COLIMA, Col. (apro).- Luego de las protestas de periodistas y defensores de los derechos humanos por la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” en el Congreso del Estado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que vetará el artículo 266 bis del Código Penal, que tipifica el delito “Perturbación del orden público”. Con la adición de este artículo a la legislación penal, los legisladores establecieron una pena de hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas sobre hechos de violencia a través de cualquier medio de comunicación. El anuncio del mandatario fue realizado la noche del miércoles a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde explicó que la decisión fue tomada “en concordancia con consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión”. Así también, mediante un comunicado, el gobierno estatal recordó que el artículo 40 de la Constitución Política de Colima faculta al jefe del Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. De acuerdo con esa disposición, si el mandatario devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes cinco días hábiles. Antes, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para derogar ese artículo, pues “es necesario y urgente enmendar el actuar de este Congreso local” al respecto, señaló la diputada Martha Leticia Sosa Govea. Al presentar la propuesta, la legisladora consideró que de no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”. Sosa Govea indicó que se trata de un tema de alto interés que ya ha generado voces sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años después. La exsenadora y exalcaldesa de Manzanillo reconoció que esta ley ha levantado diversas manifestaciones dentro del gremio periodístico del estado y del país, que han hecho patente su inconformidad por la aprobación de este decreto, por lo que los miembros de la fracción panista “coincidimos no sólo con sus argumentos, sino con la necesidad de que esta reforma sea revertida, por el bien de los colimenses, de los derechos humanos, y de garantizar las libertades de la población”. Después de la presentación de la iniciativa, los diputados se reunieron en privado para abordar el asunto y cuando regresaron al salón de sesiones el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, solicitó al presidente del Congreso, Nicolás Contreras Cortés, decretar un nuevo receso. La sesión se reanudará este jueves 23 a las 16:00 horas, cuando se espera que el jefe del Ejecutivo ya haya enviado sus observaciones al decreto.