Después de una lucha de más de 40 años y de un debate de cuatro meses, la Constitución de la Ciudad de México ya es un hecho. Sin embargo, algunos anhelos entrañables de la urbe más progresista del país quedaron fuera del texto: no se consignaron los derechos a una vida digna y a la ciudadanía universal, la jornada laboral máxima de 40 horas a la semana ni la progresividad fiscal para que paguen más impuestos quienes ganen más. Como sea, los propios redactores de la Carta Magna creen que ésta será impugnada, y uno de los primeros inconformes puede ser el propio Poder Judicial. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El anhelo de autonomía que la capital del país tiene desde hace más de 30 años se materializó el pasado 31 de enero. En la casona de Xicoténcatl –antigua sede del Senado– se le puso punto final a la primera Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, el logro de la Asamblea Constituyente no tuvo un camino terso: hubo renuncias, acusaciones de discriminación, ausentismo, votaciones guiadas por cuotas de poder y presiones de grupos de interés que, en conjunto, frenaron alrededor de 15% del proyecto elaborado por el grupo redactor del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Peor aún, el resultado –que ni Cuauh­témoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador ni Marcelo Ebrard consiguieron– llevará el estigma de haber sido alcanzado gracias a un trueque político: en diciembre de 2012 el mandatario local aceptó firmar el Pacto por México promovido por el presidente Enrique Peña Nieto. Apenas declarado el “Habemus Constitución” –el pasado 30 de enero por la noche, un día antes de vencer el plazo marcado en la Reforma Política del Distrito Federal en diciembre de 2015–, Mancera se congratuló porque, según sus cálculos optimistas, lo aprobado por los constituyentes representó 90% del proyecto original elaborado por el grupo de 28 notables, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo. Así, la calificó como “la Carta Magna más moderna y joven de América Latina”. Sin embargo, a decir del propio Muñoz Ledo, en el texto final de 71 artículos y 39 transitorios quedó sólo cerca de 80% del proyecto de dicho grupo. A su vez, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Constituyente, calcula que alrededor de 85% del contenido original fue aprobado en el texto final, que será promulgado este domingo 5 de febrero y que, en una primera etapa, entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. Entre las propuestas “progresistas” que no quedaron plasmadas en la Carta Magna de la ciudad se cuentan la disminución de la edad legal para votar, de los 18 a los 16 años; la garantía de un ingreso básico universal al mes para cada capitalino; la jornada laboral máxima de 40 horas a la semana; los 20 días de vacaciones al año, y las pensiones a las personas no asalariadas. Tampoco pasó el derecho a la ciudadanía universal, la progresividad fiscal para que paguen más impuestos quienes tienen más ingresos, ni los gravámenes a la propiedad inmobiliaria “ociosa” con fines de especulación. De la misma forma, los votos no fueron suficientes para aprobar el derecho al acceso universal a internet ni la prisión domiciliaria para sentenciados que sean madres, estén enfermos, tengan una discapacidad o sean ancianos. Incuso, las puertas se cerraron a la legalización de la prostitución y al derecho a una vida digna. El proyecto de Mancera proponía el uso recreativo de la mariguana, pero los constituyentes lo redujeron a los fines médicos y terapéuticos y le pusieron un candado al sujetarlo a la puesta en vigor de la Ley General de Salud a nivel federal, asunto que sigue pendiente en la Cámara de Diputados. Algunos de estos temas fueron eliminados debido a la inviabilidad de disposiciones presupuestales para ejercerlos o, en su caso, resarcir el daño por su violación, así como a “imperfecciones técnicas” que no fueron solventadas. En entrevista, Muñoz Ledo reconoce: “No pudimos lograr disposiciones presupuestales que nos hubiera agradado; por ejemplo, un impuesto sobre mejoras urbanas, que en otros países se llama plusvalía. Eso provocó un gran debate malintencionado. Tampoco se logró el derecho a la edificación en esta ciudad que es cada vez más densa”. No obstante, adelanta: “Tenemos bases en otras leyes para que esto se resuelva por la vía legislativa”. Por su parte, el senador Alejandro Encinas explica que entre las razones por las que tales propuestas no fueron aprobadas se cuenta el hecho de que “son conceptos muy novedosos para los cuales no hay la madurez suficiente. Todavía hay muchos prejuicios, muchos atavismos para entender qué es lo que está pasando en el país”. Y pone como ejemplos los conceptos de “ciudadanía universal” y de “ciudad resiliente”. Un tema que ocasionó debate, recuerda, fue el del voto a los 16 años, con un argumento “absurdo de que a esa edad los jóvenes no tienen madurez suficiente para emitir un juicio en materia político-electoral”, aun cuando ya se les permite trabajar y los obligan a pagar impuestos. Incluso, menciona que en la legislación agraria se establece que desde los 15 años ya se puede ser comisariado ejidal o presidente de bienes comunales. Según el exjefe de Gobierno, “el grueso del proyecto del grupo redactor está fielmente representado”. No obstante, reconoce que durante las discusiones en el pleno influyó la composición de la propia Asamblea Constituyente. “Hay que tener claro que nadie puede llevarse o imponer su punto de vista de manera exclusiva, y mucho menos una asamblea donde se requería la mayoría calificada de los integrantes presentes para tomar decisiones. Al final fue positivo el nivel de consenso que se alcanzó. Es algo a lo que debemos acostumbrarnos en este país”, afirma. Tropiezos desde el inicio El nacimiento de la primera Constitución de la Ciudad de México fue cuestionado desde la aprobación de la Reforma Política en diciembre de 2015, en la que se estableció la fórmula para su conformación: 60 integrantes electos por voto popular (el 5 de junio de 2016) y 40 designados directamente por el Senado y la Cámara de Diputados (14 cada una); seis por Peña Nieto y seis más por Mancera. Ese modelo ocasionó que, aunque Morena obtuvo el mayor número de votos, incluso para representantes vecinales –en parte por el descontento de la ciudadanía contra el PRD–, en las designaciones directas el PRI sumara a experimentados políticos y les diera el mismo poder. El 15 de septiembre de 2016, cuando se instaló la Asamblea en la casona de Xicoténcatl y los constituyentes rindieron protesta, la bancada de Morena protagonizó el primer reclamo por esa composición. Otro obstáculo fueron las críticas que el proyecto de Mancera recibió, lo mismo de articulistas como de académicos y hasta de empresarios, que lo calificaron de “inviable”, “aspiracional”, “contradictorio”: una carta de buenos deseos. “Al principio había muchas sospechas, suspicacias, dudas. Hubo una campaña negra. Nos acusaron de tener una constitución comunista, prolija, una constitución de derechos que no podían cumplirse. Todo eso se fue revelando ficticio conforme los constituyentes fueron entendiendo el sentido de la Constitución”, recuerda Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política y luego coordinador del grupo redactor. Una vez que se organizaron las comisiones y comenzaron los trabajos, aparecieron prácticas partidistas de antaño, como los “levantadedos” y los faltistas. Hubo protestas de grupos animalistas y católicos y sesiones maratónicas que le apostaban a la votación por cansancio (“filibusterismo”, como se conoce en el mundo anglosajón). El 14 de diciembre, el escritor y constituyente Mardonio Carballo, de Morena, presentó su renuncia con el argumento de que era víctima de discriminación y racismo, y de que las cuotas partidistas imperaban en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que él mismo presidía. El hecho generó una investigación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), que ordenó a la Constituyente ofrecer una disculpa pública al afectado. Casi un mes después, el 10 de enero, renunció otro morenista, el escritor y colaborador de este semanario Fabrizio Mejía, quien argumentó que no quiso dar su aval a una “constitución neoliberal”. Justo en Proceso explicó que, en un principio, creyó que el objetivo de ese ejercicio legislativo “era restringir a los poderosos y ampliar los derechos de los ciudadanos, pero eso no sucedió”. Aunque no renunciaron, otros constituyentes solicitaron licencia para separarse del cargo. Fue el caso de Carlos Humberto Aceves del Campo, del PRI; Carlos Payán Velver y Javier Jiménez Espriú, de Morena, así como Bruno Bichir, de la misma bancada, quien pidió ausentarse al menos dos ocasiones por motivos laborales, o Alejandro Bustos, del PVEM, que faltó unos días porque se enfermó de influenza. Conforme se acercaba la fecha límite para poner punto final a la Carta Magna, los trabajos en comisiones se deformaron al grado de que algunos artículos se votaron apenas minutos después de conocer las redacciones finales. Las negociaciones “en corto” y de último minuto entre partidos fueron más evidentes, y artículos “incómodos” fueron reservados para discutirse a altas horas de la madrugada o el último día. Los logros No obstante el escenario, tanto Muñoz Ledo como Encinas destacan los logros de la Constitución de la Ciudad de México. No dudan en calificarla como “la mejor”, la más “moderna”, “innovadora” y “progresista” en el país. Sus conceptos, arguyen, se fueron tejiendo a lo largo de cuatro años y con base en las iniciativas de 2001 y 2009. En el proyecto del grupo redactor participaron más de 400 organizaciones sociales y 39 áreas del gobierno capitalino, así como académicos y especialistas en diversas áreas. El nuevo texto constitucional está fundado en una Carta de Derechos y basada en tratados y convenciones internacionales. Según Muñoz Ledo, es la primera que tiene un capítulo sobre desarrollo urbano, que de hecho es “más avanzado que el de Berlín y el de Buenos Aires, que son consideradas constituciones ejemplares”. Con más de 40 años de trabajo legislativo y político, el que ya es llamado por algunos “el padre de la Constitución de la Ciudad de México” destaca la aprobación inédita y por unanimidad de los derechos de los pueblos indígenas, reconocida incluso por la Relatoría Especial de la ONU. El hecho fue el resultado de la Consulta a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes organizada a escala local. “Es la única con estas características en la historia de este país. Siempre, incluso en las reformas federales después de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se le han seguido regateando derechos a los pueblos sobre sus territorios, recursos, capacidad de organización autónoma y su calidad de sujetos de derechos públicos”, asegura Muñoz Ledo. En cuanto al derecho al “buen gobierno”, enfatiza que, como ocurre en la Unión Europea, el ciudadano ya podrá exigir por vías judiciales tener un buen gobierno. De ahí se deriva la abolición del fuero político a los funcionarios públicos, la revocación de mandato y el referéndum. También se aprobó la conversión de las 16 jefaturas delegacionales en alcaldías descentralizadas del gobierno local. Otra novedad es el giro que la Asamblea Constituyente le dio a la organización del Poder Judicial capitalino, pues ahora tendrá que rendir cuentas, estar abierto a la participación ciudadana y a los juicios restitutorios. Y se crea la Sala del Tribunal de Justicia y los mecanismos para la elección de los jueces, magistrados y el fiscal general. Éste último será a propuesta de un “grupo judicial ciudadano”. “Esta constitución tiene como objetivo hacer exigibles los derechos de los ciudadanos y empoderarlos. Está pensada para la igualdad”, asevera Muñoz Ledo. Otras primicias son la aprobación de la eutanasia, el derecho humano de acceso al agua y la prohibición de su privatización, así como el reconocimiento de los animales como “seres sintientes” y con derecho a un trato digno, aunque no tocaron las corridas de toros. Las controversias que vienen Desde que se dio a conocer el Proyecto de Constitución de Mancera, protagonistas de anteriores iniciativas criticaron el texto y previeron la posibilidad de que sea objeto de controversias constitucionales (Proceso 2083). Cuatro meses después, algunos de los redactores no descartan que éstas se presenten. “No son un riesgo. Es algo normal en la democracia. Habrá sectores descontentos que quieran interponer controversias, pero ya tenemos un equipo de abogados que representa al Constituyente, encabezado por la exministra Olga Sánchez Cordero. Podemos ganar”, pondera Muñoz Ledo. Encinas es más claro: reconoce que grupos de poder presionaron en las decisiones de los constituyentes. Y anticipa que una de las primeras controversias puede originarse en el Poder Judicial: “No les gusta este poder intocado, no les gustan las reformas que rompen esta idea de que el presidente del Tribunal es juez y parte al presidir el Tribunal y su órgano de fiscalización, ni les gusta que un consejo judicial ciudadano haga las propuestas de un poder donde ha habido un monopolio de la familia judicial”. Tampoco descarta que los grupos inmobiliarios quieran dar pelea en la Corte contra la obligación de mitigar y compensar los impactos urbanos, ambientales, de movilidad y el daño que ocasionen al equipamiento, infraestructura y espacio público de la ciudad con sus obras, así como el pago de gravámenes en efectivo para aplicar en sus zonas de impacto. Diputado local y federal, senador, secretario, jefe de Gobierno y candidato a gobernador, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente destaca que en la hechura de la Constitución de la Ciudad de México “se rompieron las prácticas legislativas tradicionales y se obligó al consenso, se rompió la disciplina parlamentaria tradicional y se innovaron formas y procedimientos del trabajo legislativo”. Satisfecho por ver plasmada una de las aspiraciones de la izquierda en la ciudad durante muchos años, Encinas prevé que lo aprobado en esta Constitución tendrá repercusiones en todo el país, particularmente en el marco del sistema municipalista. Y concluye: “Esperemos que sea una señal positiva en medio del desasosiego en que se encuentra México, y de esperanza de que es posible construir un país distinto si logramos un acuerdo, no en torno a Peña Nieto, sino en torno a transformar la nación”. Muñoz Ledo ya prepara viajes para Argentina, Chile y Estados Unidos, adonde lo han invitado para hablar del proceso de elaboración de la Carta Magna de la capital mexicana, proceso que ha empujado desde hace 40 años. “Estoy preocupado por lo que sigue. Hay que estar pendiente a las leyes, hay que dar a conocer a la gente la Constitución y defenderla si quieren atacarla”, dice. La Carta Magna entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, mientras que el Congreso adecuará la totalidad del orden jurídico de la ciudad el 31 de diciembre de 2020 como plazo máximo. A su vez, la Asamblea Legislativa deberá expedir las leyes de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial el 31 de diciembre de 2017.