MÉRIDA, Yuc. (apro).- El colectivo Indignación exigió tipificar como feminicidio el crimen de Daniela –ultimada a machetazos en pleno centro de la comisaría de Xpechil, en el municipio de Peto– e investigar si ese hecho fue la consecuencia fatal de alguna omisión de las autoridades. El equipo defensor de los derechos humanos destacó la necesidad de que se indague si hubo antecedentes previos de violencia en ese caso, pues se ha divulgado información que sugiere que en diciembre del año pasado la mujer fue golpeada, y aunque la policía municipal detuvo a su marido, éste no fue consignado. También apremió a la autoridad a investigar otras posibles denuncias o episodios de violencia, “así como la actuación de las instituciones a las que la víctima hubiere acudido, pues las omisiones de instituciones del estado tienen fatales consecuencias”. En ese sentido, señaló que ha documentado “las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar violencia, la lenta actuación de las autoridades y las dilaciones para otorgar órdenes de protección”, y destacó que “con frecuencia se desestima la gravedad de la situación y los riesgos que enfrenta una mujer que vive violencia”. Añadió: “Lamentablemente es común culpabilizar a la víctima, no sólo de la violencia, sino también de no denunciar o, en el caso de una denuncia, de otorgar perdón al agresor”. Al respecto, los integrantes del colectivo resaltaron que las autoridades deberían estar capacitadas ante la compleja situación de violencia continua que enfrentan las mujeres y ejercer todas las facultades con las que cuentan en situaciones de esa naturaleza. De igual manera, recordaron que el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece, entre otras obligaciones, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. También adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier manera que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Asimismo, establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Por ello, insistieron en que es indispensable investigar también las omisiones en el terreno de la prevención y de las campañas, y si éstas se han hecho adecuadas también a la lengua y a la cultura maya o acaso es otro de los incumplimientos de la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres. “Apenas en octubre pasado dábamos cuenta de que el gobierno de Yucatán incumple la obligación, establecida en su propia ley en la materia, de emitir el Programa Especial para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia contra las mujeres en el estado, y continuamente hemos señalado la omisión de contar con un registro y documentación de la violencia de género”. Los activistas reiteraron que “en el contexto de agresiones contra mujeres y feminicidios, lamentablemente continuamos encontrando notas periodísticas que parecen justificar la violencia, culpabilizan a la víctima o incurren en alguna de las malas prácticas periodísticas ante la violencia de género”. Esa situación fortalece “un pensamiento machista, patriarcal y violento, atenta contra la igualdad de género y representa un obstáculo para erradicar la violencia contra las mujeres”, subrayaron. Y alertaron que las mujeres de muchos pueblos mayas de Yucatán enfrentan mayores dificultades para denunciar violencia y acceder a la justicia, porque el juez de paz o comisario, “que con frecuencia es la primera autoridad ante la que acuden, cuenta con limitadas facultades. Además el Ministerio Público suele ser un espacio ajeno a su cultura, pues en muchas ocasiones no cuenta con intérprete o traductor e incurre en dilaciones y actuaciones que retrasan la justicia, contraviniendo la “debida diligencia a la que están obligados”.