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Pablo Kuri: el subsecretario de salud que protege a la industria refresquera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pablo Kuri Morales, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud (SSA), se perfila para tomar las riendas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el próximo 14 de febrero: desde el pasado 26 de enero, es uno de los tres aspirantes a la dirección general de la prestigiosa institución.

Esta perspectiva genera cierto malestar dentro de la institución, no sólo porque Kuri sólo es titular de una maestría en un espacio donde la mayoría de los empleados tienen doctorado, sino porque los integrantes del INSP ven que su cercanía con los intereses de las industrias de la comida chatarra, la refresquera y la farmacéutica representa una seria amenaza a la independencia de la institución.

Además, Kuri menospreció en varias ocasiones las recomendaciones y estudios del INSP en decisiones que tomó en los últimos cuatro años.

Documentos confidenciales obtenidos por Apro muestran que desde abril de 2014, Kuri, junto con Mikel Andoni Arriola Peñalosa –entonces titular de la Comisión Federal de Protección ante los Riesgos Sanitarios (Cofepris)– y Mercedes Juan López, exsecretaria de Salud, ignoraron los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las deficiencias de las normas del etiquetado sobre el valor nutritivo de los alimentos y bebidas, entonces recién publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los documentos muestran que la OMS señaló a los representantes de las instancias de salud mexicanas que el etiquetado mexicano fomentaba el alto consumo de azúcares –e incluso violaba la estrategia de la administración de Enrique Peña Nieto para combatir la obesidad y la diabetes en el país–, pero que éstos ignoraron el mensaje.

Tampoco dieron seguimiento a la propuesta del organismo internacional de elaborar, juntos, un etiquetado claro y acertado.

Esta actitud contrasta con las declaraciones públicas de dichos personajes: El año pasado Kuri y Arriola –ahora titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– expresaron su grave preocupación ante el posible colapso del sistema de salud pública, provocado por la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país.

El pasado 15 de noviembre, ante la amplitud de la enfermedad crónica –y de la muerte de 98 mil personas en 2015–, Kuri informó que la SSA emitió una alerta epidemiológica en materia de obesidad y diabetes. Sostuvo que la dependencia tomó esa decisión para llamar la atención de la sociedad y “apuntalar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.

El consumo de altas cantidades de refrescos –163 litros por año y por persona en promedio– y de comida ultraprocesada –cerca de 30 kilos por año en promedio–, es uno de los principales factores que explican la dimensión de la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, que afecta a siete de cada 10 adultos.

Oficio confidencial

El 25 de abril de 2014, Maureen Birmingham, entonces representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, envió el oficio confidencial MEX/PWR/4809/14 a Mercedes Juan López, entonces secretaria de Salud, con copia a Kuri y a Arriola Peñalosa.

En la carta, Birmingham recordó que especialistas de la OMS sostuvieron teleconferencias y reuniones en privado con Kuri, en las que abordaron el etiquetado de la Cofepris.

En un tono cordial, la representante del organismo advirtió a Juan que “el nuevo etiquetado representa un desafío no solamente técnico sino también en materia de comunicación social por sus aspectos técnicos muy difíciles a comunicar”, y le ofreció revisar los “aspectos técnicos” con la ayuda de los expertos nutriólogos de la OMS y la OPS.

Birmingham recordó que el etiquetado propuesto por la Cofepris toma en consideración el contenido de “azucares totales”, es decir, la suma de las azucares naturalmente presentes en los ingredientes y de las azucares que la industria añade al producto para endulzarlo.

Con este etiquetado, la industria puede rebasar los límites de azúcares añadidos establecidos por la OMS (Proceso 2078). Para elaborarlo, la Cofepris nunca convocó al INSP pese que, de acuerdo con un estudio que esta institución presentó en 2011, nueve de cada 10 estudiantes en nutrición –de un panel de 122– fueron incapaces de descifrar el etiquetado para determinar los contenidos de los productos.

La OMS ofreció su ayuda para que los expertos del organismo internacional participen en la corrección del etiquetado. Juan, Kuri y Arriola hicieron caso omiso.

En otro oficio confidencial, fechado el 15 de mayo de 2014 y llamado MEX/NMH/4886/14, Birmingham anunció a Juan que los expertos de la OMS, la OPS y la Cofepris determinaron que “no hay ingesta recomendada de azucares”, cuando el etiquetado mexicano utiliza el término ambiguo de “ingesta máxima recomendada”, que “tiene el riesgo de mal informar al consumidor”, deploró.

Adelantó que “una nueva guía de la OMS que se publicará en los próximos meses promoverá una reducción en la ingesta de azucares (…) que no debe superar el 10% del total de energía”, y que esta guía “sugiere reducir la ingesta de azúcares libres por debajo del 5% de la energía total”.

Recordó que el etiquetado promovido por la Cofepris establece un valor de referencia de azúcares de 18% –más de tres veces más que las recomendaciones de la OMS–, que es “erróneamente entendido por el consumidor como el nivel máximo recomendado sin efectos para la salud”.

Según el oficio, la mitad de población mexicana ya saca entre 18,6% y 24% de su energía de las azúcares, por lo que promover un consumo de azúcares del 18% “no parece ser apropiado, ya que conlleva el estatus-quo de la obesidad actual”.

Es más: Birmingham señaló que, de aplicarse el etiquetado, el gobierno federal incluso violaría los valores de referencia que establece la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual limita a 10% la ingesta máxima de azucares en la dieta mexicana.

Kuri no sólo ignoró las advertencias de la OMS. En marzo de 2015, durante un evento realizado en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), aseveró que México sería el primer país en aplicar las recomendaciones de la OMS en materia de ingesta de azúcar –mismas que desdeñó 10 meses antes–. Esta promesa quedó letra muerta.

Es más: recientemente, Kuri promocionó el incomprensible etiquetado de la Cofepris, junto con representantes de las industrias refresquera y chatarra.

El pasado 16 de enero, por ejemplo, el funcionario protagonizó un evento público junto con Jaime Zabludovsky para apoyar la campaña “Checa y Elige”, promovida por la industria. A través de esta campaña, la industria pretende “educar” a los consumidores a descifrar el etiquetado, en lugar de simplificarlo.

Zabludovsky es presidente ejecutivo del Movimiento por una Vida Saludable (Movisa), una organización conformada por los gigantes de la industria –entre ellos Bimbo, Coca Cola y las embotelladoras, Herdez, Jugos del Valle, Nestlé o Walmart–, así como Televisa y TV Azteca, entre otros.

En una entrevista con Proceso en agosto pasado, Kuri se deslindó de todas las responsabilidades y evadió las preguntas más incómodas respecto a las medidas adoptadas por la Cofepris en materia de regulación de la comida chatarra y los refrescos, entre ellas el etiquetado.

“El reportero le señala a Kuri que la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud, no consultó a ninguna instancia sanitaria para elaborar el etiquetado. En su lugar retomó el modelo de las industrias mencionadas.

“No te puedo responder por qué lo hizo. Ellos (los de la Cofepris) hicieron el estudio, ellos tienen la información. Son la autoridad regulatoria. Hay responsabilidades dentro de las áreas”, comentó entonces.

Admitió que, de acuerdo con un estudio del INSP de 2011, sólo dos de 122 estudiantes fueron capaces de descifrar el etiquetado y determinar la cantidad de azúcar contenida en un producto. “El estudio está ahí. Yo no tengo el proceso de cómo lo hicieron porque no estaba en Cofepris”.

Momentos más tarde, añadió: “Entiendo las controversias, pero estamos entrando en esto como si la solución fuera poner un etiquetado o un impuesto, cuando la cosa es mucho más compleja: tiene que ver con educación, con cambios de hábitos, con instalación de espacios para que la gente haga actividad física”.

Ayer, las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria urgieron a las organizaciones especializadas en la transparencia y rendición de cuentas de monitorear el proceso de selección del próximo titular del INSP, y a prestar una atención particular a que los intereses de las industrias refresquera y de la comida chatarra no interfieran en esta designación.

Para llegar a la cabeza del INSP, Kuri competirá con Pedro Rafael Lozano Ascencio y Juan Ángel Rivera Dommarco, ambos integrantes del instituto. El próximo viernes, los tres aspirantes se presentarán ante los científicos del INSP.

Hombre de Sanofi

En septiembre de 2009, tras 18 años en el Centro de Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), Kuri se incorporó a la empresa farmacéutica Sanofi-Aventis, donde desempeñó como “director científico” hasta noviembre de 2011. Un mes más tarde –todavía durante la presidencia de Felipe Calderón–, asumió la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la unidad administrativa de la SSA encargada de comprar las vacunas. Cinco años y medio más tarde, permanece en el puesto.

El 9 de diciembre de 2015 la Cofepris dio luz verde a la distribución de la vacuna contra el dengue (Dengvaxia), la cual fue desarrollada por Sanofi-Pasteur, la división de vacunas del grupo Sanofi-Aventis. México se convirtió entonces en el primer país en homologar esta vacuna –su distribución sigue limitada al sector privado–; le siguieron Filipinas, Indonesia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, Tailandia y Singapur.

La Cofepris de Arriola ignoró por completo las recomendaciones del Grupo multidisciplinario de Investigadores del INSP, que urgió el gobierno federal a “posponer la autorización sanitaria (de la vacuna) y, a consecuencia, su implementación en el programa nacional de inmunización, hasta tener evidencias más robusta para definir los grupos blancos de vacunación y sobre la seguridad a mediano plazo”, en un estudio publicado el 17 de noviembre de 2015, menos de un mes antes de la homologación.

Según un estudio que emitió el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS en materia de vacunación el pasado 15 de abril, la vacuna debería aplicarse únicamente en las zonas donde por lo menos 70% de la población de nueve a 45 años resulta seropositiva al virus del dengue. El mismo estudio pidió no utilizar la vacuna en áreas donde menos del 50% de esa población resulta seropositiva.

El pasado 7 de septiembre, la OMS publicó en su página de Internet un estudio realizado por grupo de investigadores mexicanos –entre ellos Mauricio Hernández Ávila, director general del INSP–, el cual cuestionó severamente la decisión de homologar la vacuna en México.

Sus conclusiones: si bien las pruebas clínicas ilustraron los “méritos” de la vacuna, también revelaron su eficiencia “parcial y heterogénea en la prevención de la enfermedad”, y subrayaron que su homologación pudo ser prematura dada “la incertidumbre respecto a su inocuidad”.

El estudio aseveró que “algunos de los datos disponibles indican que es más que teórico el potencial de que esta vacuna incremente el riesgo de dengue severo y de otras formas de dengue que lleven a la hospitalización”, y subrayó que si bien México resultó el primer país en homologar su venta, los resultados de las pruebas clínicas “indican que la vacuna fue notablemente menos eficiente (en México) que en otros países”.

No sólo esto: de acuerdo con las pruebas clínicas, la vacuna sólo resulta eficiente para las personas que ya fueron infectadas por el dengue, mientras podría ser dañina para quiénes nunca lo fueron.

Los expertos expresaron además su preocupación de que “el otorgamiento de una licencia del CYD-TDV (la vacuna) en un país pueda fomentar la homologación demasiado rápida de la vacuna en otros países con autoridades regulatorias más débiles”. Y pusieron en duda que los gobiernos que autorizaron la distribución de la vacuna tengan la capacidad de vigilar sus efectos a largo plazo.

Kuri no sólo era subsecretario cuando la Cofepris homologó el producto: también era un firme promotor de la venta de la vacuna que desarrolló su exempleador a través del Grupo de Expertos Mexicanos en Dengue, un “think tank” conformado por altos funcionarios de la Ssa –entre ellos Kuri–, el Instituto Carlos Slim para la Salud y actores del sector privado, con el objetivo de reunir evidencias que permitan el desarrollo de “una estrategia nacional para la introducción de una vacuna contra el dengue”.

El 31 de julio de 2014, por ejemplo, el Grupo de Expertos Mexicanos publicó un estudio sobre sus actividades en el cual insistió en la dificultad de erradicar los mosquitos, vectores del dengue, pero aseguró que “como resultado de mucho progreso en investigación y desarrollo en la última década, existe una posibilidad de una vacuna segura y efectiva que pudiera ser disponible próximamente”: la vacuna de Sanofi-Pasteur.

Entre los tres integrantes del Comité de Auscultación responsable del análisis y la validación del próximo director del INSP destaca el doctor Roberto Tapia Conyer, director general de la Fundación Carlos Slim para la Salud desde 2007 y exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, función que desempeñó entre 1997 y 2006 y en la que tuvo a Kuri bajo sus órdenes.

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