CAMPECHE, Camp. (apro).- Directivos del partido Morena acudieron esta mañana a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y dos de sus presuntos amanuenses por apología del delito, fraude y amenazas. La denuncia fue motivada por un cartel que en días pasados se hizo circular en redes sociales para exhibir como “enemigos de Campeche” a políticos, comunicadores y medios con la incitación a que se les mate. El mismo se lanzó desde una cuenta apócrifa de Facebook, que horas después fue eliminada, a nombre de Lupita Moreno González, en cuyo perfil se usurpó el logotipo de Revolución Cultural, un colectivo de jóvenes activistas que ha alzado la voz en contra de algunas políticas del mandatario, y quienes en días recientes también han sido amenazados. Antes que la directiva de Morena, los comunicadores Daniel Sánchez Barrientos, Ronny Aguilar Pérez y Argentina Casanova Mendoza, esta última activista defensora de los derechos de la mujer y coordinadora del Observatorio contra la Violencia de Género en el estado, quienes también fueron exhibidos como “enemigos de Campeche”, denunciaron el caso ante la PGR. No obstante, arreció el linchamiento contra los impugnadores de las políticas del mandatario del PRI. La campaña de hostilidades contra los “enemigos de Campeche” se desató tras las críticas que recibió el gobernador luego de que se dieran a conocer las dimensiones y características de la ostentosa mansión, de aproximadamente 6 mil metros cuadrados, en la que ahora habita Moreno Cárdenas. Y también los entretelones de la marcha “de la unidad por la dignidad de México” que encabezó el pasado 1 de febrero y en la que se obligó a participar a miles de burócratas, maestros, estudiantes y beneficiarios de programas sociales, así como sus declaraciones en el sentido de que iniciaría una gira por Estados Unidos para ir “a demostrar” a Donald Trump “el carácter de los mexicanos”, la cual, por cierto, canceló. El asunto que se conoce ya como “Casa Blanca Campechana” fue destapado en el noticiario En la Barra, que transmite por internet el periodista Carlos Martínez, quien presentó fotografías aéreas de la residencia. En su página Bestiómetro el analista y politólogo Miguel Villarino retomó el tema y, tras un ejercicio matemático basado en la declaración 3de3 del mandatario, anuncios de bienes raíces de predios a la venta en Lomas del Castillo, la exclusiva privada donde se levanta la mansión, y costos promedio de construcción por metro cuadrado con acabado residencial, escribió: “La suma del terreno más la construcción arroja 87 millones 660 mil pesos”. Y comparó: “…el equivalente a 292 viviendas de Infonavit, esas madrigueras unicelulares de 300 mil pesos cuyas dimensiones son inferiores a los sanitarios de la Casa Blanca de Campeche”. Su análisis no paró ahí. “El salario más alto que ha devengado Moreno Cárdenas es el de senador: 225 mil pesos mensuales. Por tanto, tendría que haber hilado 32 años en la Cámara alta para pagar su mansión. Si tomamos en cuenta que hoy tiene 41 años, su primera experiencia legislativa tendría que haber sido a los 9 abriles… “Peor aún: ganando el salario mínimo, a Alito le hubiera tomado 2 mil 808 años levantar su cabaña. Es decir, 808 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Cartago apenas había sido fundada y los olmecas empezaban a construir pirámides, Alito ya tendría que haber estado chambeando por 80 pesos diarios y ahorrándolos completitos, sin chance de gastar en cosas tan frívolas como comida y vestido, o tan apremiantes como las Suburban blindadas”. La lista de “enemigos de Campeche” la componen el presidente municipal priista de Champotón, Raúl Uribe Haydar; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; la senadora Layda Sansores San Román, y hasta el presidente estadunidense Donald Trump. También el diputado local Eliseo Fernández Montúfar; el senador Jorge Luis Lavalle Maury, y el alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, los tres panistas. Además, los dirigentes estatal y municipal de Morena, Manuel Zavala Salazar y Carlos Ucán, así como Aníbal Ostoa, consejero nacional de ese partido, y el dirigente del Frente Campesino Independiente (Freciez), Luis Antonio Che Cu, excandidato independiente a la gubernatura. Y los priistas Ramón Ochoa, exsecretario de Pesca, y el exalcalde de El Carmen, Enrique Iván González López, en prisión preventiva por presunto peculado. Respecto de los medios de comunicación, aparecen en la galería la revista Proceso y esta corresponsal, un representante de Uber, así como Miguel May, de Campechanidades; Jorge R. de la Gala, del portal Web Campeche; Miguel Villarino, de la página Bestiómetro, y Ronny Aguilar y Daniel Sánchez, de Páginabierta. De igual manera los periodistas Daniel Castillo, Carlos Martínez Caamal, Argentina Casanova y el columnista Raúl Sales Heredia, a quien se ha hostilizado con especial saña por ser hermano del comisionado nacional de Seguridad, al que gobernador ha acusado de “traidor”. Esta mañana, Manuel Zavala y Aníbal Ostoa acudieron a la PGR acompañados por sus abogados para denunciar formalmente al gobernador y, en principio, a dos de sus “jilgueros”: Enrique Cruz Romero, quien además es capacitador en la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para el nuevo sistema de justicia penal, y Álvaro Omar Chiquini. Ambos, junto con otros servidores públicos, se han abocado a hostigar, injuriar, calumniar y amenazar desde sus cuentas personales, y presuntamente desde otras falsas, a todo personaje crítico o incómodo para el gobernador. Zavala destacó que “en este caso se configuran varios delitos”. “Exhibir como ‘enemigos de Campeche’, que es la respuesta que el mismo gobernador ha acuñado desde su discurso oficial contra quienes lo critican, y amenazar o instigar a que nos maten a quienes nos atrevemos a cuestionar lo que consideramos que camina mal en su gobierno es hacer apología del delito”. “Él desde su discurso oficial ha venido fomentado el odio, el rencor y la división entre los campechanos y eso no se puede seguir permitiendo”, acotó. “Venimos a ejercer nuestro derecho como ciudadanos para pedir que la policía cibernética investigue desde dónde se está generando esta campaña de odio, rencor y división. La denuncia está fundamentada en los códigos Federal y Penal y vamos a requerir la testimonial del propio gobernador, que se le llame a comparecer en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio”, adelantó. Asimismo, exigió al mandatario “que frene su discurso de odio” y resaltó que la amenaza a la vida de los señalados y de sus familiares “no es un asunto menor y no se puede minimizar”. “No venimos a jugar a la PGR, vamos a presentar elementos probatorios, indicios que debe investigar, y hasta por oficio, el Ministerio Público federal”, destacó. Enterado, el gobernador respondió que esa denuncia es “una vacilada” e instó a los directivos de Morena a “ponerse a trabajar” en lugar “de estar inventando” acusaciones”. “¿En qué me han ayudado para traer recursos al estado?”, remató.