TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) liberó a 57 miembros del grupo Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), detenidos la madrugada del 30 de enero tras el desalojo de un plantón que mantenían para exigir sus pagos por servicios y contratos gubernamentales. Otros seis de los empresarios fueron consignados al penal de El Amate, localizado en el municipio de Cintalapa, acusados del delito de despojo agravado, entre ellos el líder del movimiento de protesta, Rafael Jiménez Arechar. Esta tarde, ante más de un centenar de amigos y familiares que se dieron cita a la entrada de la PGJE, las 57 personas salieron una a una del edificio, mientras familiares y amigos de los que continúan detenidos demandaron su liberación. Además de Jiménez Arechar, los otros presos son: Óscar Alfonso Constantino, Jorge Ricardo García Ramos, Luis Armando Villanueva, Sayi Yazmín Martínez Camacho y Mercedes del Carmen Robles Bustamante. Desde enero de 2016, los miembros de ECHO reclaman al gobierno estatal el pago de facturas por contratos de compra-venta y servicios ofrecidos a diversas dependencias, y el pasado 23 de enero instalaron un plantón y campamento en la plaza cívica de la Torre Chiapas, un edificio de oficinas gubernamentales donde se encuentra la Secretaría de Hacienda. Los manifestantes no obstaculizaban las labores de los trabajadores del edificio, pero ayer se movilizaron con sus vehículos y maquinaria pesada para hacer una toma simbólica de la Casa Oficial de Gobierno. El gobierno ha dicho que sólo ha pagado y pagará a quienes sustenten sus facturas, pero no lo hará si presentan irregularidades, por lo que ha dado la alternativa a los empresarios de que procedan por la vía de la denuncia mercantil. Ayer, durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso local, el secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno, informó que se han pagado 150 millones de pesos a los empresarios por servicios contratados por administraciones pasadas. Señaló, asimismo, que han encontrado irregularidades en contratos, y se espera que este año puedan cumplir con el pago de los adeudos reconocidos.