CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Entre los pasados meses de abril y agosto, el gobierno mexicano espió a un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y dos activistas a favor de una política pública que reduzca el consumo de refrescos y comida chatarra en el país, para combatir la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que azota a México. Para infectar los celulares de sus objetivos, el gobierno presuntamente les envió una serie de mensajes de texto acompañados por enlaces que redirigían hacia páginas que contenían el programa espía Pegasus. Acceder a la página abría la puerta del celular de la víctima al programa. Pegasus forma parte del portfolio de programas espías que desarrolla y distribuye la empresa israelí NSO Group –estrechamente vinculada con el gobierno de Israel--, la cual sostiene que sólo vende sus productos a gobiernos y agencias estatales. Sus víctimas: el doctor Simón Barquera, integrante del INSP; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, la cual denuncia regularmente las colusiones entre las industrias refresquera y de la comida chatarra con el gobierno federal; así como Luís Encarnación, director general de la coalición ContraPESO, desde la cual más de 40 organizaciones promueven políticas de combate a la obesidad. Los tres abogaron por la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre los refrescos, y piden que el gobierno federal incremente la tasa de imposición del 10% al 20%. NSO Group asevera que el programa está destinado para ayudar las autoridades en temas de seguridad nacional y en investigaciones judiciales. El gobierno mexicano es cliente de NSO: se sabe que le otorgó por lo menos un contrato por 20 millones de dólares en 2012. Esta revelación es producto de un reporte de investigación que realizó el Citizen Lab, una antena de la Munk School of Global Affairs, que pertenece a la universidad de Toronto. “Este caso sugiere que las herramientas de espionaje de NSO, de venta exclusiva a los gobiernos, pueden ser utilizadas por una entidad gubernamental en búsqueda de intereses comerciales, y no por razones de seguridad nacional o de lucha contra el crimen”, advirtió el Citizen Lab. El equipo señaló que entre los meses de julio y agosto de 2016, Barquera recibió nueve mensajes que redirigían hacia páginas infectadas, Calvillo dos y Encarnación uno. El 17 de agosto, por ejemplo, Barquera recibió un mensaje de un número desconocido que le advertía que su hija se acababa de accidentar. “Esta (sic) muy grave, espero venga, le paso los datos donde esta (sic) internada”, planteaba el mensaje, acompañado por un enlace hacia una página. Los pasados 11 y 12 de julio, Barquera, Calvillo y Encarnación recibieron por separado un mensaje idéntico, que pretendía compartirles “esta nota de proceso (sic) donde hacen mención de tu nombre”. Las víctimas sospecharon las tentativas de infección, por lo que acudieron a organizaciones mexicanas que, a su vez, enviaron la información al Citizen Lab. El pasado 11 de noviembre, el Poder del Consumidor obtuvo un amparo contra la norma que adoptó la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) para regular el etiquetado frontal, que pretende informar a los consumidores sobre el contenido energético de los productos. El pasado 25 de agosto, el Citizen Lab reveló en un informe que el gobierno mexicano intentó infectar el teléfono del periodista Rafael Cabrera, uno de los integrantes del equipo de investigación de Aristegui Noticias, que sacó a la luz la existencia de la llamada “Casa Blanca” de la pareja presidencial en Las Lomas, construida y financiada por el empresario y contratista Juan Armando Hinojosa Cantú. En aquella ocasión, el programa utilizado fue, también, Pegasus. A raíz de la publicación del informe, en el que aparecían las direcciones de las páginas utilizadas como vector de infección de los dispositivos, NSO apagó “su infraestructura de infección entera”. El Citizen Lab expresó sus “esperanzas de que este informe y esta evidencia resultarán en una investigación de emergencia por el gobierno mexicano, así como por el gobierno israelí, el cual autoriza las exportaciones de los productos de NSO”. El gobierno mexicano es, también, el principal cliente a nivel global de la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla distintas versiones del programa espíca Remote Control Services (RCS). Proceso documentó en julio de 2015 que Tomás Zerón de Lucio, el polémico extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que alteró la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue el artífice de la compra del programa espía, pues pretendía centralizar el sistema gubernamental de espionaje desde la Procuraduría General de la República (PGR). La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó en noviembre pasado que el gobierno mexicano –tanto el federal como ciertos gobiernos estatales, como los de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz y de Rafael Moreno Valle, en Puebla-- utiliza las herramientas de ciberespionaje de manera discrecional y opaca –a veces incluso de manera ilegal--, y fuera del monitoreo de las instancias judiciales. La organización expresó su preocupación especial respecto a la compra y el uso de programas espías a empresas privadas.