes, algunos con cita para ser atendidos en Estados Unidos para mayo de este año, los haitianos y africanos “no pueden ni siquiera trabajar, porque no tienen visa de trabajo por parte del INM”. Incluso apuntó que de forma ilegal para que los migrantes varados puedan acceder a una cita para ser entrevistados por personal estadunidense, “requieren de un salvoconducto que les da el INM, es decir, el INM le está haciendo la chamba a los gringos, además de que a los migrantes se les indica que si quieren regularizar su situación migratoria en México, ya no podrían solicitar refugio en Estados Unidos”. Vázquez acusó que hay una “falta de estrategia del gobierno federal” para atender la crisis de los haitianos y africanos, y que se espera que se agudice con “los deportados y los connacionales que llegan en busca de cruzar la frontera a Estados Unidos como asilados”. Hasta ahora, agregó, la respuesta que dio el gobierno federal fue lanzar una convocatoria a través de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para canalizar recursos a los albergues, “imponiendo las mismas reglas de operación que para asociaciones civiles, pero quienes están apoyando no cumplen con esas especificaciones, y los que obtuvieron los fondos son centros de rehabilitación, que son impropios para atender población migrante, porque no puedes mezclar población sana con quienes están en tratamiento, con una atención especializada”. El Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria solicitó a la CNDH en su queja que identifique las necesidades de los albergues que están proporcionando ayuda humanitaria a los migrantes haitianos y africanos, y que “inste al gobierno federal a que destine recursos suficientes para garantizar el derecho a la alimentación de las personas migrantes en tránsito, deportados y desplazados que permanecen en la entidad”. Al pedir una investigación sobre la actuación “omisa” del INM y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, el Comité pidió a la CNDH considerar entre sus recomendaciones la instalación de una oficina regional de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar) “para atender la demanda de solicitantes que se prevé se incrementará con el cambio de política migratoria en Estados Unidos”. Asimismo, pidió que conmine al gobierno federal “para que desarrolle un plan integral de acogida para el estado de Baja California, el cual prevea la atención a las personas migrantes en tránsito que decidan permanecer y regularizar su situación migratoria en México, así como a las personas deportadas y connacionales desplazados”. La queja la signaron representantes de organizaciones integradas al Comité Estratégico, Espacio Migrante, Diversidad Migrante, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Cómplices Comunitarias.