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“Alianza corrupta” entre los medios y el poder en México: estudio alemán

BERLÍN (apro).- En México existe una alianza corrupta entre medios de comunicación cercanos al gobierno, clase política y crimen organizado que posee un amplio repertorio de posibilidades para censurar la información crítica.

No sólo eso. Las agresiones contra informadores permanecen, no sólo en su mayor parte sin castigo, sino que además esta ausencia de sanciones jurídicas conduce a la reproducción de un patrón de violencia. En este clima de miedo, es la sociedad civil mexicana la que pierde en muchas regiones del país el poder y el derecho a una opinión pública crítica.

Tal es la conclusión del análisis Libertad de prensa en México. Lucha por un derecho fundamental, elaborado por la fundación alemana Rosa Luxemburg, y que será presentado este viernes 24 en Berlín por la periodista mexicana Carmen Aristegui.

El documento expone las duras condiciones en las que actualmente se ejerce el periodismo en México y analiza críticamente el papel de los medios masivos de comunicación en el país, en especial la televisión, cuya concentración del poder, concluye, no sólo sirve para controlar a la opinión pública sino también para, en muchos casos, difamar y criminalizar a los informadores críticos.

El informe de 25 páginas fue elaborado por la politóloga Jana Flörchinger, quien explica en entrevista con Apro los motivos que llevaron a la fundación Rosa Luxemburg a elaborarlo:

“El alarmante número de periodistas, activistas y mujeres amenazadas, desaparecidas o asesinadas en México influye en el trabajo de actores y movimientos sociales y creemos que con el asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera –dos de las cinco víctimas del caso Narvarte– se cruzó un umbral en lo que toca a la lucha de voces críticas en el país. Hay muchas regiones en México en donde apenas fluye la información porque se busca (desde el poder) sofocar las voces críticas.

“Uno se pregunta qué estructuras políticas y sociales permiten que las jerarquías y los poderosos se puedan manifestar con esa brutal y excesiva violencia”, señala.

Mediante entrevistas con periodistas y activistas, Flörchinger buscó reflejar las formas de resistencia que existen en el país en la lucha por lograr estructuras democráticas que protejan y fomenten la participación ciudadana y la libertad de prensa.

Tras varios meses de investigación en campo, las conclusiones de la politóloga son claras:

“La situación del periodismo en México converge en varios niveles: por un lado, refleja la dimensión de la violencia que además se ha vuelto cotidiana; en segundo término, se lee esta conexión entre Estado y crimen organizado, en el que es claro el trabajo conjunto entre políticos y cárteles de la droga; en tercer punto, la situación de los comunicadores también refleja qué impotente se encuentra la sociedad, que al mismo tiempo es fuerte y resiste”, señala.

Monopolios, actores políticos

El análisis de la Fundación Rosa Luxemburg hace énfasis en las consecuencias negativas para la democracia que trae consigo, por una lado, el control de la opinión pública que tienen los grandes consorcios mediáticos al imponer, ellos y de acuerdo con sus intereses políticos y económicos, una agenda nacional; y por el otro, la falta de transparencia.

A pesar de que las radios comunitarias y medios locales brindan un aporte importante a la democracia, establece el informe, éstos no tienen posibilidades de competir frente a los grandes consorcios. Más aún, debido a represión política y trabas institucionales, un amplio espectro de la audiencia mexicana no tiene acceso a estos medios. Así es que debates democráticos, tan necesarios, apenas logran establecerse.

La situación anterior, que la autora define como represión institucional contra los medios pequeños, se repite -concluye Flörchinger – en el sistema de publicidad del Estado utilizado por las administraciones en turno “para proteger la hegemonía del duopolio TelevisaTv Azteca”.

Ejemplifica: “En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó aproximadamente 334 millones de euros en campañas publicitarias. Ningún presidente antes había gastado tal cantidad de dinero para promover su imagen y la de su partido político. El 41% de ese gasto fue a parar sólo a 10 de las mil 433 empresas mediáticas del país.

“En el sector televisivo esta desigual repartición es aún más clara: Televisa y TV Azteca recibieron en ese año cerca de 52 millones de euros por la emisión del promocionales del gobierno, lo que representó 27% del presupuesto del gobierno mexicano para campañas de promoción”.

Jana Flörchinger señala que el problema radica no sólo en el desmesurado gasto en campañas de promoción de imagen, sino en la poca transparencia que existe alrededor de ese gasto. “En muchos estados del país no es posible determinar hacia dónde y para qué se gastó el dinero público. Más de la mitad de los gastos no pueden ser ubicados”.

No así para el año 2014, en el que la investigadora alemana ubica que 83% del gasto de publicidad de Presidencia y gobernadores fue a parar tan sólo a Televisa (57.6%) y a TV Azteca (25.6%).

Presión publicitaria a medios críticos

Para el caso de medios que son críticos al gobierno, el caso es el contrario. Con frecuencia sucede, explica la autora, que las pocas inserciones publicitarias son retiradas a fin de ejercer presión sobre esos medios.

“El sistema de publicidad estatal convierte en un mecanismo efectivo para maniatar la influencia del periodismo libre en el país. Y Televisa juega en ello un rol especial porque no se trata sólo de un medio de comunicación influyente, sino de un actor político que tiene la posibilidad de manipular a la opinión pública”, asegura.

Flörchinger parte del hecho de que se trata de un canal de televisión que llega de manera gratuita a todos los rincones del país, en cuyos hogares la prensa escrita apenas tiene cabida y muchos aún carecen de acceso a internet. “Televisa actúa en cierto modo como portavoz del gobierno”, concluye.

En su análisis, la Fundación Rosa Luxemburg hace un amplio repaso por la situación que enfrentan los informadores en México y lo peligroso que resulta ser periodista en un país en donde los niveles de corrupción e impunidad resultan escandalosos.

Identifica además como agentes promotores de la violencia contra la libertad de prensa no sólo al crimen organizado, sino a las propias estructuras de gobierno que en complicidad con éste conforman una alianza letal para la democracia.

La politóloga alemana critica el discurso oficial en el que el espectro se divide entre buenos y malos. Los primeros, aquellos que fueron electos por la ciudadanía, léase políticos; y los segundos, el crimen organizado. Y es que, explica, bajo este esquema, la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye casi de forma automática al crimen organizado los ataques contra periodistas en procesos poco claros, llenos de irregularidades, sin investigaciones concluyentes en las que lo que más bien abundan son contradicciones.

“La actividad periodística de las víctimas no se valora como un móvil de los crímenes y, por el contrario, se deja de lado. Con ello, se construye una realidad que no sólo encubre las causas, sino que criminaliza a los periodistas y los presenta como sujetos con relaciones turbias”.

La elaboración del informe es parte del trabajo que desde hace años realiza en México la Fundación Rosa Luxemburg, vinculada al partido La Izquierda de Alemania.

Este año, explica Flörchinger, la temática de trabajo de la Fundación son los medios alternativos y la comunicación y, a partir del diagnóstico elaborado por ella, se buscará fomentar y apoyar el trabajo de jóvenes comunicadores en México.

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