CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Procuradores y fiscales generales de once países de Latinoamérica, entre ellos México, determinaron las acciones de cooperación entre esas naciones relacionadas con las investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem. Como conclusión del encuentro, los fiscales y procuradores firmaron la Declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, participó en el encuentro convocado por la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil, en la ciudad de Brasilia. Al evento también acudieron también los procuradores y fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. El objetivo fue determinar las acciones de cooperación entre esas naciones relacionadas con las investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem. Un comunicado emitido por la PGR señala que en el encuentro acordaron ocho acciones como asumir el compromiso de brindar la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en general: Promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Convención de Mérida y otras normas legales e instrumentos internacionales aplicables. Los equipos conjuntos de investigación actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los ministerios públicos y fiscalías firmantes de la referida declaración. Reforzar la importancia de utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas. Aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida en la ejecución y seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional originadas en los países firmantes, requirentes y requeridos, según la legislación interna. Exhortar a los ciudadanos a apoyar sus instituciones de persecución penal en las actuaciones que son conducidas contra la corrupción en los países firmantes. Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país. Y, reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y a los derechos humanos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional. En diciembre pasado, las empresa brasileñas Odebrecht y Braskem, se declararon culpables de violar las normas contra sobornos en el exterior de Estados Unidos, y fueron multadas por 3 mil 232 millones de dólares, lo anterior como resultado de la investigación sobre un extensa red de corrupción en Brasil. En México, entre 2010 y 2014, Odebrecht y Braskem pagó alrededor de 10.2 millones de dólares en sobornos a funcionarios federales mexicanos. Incluso, involucra a un alto funcionario de una institución del estado, de quien no ha difundido el nombre.