Abuso sexual e impunidad en Iglesia Católica salvadoreña

SAN SALVADOR (apro).- William tenía 13 años de edad la primera vez que el sacerdote lo violó.

Fue un lunes en la noche. William Hernández entró mareado al cuarto. José Luis detrás. Se acostaron. A William le surgió la terrible certeza que después la vida no volverá a ser igual.

Transcurría el año 1985. José Luis Recinos López llegó a Apopa, al norte de San Salvador, con talento para hacer dinero. La cúpula de la Iglesia Católica salvadoreña le asignó una parroquia en crisis de la que habían desertado centenares de feligreses que perdieron la fe.

Como gran estratega, lo primero que hizo fue rodearse de un grupo de jóvenes a los que ordenó montar pequeñas extensiones de la parroquia en las cuadras de sus casas en las que, además de recolectar limosnas, organizaban celebraciones según el calendario litúrgico. Era una especie de descentralización que dio maravillosos resultados.

Como Juan con Jesucristo

El especialista en teología dogmática tomó como su mano derecha a William. Entre ambos reclutaron más jóvenes para el coro. Eso sí: cero niñas porque corrompían a los niños. El cura las odiaba porque, según él, eran “putas”.

William había aprendido de su abuelo que Dios hablaba a través de los sacerdotes. Palabra de Dios en boca de un hombre con sotana. Por eso el inicio del abuso sexual lo asumió con abnegación. Concluyó que la relación había pasado a un plano íntimo, como la de Juan y Jesucristo; no lo tomó como un asunto sexual. Se sentía único porque además afianzaba el estatus que había ganado en la comunidad gracias a ese vínculo.

Un día entró sin avisar a la sacristía y lo encontró con seis adolescentes desnudos. Quedó de piedra y salió. Si el vínculo era tan único, ¿por qué ellos también conocían sus secretos? Tiempo después forzó a los muchachos a confesar. Preguntó a todos los que tenían un rol en la parroquia. Contó 14 víctimas.

“Le reclamé porque si alguien más lo conocía yo ya no iba poder guardar el secreto. Y él me respondió: ‘Soy sacerdote, me debo al pueblo y no a vos’”, explica William.

Casi un año más tarde abandonó la parroquia.

En 2003 llegaron a oídos de un abogado los abusos sexuales cometidos en la localidad y presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR). A finales de octubre de ese año un juzgado de lo civil condenó a Recinos López a pagar 25 mil dólares  de indemnización a la víctima.

La responsabilidad penal ya había prescrito; es decir, ya no podía ser encarcelado. Por la trascendencia del caso William, en cierta forma, obtuvo justicia.

Pero la Fiscalía –a la que la Constitución salvadoreña ha privilegiado con el monopolio de la persecución de los delitos- tiene engavetadas 13 denuncias contra sacerdotes que supuestamente cometieron delitos sexuales entre los años 2005 y 2016, según información obtenida a través de la Oficina de Acceso a la Información.

El asunto fue así: las víctimas fueron a la Fiscalía, pidieron audiencia con un fiscal, ese fiscal fue todo oídos, escribió el relato de los hechos, los registró en la base de datos institucional, la víctima regresó a su casa, esperó, esperó, esperó y nada pasó.

También sucedió lo mismo con una denuncia que una víctima presentó en la Policía en julio de 2015 en San Salvador. O bueno: casi nada pasó. La Fiscalía sí procesó una denuncia y persiguió al acusado. Sólo en dos casos: el primero es de un cura anglicano y el segundo de un cura católico que trabajaba en un colegio como consejero de adolescentes.

La historia del cura anglicano es así: a principios de junio de 2015 Carlos (nombre ficticio) fue al supermercado a pagar el recibo de la energía eléctrica. En el camino encontró a un hombre gordito, de lentes, barbado, que apoyado en el quicio de la puerta de una casa lo llamó para pedirle que le leyera los mensajes de texto de su teléfono celular porque no distinguía las letras y además quería descargar Facebook.

El niño se acercó. Manuel Esteban Osorio Portillo, sacerdote director del Centro Anglicano San Lucas, en San Miguel –localidad ubicada a 135 kilómetros de San Salvador– intentó ganarse su confianza con preguntas aparentemente inocentes:

¿Qué edad tenes? ¿Estudiás? ¿A qué hora salís de la escuela? Deberías pedirle permiso a tu mamá y me venís a ver. Un silencio incómodo… lo abrazó por la espalda y lo manoseó. Carlos forcejeó y huyó a su casa. Se había tardado más de la cuenta en regresar y su mamá lo esperaba preocupada. Sus presentimientos de que algo malo había sucedido se confirmaron. Su hijo estaba pálido y sudaba mucho. Él contó lo que le había pasado.

Lo denunciaron en la Policía Nacional Civil (PNC) que posteriormente mandó el caso a la Fiscalía. El 19 de enero de 2016 el Tribunal de Sentencia de San Miguel condenó a Osorio Portillo a cuatro años de cárcel.

Y la historia de Carlos Humberto Hernández Posada, cura católico, es así: el sacerdote salesiano impartía clases en un colegio ubicado en Santa Ana, en el Occidente del país. Poco a poco se fue ganando la confianza de la víctima. Se convirtió en su consejero.

Un mal día los padres empezaron a notar que la conducta del niño había cambiado. Se mostraba callado. También notaron que parecía ensimismado. Le preguntaron si pasaba algo. Él les confesó que el cura lo sacaba del salón de clases y lo llevaba a la dirección donde lo violaba. Lo hizo varias veces. Sucedió en 2006.

Al año siguiente inició el juicio con el cura prófugo. El 24 de abril de 2009 fue localizado y detenido. Unos 31 meses después la justicia lo condenó a 26 años de cárcel por agresión y violación sexual agravada.

“Intención lasciva”

La Prensa Gráfica –uno de los periódicos en papel más grandes del país- publicó el 2 de octubre un caso en el que las víctimas casi obtuvieron justicia: el sacerdote Antonio Marcia Cabrera fue acusado de abusar de ocho menores de edad mientras fue párroco de la iglesia de Joateca, en la zona Oriental.

El caso fue llevado a los estrados. En agosto de 2007 un tribunal lo declaró inocente porque los jueces concluyeron que no hubo “intención lasciva”.

El 24 de noviembre de 2015, Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, dio a conocer en una entrevista radial que uno de los miembros del clero salvadoreño abusó de una menor de edad en los años 80.

Jesús Delgado Acevedo, vicario general de la arquidiócesis de la capital y el biógrafo más reconocido del beato Óscar Arnulfo Romero, violó a la víctima desde los nueve hasta los 17 años de edad.

Un día después, la cúpula de la Iglesia lo suspendió y mandó a una casa pastoral en Santa Tecla, en la zona Paracentral del país. Le daba 300 dólares mensuales para su manutención.

Una semana más tarde, José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, reveló en conferencia de prensa que Juan Francisco Gálvez, cura encargado de la parroquia de Rosario de Mora, también fue suspendido porque cinco menores lo acusaron de abuso sexual.

El 1 de diciembre, la Iglesia anunció que abriría oficinas de recepción de denuncias de abusos sexuales. Públicamente se conoció que sólo lo hizo el Arzobispado de San Salvador. En los obispados de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Zacatecoluca, San Vicente, Santiago de María, San Miguel y el Ordinariato Militar también debieron hacerlo.

En la primera quincena de febrero de 2016, Escobar Alas volvió a llevar a la luz pública otro caso: el de José Antonio Molina Nieto, párroco de Panchimalco, municipio de San Salvador. Dos víctimas lo denunciaron. Este, igual que los casos contra Gálvez y Delgado, ocurrió hace más de 20 años.

“Cuando llega un caso así intentas protegerte. No es natural pero pasa”. Así resume Yanira Argueta, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) la reacción de la cúpula de la Iglesia cuando le presentaron la denuncia contra Delgado Acevedo.

El proceso inició cuando la institución gubernamental mandó a una comunidad –de la que se desconoce públicamente el nombre porque la ley obliga a mantener en secreto cualquier detalle que revele la identidad de la víctima- a su Red de Defensoras que divulga información sobre derechos de las mujeres. Una de ellas conoció a la víctima. Ésta aceptó contar lo que había ocurrido. La llevaron a una sede de Ciudad Mujer. Luego a la Iglesia.

Los jerarcas reaccionaron contradictoriamente. Primero se encerraron protegiendo a Delgado Acevedo –que era uno de los suyos- pero la presión mediática que hizo Pignato, exprimera dama con gran arrastre político, provocó grietas en el muro de impunidad que empezaban a erigir.

No les quedó más remedio que, de las puertas de la Iglesia hacia afuera, distanciarse de él. En esos días Escobar Alas anunció que las oficinas de recepción de denuncias estaban abiertas.

Doble maltrato a víctimas

Fue entonces que a oídos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) llegó que en los Tribunales Eclesiásticos las víctimas eran tratadas a patadas y que había irregularidades en los procesos.

David Morales, entonces procurador, designó a Rosalía Jovel para que coordinara la vigilancia de los procesos. Pero antes debía pedir permiso al Arzobispado porque la Iglesia es privada y en sus asuntos nadie puede asomar las narices. Nunca lo hizo porque a mediados del año pasado terminó su periodo en el cargo y la Asamblea Legislativa no lo reeligió.

“Las víctimas tienen bastante miedo. Y tienen razón… no porque las vayan a matar físicamente, sino porque las matan en vida”, advierte Argueta.

Similares fueron las desventuras de William Hernández. Para empezar el Tribunal Eclesiástico le traía a la memoria los tribunales de la Santa Inquisición que conoció en un viaje a Holanda, donde a los condenados por delitos sexuales los sentaban en una estaca con pesas en las piernas hasta que se partían en dos.

Los miembros de la cúpula de la Iglesia intentaron hacerle lo mismo pero con su estima personal. En aquellos días intentó explicar su caso a monseñor Fernando Sáenz Lacalle, entonces arzobispo de San Salvador. Pero fue en vano. Le cerraron las puertas.

“Nadie desconocía que los niños de Apopa éramos abusados”, recuerda. Incluso señala que en aquellos días más miembros del clero llegaban a reuniones con niños que probablemente también eran víctimas. Pero nadie hablaba ni denunciaba. Todos temían.

En aquellos años solo Recinos López fue investigado. Después que su permanencia en Apopa se volvió insostenible, el clero lo mandó a una iglesia llamada Cristo Redentor, en una de las zonas más exclusivas de San Salvador. Hubo más denuncias en su contra. Posteriormente, él mismo renunció al estado clerical.

Tres fuentes que pidieron el anonimato y que desde los años 90 trabajan en el Arzobispado de San Salvador confirmaron que a la Iglesia llegaron varias denuncias mucho antes que Vanda Pignato diera a conocer públicamente que había un proceso abierto contra Jesús Delgado.

Entre 2005 y 2006, por ejemplo, una víctima mandó una carta al Arzobispado para denunciar al sacerdote Juan Francisco Gálvez. Posteriormente, llegaron más señalamientos por supuestos abusos sexuales. Pero el clero no hizo nada.

Monseñor Gregorio Rosa Chávez llegó a San Salvador en los años 80. Provenía del interior del país. Para cuando llegaron a la Iglesia los señalamientos contra Gálvez y Recinos López, él ya era parte de la cúpula católica.

Cuando se le pregunta por qué el clero tardó tanto en enfrentar esos casos responde cortante: “Esas son valoraciones, lo que se ha hecho ahí está”.

El pasado 18 de diciembre se supo que el Vaticano condenó por abuso sexual a Delgado, Gálvez y Molina Nieto.

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