Teresa, Jacinta y Alberta: la “justicia” llega en forma de disculpa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 11 años de haber sido acusadas indebidamente de venta de droga y de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), delito por el que permanecieron poco más de tres años presas, la Procuraduría General de la República (PGR) por fin ofreció una disculpa pública a las indígenas Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan.

Este martes, la PGR efectuó un acto de reconocimiento y de disculpa pública a las tres indígenas hñähñú, quienes recordaron que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negaron a entrar en su defensa, por lo que su caso se atendió hasta que abogados de Miguel Agustín Pro se hicieron cargo.

El drama de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio inició el 26 de marzo de 2006: pobladores de Santiago Mezquititlán, municipio de Amenealco, protestaban por abusos de agentes armados de la entonces AFI, de la PGR, que llegaron a extorsionarlos al tianguis en que trabajaban.

Tres meses después, las tres mujeres, con engaños, fueron llevadas a la cárcel acusadas de secuestro y venta de droga.

Jacinta, la mayor de las tres, difícilmente entendía de qué se le acusaba debido a que no habla español.

Alberta fue detenida en su trabajo y Teresa en su casa, bajo el argumento de que irían a declarar y regresarían, pero las dejaron detenidas.

Dos años después, hasta diciembre de 2008, un juez les dictó sentencia por 21 años de prisión.

En septiembre de 2009, Jacinta quedó en libertad “no por ser inocente, sino porque no encontraron pruebas para inculparla”, argumentó la PGR.

Mientras tanto, a Alberta y a Teresa, se les ratificó la sentencia de 21 años, a pesar que la acusación era insostenible y de la presión política de un grupo de legisladores.

Fue entonces hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la apelación presentada por Alberta y Teresa, cuya hija Jazmín nació en la cárcel.

Finalmente, por unanimidad, los ministros de la Corte ordenan la inmediata libertad de las dos indígenas al encontrar serias irregularidades en el proceso en su contra.

Ya en libertad, las tres mujeres iniciaron una batalla legal. En este proceso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la responsabilidad de funcionarios públicos de la PGR por actos violatorios que ocasionaron daños materiales y morales a las tres mujeres indígenas.

Mario Patrón, representante de Miguel Agustín Pro, dijo que finalmente después de más de 10 años, representantes de las instituciones que las agraviaron reconocerán que las tres mujeres nunca fueron culpables.

Ellas obtuvieron una sentencia inédita que obliga a PGR a pedirles perdón.

Jacinta sigue vendiendo nieve junto con su esposo; Teresa y Alberta producen jitomate en sus invernaderos y siguen bordando muñecas artesanales.

Platican su experiencia

Teresa, quien dio a luz estando presa, narró que ese día llegaron agentes federales a hacer destrozos y, como no se dejaron, les hicieron acusaciones falsas.

La disculpa, dijo, cierra 11 años de lucha con personas que creyeron en su inocencia y envió un mensaje a mujeres víctimas de algún delito: “Que no se queden calladas, que luchen hasta que la autoridad y la sociedad las escuchen”.

En tanto, pidió al procurador Raúl Cervantes un compromiso para evitar la fabricación de pruebas y que personas no vayan a la cárcel por delitos que no cometieron.

Por su parte, Alberta, platicó su versión de lo sucedido: “Llegaron agentes federales a decomisar discos, sin orden y sin identificación, y la gente se molestó por ello. El 3 de agosto me llevaron al Cereso femenil en donde pasé humillaciones por las custodias y compañeros por ser indígena y pobre”.

En llanto, Alberta recordó que vivió situaciones muy difíciles al estar separada de su familia.

“Tocamos muchas puertas y no nos hacían caso hasta que encontramos a Miguel Agustín Pro, volver a la sociedad no fue nada fácil”, señaló.

Y agregó: “Señor procurador: espero que no sea la última ni la primera que reciba una disculpa pública porque hay muchas víctimas más que la esperan”.

La última en hablar fue Jacinta: “Yo estuve en la cárcel injustamente porque no sabía defenderme, ni sabía hablar -español-, es como cuando llevan un animalito que no sabe ni por dónde lo llevan. Me dicen que yo era secuestradora, yo pensaba, secuestradores son ellos porque me detuvieron indebidamente y no sabía ni adónde me llevaban”.

Y continuó su relato: “Nunca pensé que iba a llegar allí –a la cárcel-. El día que me detuvieron yo iba llegando a mi casa; estaban dos hombres que me preguntaron por un terreno que vendía, les dije que yo no tenía ningún terreno”.

Sin embargo, se la llevaron en un vehículo. Los agentes le dijeron que no tuviera miedo, que la llevarían a declarar por un árbol que ella había cortado.

“Mi esposo estaba asustado, me dijo que yo sólo hablara con la verdad. Por decir la verdad, me llevaron y me dejaron tres años con tres meses en la cárcel. Nunca pensé que estaría allí tres años”, dijo.

Y agregó: “Yo lloraba día y noche, me acordaba de mis hijos que dejé en la primaria y en la secundaria; no estuve cuando se graduaron los últimos chiquitos, es un dolor muy grande. Cuando mi familia me visitaba, sin que me vieran me quedaba llorando, ellos se despedían bien, pero al salir, se iban llorando”.

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