Etiquetado de alimentos es “regresivo” y “desfavorable”; juez ordena a Cofepris nuevos criterios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El etiquetado frontal que pretende informar a los consumidores mexicanos sobre el valor nutricional de los alimentos es “regresivo” y “desfavorable” en materia de derecho a la salud y debe ser adecuado inmediatamente, determinó Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el pasado 11 de noviembre, al conceder el amparo 1440/2015 a la organización El Poder del Consumidor.

El magistrado sostuvo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –la instancia responsable de la norma del etiquetado– estableció recomendaciones de consumo de azúcares superiores a los límites que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin exponer “razones científicas” que sustentaron su decisión.

Además, observó que la norma de la Cofepris no obliga a las empresas a diferenciar la cantidad de azúcares naturales y de azúcares añadidos en sus productos, pese que los segundos –utilizados de manera excesiva en los refrescos y la comida “chatarra”– son los que representan el mayor riesgo para la salud en términos de obesidad y diabetes.

El juez Silva García ordenó a la Cofepris que deje de aplicar el etiquetado y elabore un nuevo criterio que se adecue a las normas internacionales, plantee la diferenciación entre azúcares libres y añadidos y presente las cantidades de azúcar en gramos, no en calorías.

Asimismo, le urgió a introducir una advertencia en el etiquetado de los refrescos “sobre el riesgo a la salud que existe para [email protected] y adultos por consumir el producto en forma habitual (diabetes/obesidad), por exceder la cantidad diaria recomendada por la OMS a esos efectos”.

La Cofepris interpuso un recurso de revisión en diciembre pasado, el cual sigue en curso.

Arriola y Kuri, involucrados 

Mikel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) desde febrero de 2016, era titular de la Cofepris cuando fue elaborada la norma del etiquetado denominada NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Al frente del IMSS, el funcionario lanzó gritos de alarma ante la epidemia de obesidad y diabetes en el país y señaló el inminente colapso del sistema de salud.

Otro actor involucrado en la elaboración del etiquetado fue Pablo Kuri Morales, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y candidato a la dirección del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En su resolución de 101 hojas, el juez Fernando Silva señaló que la norma del etiquetado plantea una dieta de 360 calorías de “azúcares totales” por día, equivalente a 90 gramos. La OMS, por su parte, establece el límite de consumo de azúcares añadidos a 50 gramos por día.

El etiquetado de una botella de Coca Cola de 600 mililitros indica que la ingesta del producto cubre 70% de las recomendaciones de azúcares totales diarias. Pero como este refresco no contiene azúcares naturales, la ingesta de añadidos se eleva en realidad a 63 gramos, que rebasan en 26% el límite de consumo de azúcares añadidos a partir del cual existe un riesgo para la salud, según la OMS.

Según el juez, el etiquetado incluso viola las propias disposiciones de la Estrategia Nacional contra la Obesidad, el Sobrepeso y la Diabetes, que Enrique Peña Nieto lanzó en septiembre de 2013 –meses antes de la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– y plantea el límite de azúcares añadidos a 50 gramos por día.

Y abundó que la Cofepris también ignoró los estudios del INSP que recomendaban el abandono de este etiquetado.

El pasado 2 de febrero, Apro reveló que en abril y mayo de 2014, Maureen Birmingham, entonces representante en México de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió a Mercedes Juan López (extitular de la SSA), así como a Arriola y Kuri, que las cantidades de azúcar establecidas en la norma del etiquetado rebasaban las recomendaciones internacionales, lo cual conllevaba a un “riesgo de mal informar al consumidor”.

Las instancias nacionales de salud ignoraron la advertencia y la propuesta de Birmingham de revisar el etiquetado junto con expertos en nutrición de la OMS.

Tanto Arriola como Kuri ingresaron a la Secretaría de Salud (SSA) en 2011, durante la administración panista de Felipe Calderón, y fueron mantenidos a sus cargos por Enrique Peña Nieto.

La organización El Poder del Consumidor presentó su demanda de amparo el 24 de julio de 2015, un mes después de la entrada en vigor del nuevo etiquetado, y desde entonces no ha dejado de criticarlo en foros públicos.

De acuerdo con la organización, la norma que aprobó la Cofepris “oficializó” el etiquetado que elaboró la propia industria refresquera y chatarra en 2011. Sostiene que este etiquetado favorece a la industria porque no advierte al consumidor cuando su ingesta de azúcares añadidos rebasa los límites recomendados.

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