Por causa 'médica”, exfuncionarios de Salud en Campeche evitan audiencia
CAMPECHE, Camp. (proceso.com.mx).- Con justificación médica, el exsecretario y exadministrador de Salud, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes, respectivamente, no acudieron a la audiencia programada para esta tarde en la que se les dictaría la nueva medida cautelar para afrontar los procesos penales que se les siguen en libertad.
Ambos exfuncionarios fueron excarcelados el jueves 23 gracias a un amparo federal contra la prisión preventiva y los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Los dos procesos a que quedaron vinculados continuarán, pero ahora sólo por el cargo de uso indebido de atribuciones y facultades.
Los dos fueron citados esta tarde en el juzgado, pero la audiencia fue cancelada porque no se presentaron. Sus defensores justificaron su ausencia con sendos certificados médicos, cuya legitimidad puso en duda la Fiscalía. No obstante, el juzgador los dio por válidos.
En el caso de Cobos Toledo el argumento fue que padece estrés postraumático. En el caso de Duarte no se sabe el padecimiento.
La audiencia fue reprogramada para el 9 de marzo.
Cobos y Duarte fueron detenidos el pasado 9 de mayo. Días después se les vinculó a un primer proceso penal por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido de servicio público en pandilla por el desvío de 600 millones de pesos que retuvieron a los trabajadores de Salud por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En lugar de reportar ese dinero al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo usaron para pagar nóminas y cubrir otros gastos de la dependencia.
Cuando estaba por resolverse un amparo contra la prisión cautelar solicitada por los exfuncionarios a un juez federal, y que venía a su favor, el Ministerio Público los sorprendió con una nueva imputación, y en este proceso se les dictó una nueva medida de prisión cautelar por ocho meses.
Este segundo proceso, al que quedaron vinculados el 20 de septiembre, fue por los delitos de uso indebido de atribuciones y funciones, peculado y ejercicio indebido del servicio público por un presunto desfalco de 12 millones 436 mil 242 pesos con 17 centavos, que también desviaron de fondo para cubrir otros gastos de la dependencia.
Ambos funcionarios son identificados con el grupo político del exgobernador Fernando Ortega Bernés, a quien su sucesor Alejandro Moreno Cárdenas ha acusado pública y reiteradamente de “traición”.