MADRID (Proceso).- La negativa del gobierno de Cuba de permitir el acceso a la isla al secretario general de la OEA, Luis Almagro; al expresidente mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena de Educación, Mariana Aylwin, hija del expresidente de ese país, Patricio Aylwin, para participar en la entrega del premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, parece darle nuevo aire a la polémica por la muerte del opositor cubano en un accidente automovilístico. Al criticar la decisión del gobierno, Rosa María Payá, hija del extinto líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, dijo que el premio se daría a cuatro años y siete meses del “asesinato” de su padre. Fue el 22 de julio de 2012 cuando Payá y Harold Cepero perdieron la vida en un accidente automovilístico en la región de Bayamo. Desde entonces persisten dos versiones opuestas, la del gobierno cubano, que habla de un accidente de tránsito, y la de la familia, que responsabiliza al Estado y exige una investigación independiente. En 1998 Oswaldo Payá encabezó el proyecto Varela, que buscaba impulsar un referéndum para hacer cambios constitucionales, la introducción de libertad de asociación y de expresión, elecciones libres, libertad de empresa y la amnistía para presos políticos. En 2002, recibió el premio Andrei Sajarov a los Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo. El conductor del vehículo era el español Ángel Carromero, entonces dirigente de medio rango de Nuevas Generaciones, el sector juvenil del conservador Partido Popular (PP), que fue condenado por un tribunal cubano a cuatro años de prisión por “homicidio imprudencial”, por conducir a alta velocidad. En medio de la tensión diplomática que este hecho produjo, el gobierno de España reconoció explícitamente la condena contra el joven militante del PP y éste le fue entregado con el propósito de que terminara su condena en una prisión española en Segovia. Versiones encontradas Por medio del periódico Granma, Cuba negó las suspicacias sobre su posible participación en el accidente y recordó que los otros ocupantes del vehículo en el que murieron los disidentes cubanos, eran Carromero y Aron Modig, presidente de la Liga de la Juventud Demócrata Cristiana de Suecia (KCU). En esa edición del 31 de julio de 2012, en el editorial “La verdad y la razón” Granma señaló a Carromero como “cercano a los connotados anticubanos José María Aznar, expresidente del gobierno, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid”. Afirmó que ambos jóvenes europeos participaron en una más de las operaciones “organizadas desde Miami, Madrid y Estocolmo”, y que esta operación era “organizada por Anikka Rigo, jefa de Relaciones Exteriores del Partido Demócrata Cristiano Sueco, con el fin de traer financiamiento a una organización juvenil ligada a Payá”, para ello les “entregaron 12 mil euros y un teléfono celular programado con los números necesarios”. El diario, órgano del Partido Comunista Cubano, consideró que hubo una operación para intentar generar suspicacias sobre el evento, ya que “el mismo día del accidente se habían escrito 900 informaciones y 120 mil comentarios al respecto en las redes sociales, incluso algunas preguntando si el régimen era responsable de la muerte de Payá y de su acompañante”. Pero, añadió, sobre la “desproporcionada cobertura de prensa internacional a los hechos acaecidos es que pocos se preguntan qué hacían en nuestra isla los dos políticos europeos lesionados”, quienes ingresaron con “visa de turistas” pero que “disimuladamente, en violación a su estatus migratorio, se involucraron en actividades netamente políticas contra el orden constitucional”. Una vez en España y beneficiado por una disposición penitenciaria que permite la libertad en “tercer grado” de cumplimiento de la condena, Carromero se unió a las denuncias de la familia Payá y declaró al diario El Mundo que no se había tratado de un accidente, sino que a “Payá lo asesinaron” los Servicios de Seguridad del régimen cubano. En entrevista con Proceso, Carromero reiteró esta última versión: aseguró que el accidente había sido un “atentado” del gobierno cubano. Estas declaraciones contravenían su declaración previa, videograbada en la isla, donde aceptaba que se había tratado de un accidente de tráfico y negaba que hubieran sido “embestidos” por otro vehículo, como lo dijo en España. Sostuvo que grabó ese video en la prisión cubana, “porque no tenía otra opción. No hay posibilidad de que nadie sepa que te están forzando”. Pero insistió en que estaba convencido de que en el percance participó la seguridad del Estado. “Absolutamente. Nos seguían constantemente. No era una cosa exclusiva que me pasara a mí; toda persona que tenía relación con Oswaldo y con Harold era vigilada o se le detenía; estaban controlados 24 horas del día”. Durante el trayecto de La Habana a Santiago de Cuba, señala, fueron “seguidos y vigilados desde tres coches que identificamos como parte de la seguridad del Estado cubano”. –¿A qué atribuye que, de ser cierta su versión, el gobierno cubano quisiera atentar contra Oswaldo Payá en ese momento? ¿Qué ganaba con hacerlo? –se le pregunta a Carromero. –Mi opinión es que en Cuba iba a haber cambios y Oswaldo seguía viviendo dentro de la isla y era el principal líder de la oposición cubana, sigue habiendo opositores, pero no hay uno como él que fuera premio Sajarov, era un candidato a ser nombrado premio Nobel de la Paz, por lo tanto era una figura llamada a liderar la democratización de la isla, por lo tanto era una persona molesta para el régimen. El político español había regresado a su puesto como asesor en el ayuntamiento de Madrid, entonces encabezado por Ana Botella, esposa del conservador José María Aznar, quien durante su presidencia (1996-2004) impulsó la “posición común” de los 28 países miembros de la Unión Europea hacia Cuba, en la que se vetaba cualquier acuerdo hasta que hubiera avances en materia de derechos humanos en la isla. Este texto se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.