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“¿De qué sirve la sentencia si no sabemos qué y por qué pasó?”: abogada del caso Narvarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las familias de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte manifestaron su inconformidad con la sentencia de más de 300 años para uno de los presuntos responsables, en tanto no tengan acceso a la verdad de los hechos, aseguró Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de las familias de Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Martin.

En la edición de Proceso 2103 que circula esta semana se detallan las inconsistencias y contradicciones de la sentencia emitida por la jueza 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por la que condenó a 315 años de prisión a José Abraham Torres Tranquilino por feminicidio en agravio de esas tres mujeres y de Alejandra Negrete, además del homicidio de Rubén Espinosa, fotoreportero colaborador de este semanario.

También lo declaró culpable por el robo de seis mil pesos y del auto Mustang, propiedad de una de las víctimas.

“Tenemos un problema, hay una sentencia que efectivamente es condenatoria, pero que no les está dando ni justicia ni verdad a las familias”, sostuvo en entrevista con Apro Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que, junto con Artículo 19, representa a las familias de las tres mujeres y a la de Rubén.

La familia de la quinta víctima, Alejandra, es defendida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

“Las familias nos han dicho ‘¿de qué sirve saber que se les ha sentenciado a 300 años de cárcel si no sabemos qué pasó, por qué pasó y si hay otros criminales involucrados?’ Seguiremos hasta el juicio de amparo, ya que faltan todavía dos sentencias, para que la jueza corrija y evite todos estos errores que ha cometido en la primera”, puntualizó la abogada.

Al recordar que la sentencia emitida por la jueza Silva Meléndez fue apelada al día siguiente de que las familias fueron notificadas, Salas Ramírez puntualizó que entre las inconformidades que prevalecen en torno al dictamen judicial es que “se siguen dejando cabos sueltos, hay temas que no logra acreditar y dicta una sentencia sobre feminicidio, pero que no se acredita el contexto de violencia de género”.

Dicho contexto, agregó, es un tema que la defensa de las familias pidió a la PGJ capitalina que justificara. “Dijimos a la jueza que era importante que se ampliaran los peritajes, porque ya sabíamos que eventualmente los jueces federales están considerando esos puntos como una debilidad”, contó.

De hecho, comentó, en la sentencia de amparo contra el auto de formal prisión que se le otorgó a otro de los presuntos implicados, César Omar Martínez Zendejas, la autoridad federal “está ordenando a la propia jueza a que emita un nuevo auto de formal prisión, donde vaya aclarando los puntos que justamente ya les habíamos dicho que tenían que ampliar”.

“Verdad fabricada” de la PGJ

La abogada Karla Micheel Salas recordó que como coadyuvantes, presentaron diversas promociones a la jueza Silva Meléndez para realizar diligencias que permitieran el real esclarecimiento del caso, pero todas fueron rechazadas.

Mencionó entre ellas, “la ampliación de la mecánica de hechos y de la mecánica de lesiones y la reconstrucción de los hechos a partir de bases científicas, sin necesitar de las declaraciones de los presuntamente implicados, y con ello ir determinando cómo fue justamente la comisión de ese crimen, por qué se torturó a las víctimas, eso nos puede dar indicios que permiten construir una historia, pero con bases científicas no con suposiciones como lo hizo la Procuraduría”.

Al buscar una sentencia de más de 300 años, destacó, “pareciera que lo que busca la Procuraduría o el propio Tribunal (Superior de Justicia capitalino) es una justicia-venganza, mandar a la cárcel a los presuntos responsables pensado en que nunca van a salir, cuando lo importante para las familias es la verdad; por supuesto, que paguen por los crímenes que cometieron, pero lo que buscan con una decisión judicial es que haya verdad”.

Sin embargo, la litigante insistió en que la primer sentencia dictada sobre el caso Narvarte “se sostiene en la verdad fabricada, simulada por parte de la Procuraduría; una verdad que no tiene ningún sustento en el expediente y, por supuesto, en la falta de pruebas”.

De acuerdo con la litigante, hasta ahora el caso se ha sostenido en elementos que “no están acreditados en el expediente”. Por ejemplo, que el móvil fue el robo de droga, cuando “no se encontró droga, así como en una serie de suposiciones de la Procuraduría que no tienen corroboración fáctica por parte de la propia autoridad jurisdiccional”.

Más aún, dijo, “no es claro hasta este momento por qué entraron a un departamento, por qué si iban por droga, por qué si iban por sólo una de las víctimas, por qué torturaron a Rubén, a Nadia, a Yesenia y a Mile. No es claro por qué los privaron de la vida”.

La abogada abundó en que los hechos en los que se advierte que los perpetradores fueron “profesionales que utilizaron un arma limpia, es decir sin registro”, se contradice con los presuntos responsables presentados por la autoridad capitalina, “que son tres sujetos prácticamente improvisados, que discutieron y que de pronto decidieron sacar un arma y disparar”.

La PGJ, recordó la coadyuvante, tampoco ha aclarado el origen de una huella de zapato deportivo que corresponde al número 26, hallada cerca de los cuerpos de Nadia y Rubén, cuando ninguno de los perpetradores ni de las víctimas calzaba de ese número.

De la misma forma, no ha dicho cómo los vecinos no escucharon cinco disparos de un arma calibre 9 milímetros, cuando “en decibeles, el sonido de un solo tiro de ese calibre equivale al de un avión al despegar”.

Señaladas estas inconsistencias, la abogada informó que los coadyuvantes ya solicitaron a la PGJ de la Ciudad de México la ampliación de la declaración del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, procesado por enriquecimiento ilícito.

La razón: el exfuncionario fue acusado por Rubén y Nadia de hostigarlos, amenazarlos y golpearlos a través de los grupos de policías vestidos de civil que éste presuntamente manejaba en Veracruz para reprimir las protestas contra el entonces gobierno de Javier Duarte.

Por último, Karla Micheel Salas destacó que la preocupación de los representantes y de las familias de las víctimas es que ante la persistencia de cabos sueltos, “un juez federal eventualmente venga a corregirle la plana a la jueza Hermelinda Silva, como le ha ocurrido en otras sentencias emitidas de forma dudosa; y eso, en lugar de darle justicia a las víctimas, va a alargar este proceso de revictimización”.

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