CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Los tres promotores del impuesto sobre los refrescos que sufrieron intentos de espionaje gubernamental entre julio y agosto de 2016, interpondrán en fechas próximas una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) para que la institución realice una investigación “seria, profunda e imparcial” y dé con los autores “intelectuales y materiales” del acto delictivo. El sábado pasado, el Citizen Lab, un instituto perteneciente a la Universidad de Toronto, reveló que el gobierno mexicano intentó “hackear” los celulares del doctor Simón Barquera, integrante del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor y Luís Manuel Encarnación, director general de la coalición ContraPESO mediante un programa espía. “La garantía de que exista la voluntad política dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) no la tenemos”, explicó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la cual dará seguimiento jurídico al caso. “Tenemos amplia evidencia de las tentativas de espionaje”, abundó, al añadir que si la PGR no da con los autores intelectuales y materiales del espionaje ilegal, las organizaciones promoverán amparo o acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Sabemos que la PGR tiene Pegasus, así como la Sedena y pensamos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene acceso a ello”, planteó García. No existen pruebas para demostrar de qué agencia de gobierno salió la tentativa de vigilar a los activistas y el científico, pero la institución responsable incurrió en un acto ilegal: la ley sólo permite la intercepción de comunicaciones privadas para fines de seguridad pública. “En México, defender la salud se ha vuelto peligroso”, lamentó Calvillo hoy, tras calificar la situación de “sorprendente”. “El poder económico se convirtió en poder político”, deploró, “no sólo somos incómodos para la industria, sino para ciertos aliados que tiene en el gobierno”. Entre el 8 de julio y el 17 de agosto de 2016, las víctimas recibieron mensajes de texto por separado a sus celulares. Estos mensajes contenían enlaces hacia páginas diseñadas para infectar los dispositivos con un programa espía de alta complejidad llamado Pegasus y desarrollado por la empresa israelí NSO Group. En la jerga de los programadores, esta estrategia de infección se conoce como “phising”. Una vez realizada la infección, el programa Pegasus –indetectable para la gran mayoría de los antivirus-- toma el control definitivo del dispositivo y puede acceder a los mensajes, correos y contraseñas del usuario. Los mensajes coincidieron con una conferencia de prensa que dio la Alianza para la Salud Alimentaria (ASA) –cuyo vocero es Calvillo-- para pedir el incremento del impuesto a los refrescos del 10% al 20% y exigir una mayor transparencia sobre el destino de los recursos recaudados. “Sabemos que el impuesto le preocupa mucho a la industria refresquera”, sostuvo Calvillo, quien considera que México sirvió de ejemplo a nivel internacional con su impuesto a las bebidas azucaradas. “El gobierno compró (Pegasus), la industria lo usó”, acusó Castillo, al recordar que el propio NSO Group asegura que sus programas espías se destinan exclusivamente a los gobiernos y no a empresas privadas. En México, Proceso documentó que NSO Group y las demás empresas que desarrollan programas espías venden sus productos a través de empresas intermediaras, que operan en la oscuridad gracias a sus conexiones con funcionarios públicos. Tomás Zerón de Lucio, el polémico extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) –quien alteró la investigación de la PGR en el caso Ayotzinapa—asumió un papel muy activo en la compra de estos programas espías, según reportó Proceso en julio de 2015. Una de las empresas intermediarias de NSO Group es Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., dirigida por Asaf Israel Zanzuri y Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa, dos jóvenes con conexiones en los gobiernos mexicano e israelí, quienes armaron estructuras offshore a través del despacho panameño Mossack Fonseca, como lo reveló Proceso en un reportaje derivado de la investigación global Panamá Papers. De acuerdo con un correo electrónico fechado el 28 de noviembre de 2014 –que obtuvo la organización WikiLeaks, junto con una gran cantidad de archivos internos de la empresa italiana Hacking Team (Proceso 2019)–, entre los clientes de Balam destacan la Secretaría de Marina, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y “muchas procuradurías”, incluyendo la del Estado de México, así como los gobiernos de Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán. En ese correo electrónico, un empleado de Balam precisó: “Hemos vendido de todo, desde sistemas de intercepción hasta drones y centros de control y de mando”. Y agregó: “Acabamos de vender a la PGR (el contrato ya está firmado y ya transfirieron el dinero) el sistema NSO”. García aseveró que el proceso de compra de programas espías reúne las “condiciones ideales para la corrupción”: los contratos se otorgan a las empresas intermediarias mediante adjudicación directa y están protegidos por la confidencialidad y la reserva por motivos de seguridad nacional. El activista estimó “altamente probable” que otras personas fueron infectadas por Pegasus en México, cuyo gobierno es “probablemente el mayor cliente de NSO Group”. Explicó que en agosto pasado, el Citizen Lab publicó una serie de nombres de dominio operados por NSO para infectar objetivos; más de la mitad de ellos imitaban nombres de páginas mexicanas. García recordó que el ciberespionaje gubernamental se encuentra fuera de control y del alcance de la justicia en México –como lo señaló su organización en un informe--. En los últimos años se multiplicaron las revelaciones sobre la compra y el uso de estos programas espías. Proceso reportó que el gobierno utilizó el sistema Remote Control Services (RCS) con fines políticos, y en agosto pasado el Citizen Lab reveló que el gobierno mexicano trató de espiar al periodista Rafael Cabrera, uno de los integrantes del equipo de investigación de Aristegui Noticias que sacó a la luz la existencia de la llamada “Casa Blanca” presidencial. “Se está convirtiendo en una forma más constante de agresión a periodistas y defensores de derechos humanos”, advirtió Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, al señalar que el nivel de sofisticación de estos programas hacen que pocas personas se den cuenta que están siendo espiadas. García advirtió que iniciativas incorporadas en la nueva Ley de Seguridad Interior legalizarían el uso de programas espías para las fuerzas armadas, en violación a la constitución.