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El caso Jacinta, Teresa y Alberta: ¿Y los seis policías?

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Charles Dickens decía que nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Discrepo. Aunque la sabiduría popular diga que “más vale tarde que nunca”, 11 años es demasiado tarde.

Pese a una tardanza escandalosa, celebro que, en un acto de justicia, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, haya ofrecido una disculpa pública –junto a un reconocimiento de su inocencia– a las tres mujeres hñähñú que en 2006 fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Recuerdo cuando se dio a conocer la inaudita noticia: ¡Tres indígenas secuestran a seis judiciales! Parecía una broma de mal gusto. Pero la broma tuvo consecuencias: Jacinta, Teresa y Alberta pasaron entre tres y cuatro años en la cárcel. Años de dolor y desesperación por una flagrante injusticia. La PGR nunca presentó evidencias de esa inverosímil acusación. Sus familiares y abogados se pasaron años tocando puertas y denunciando la barbaridad ante funcionarios que no se sorprendían de la incongruencia: ¡tres mujeres indígenas secuestrando a seis afis!

A lo largo del tiempo el escándalo se fue diluyendo. Y cuando finalmente fueron puestas en libertad, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara, por unanimidad, la revocación de la sentencia y las declarara inocentes, muchas personas esperábamos la disculpa pública y la reparación del daño. Y el tiempo pasaba y nada. Silencio. La PGR se resistía a hacer una rectificación pública, que el martes 21 finalmente ocurrió. El procurador general, acompañado de varias figuras políticas –entre las que se encontraba el exgobernador de Querétaro José Calzada, que apoyó a las tres mujeres, y la exministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, que entonces atrajo el caso–, ofreció públicamente el reconocimiento de su inocencia y la tan tardada disculpa.

En la prensa, la noticia se consignó con distintos grados de importancia y precisión. En un periódico se señaló que las tres habían sido “acusadas erróneamente de secuestro”. ¿Erróneamente? Eso no fue un error, fue un acto de alevosía y ventaja, de un racismo misógino brutal. ¿Quién podía creer la versión de los afis? ¿Por qué las autoridades competentes no cuestionaron su versión? Fue la comprometida labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) la que finalmente logró la liberación.

El director del Prodh, Mario Patrón, con su tradicional bonhomía y mesura, declaró que la solicitud de disculpa había sido un acto de esperanza gracias a la dignidad de las tres mujeres que decidieron alzar la voz contra la injusticia y luchar contra un hecho corrupto. Teresa González, otra de las indígenas encarcelada injustamente, declaró: “Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha con el acompañamiento de nuestros abogados”. Por su lado, Alberta Alcántara fue escueta y dijo: “Con la disculpa no me devuelven el tiempo pedido”. Y Jacinta Francisco señaló que ella estaría “contenta el día en que se acabe la injusticia, cuando seamos respetados como indígenas. Y mientras no, no estoy contenta”.

El dolor y la indignación por lo ocurrido encontraron una expresión elocuente en las palabras de la maestra Estela Hernández, la hija de Jacinta. En un combativo y conmovedor discurso (La Jornada, 22 de febrero), Estela Hernández lo dijo bien claro: “Preguntarán si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta. Jamás lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas a la familia”.

Pero no se quedó ahí. Dijo: “Este caso cambió nuestra vida para ver, saber y sentir que las víctimas nos necesitamos, que lo que al otro le afecta, tarde o temprano me afectará a mí. Nuestra existencia hoy tiene que ver con nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, cesados por defender lo que por derecho nos corresponde: mejores condiciones de vida y de trabajo”.

Y dio varios mensajes. A las instituciones: “Pónganse a trabajar de verdad”. Y a las víctimas, los luchadores sociales y quienes están a favor de los derechos humanos: “Vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra”. “El miedo no puede estar encima de la vida”.

Al transformar su condición de víctimas del horror a luchadoras por el reconocimiento público de su inocencia, estas tres mujeres han logrado mucho más que la tardía disculpa de la PGR: encarnan la dignidad de las mujeres indígenas. Y la maestra Estela Hernández lo resumió a la perfección al señalar que hay que seguir luchando “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Lo que les pasó a estas tres mujeres es algo de lo que más nos duele y preocupa a los mexicanos: el abuso, la corrupción y la impunidad de los funcionarios. El acto del pasado martes habla de que hay una nueva actitud en la PGR, pero me sigo preguntado por los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación supuestamente “secuestrados”. Me hubiera gustado que, además de la declaración de inocencia y la disculpa, la PGR hubiera dicho qué pasó con ellos. ¿Los suspendió? ¿Los cambió de adscripción? ¿Siguen en servicio? ¿Se les imputó responsabilidad por lo ocurrido? ¿Han pagado, de alguna manera, por su fechoría?

¿Y el juez que dictó la sentencia, todavía sigue en funciones?

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