PANAMA PAPERS GANA PULITZER

Trump fortalecerá la criminalidad, vaticina relator de la ONU

Para Francois Crépeau, relator de la ONU, la política antimigración de Donald Trump no sólo viola los principios elementales del derecho internacional y creará un caos jurídico en su territorio, sino que potenciará la aparición de traficantes de personas, de delincuentes que sólo explotarán más a quienes pretenden llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor. Lo mismo que México le critica a su vecino del norte, dice, es lo que pone en práctica con sus vecinos del sur.

MONTREAL (Proceso).- “Lo más preocupante” del gobierno de Donald Trump es que no reconoce que el derecho internacional “impone límites a los Estados para expulsar a extranjeros: no puede deportar a alguien que esté en riesgo de tortura o de persecución en su país, no puede separar familias, no puede enviar a niños sin estar seguro de cuál es la mejor situación para ellos.”

De hecho “su gestión de la migración irregular se parece mucho a las políticas contra el alcohol durante los años de la prohibición o a la guerra contra las drogas. Con programas de cero tolerancia aparece la criminalidad, un mercado clandestino y se violan muchos derechos”. Eso va a ocurrir con el proceder de Trump: sus políticas restrictivas llevadas al extremo “van a fortalecer la criminalidad y los migrantes, dada la atmósfera de persecución, sufrirán aún más explotación”.

El canadiense Francois Crépeau sabe de lo que habla: funge desde 2011 como relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.

En entrevista con Proceso, en la Universidad McGill, donde es titular de la cátedra Oppenheimer en derecho internacional público, Crépeau se pronuncia sobre el desatino de las políticas migratorias del gobierno de Trump y aborda el papel de la administración mexicana en defensa de sus connacionales; subraya la falta de coherencia que ésta ha mostrado cuando pide respetar los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos, al tiempo que permite que en su territorio se violen los de los migrantes centroamericanos.

–¿Qué impacto tendrá la estrategia migratoria de Trump en los derechos de millones de personas?

–La convención sobre los refugiados protege a alrededor de 21 millones de personas actualmente. Se trata de una protección internacional para quienes no estén bajo el cobijo de sus Estados. Pero hay otras personas que requieren también de la protección de sus derechos. Esto contradice aquello que escuchamos frecuentemente por parte de los Estados e incluso de algunas instituciones internacionales.

“Me refiero a que los Estados deben proteger a los refugiados, pero no se habla con amplitud sobre los derechos de los otros migrantes. Hay un poder de los Estados para expulsar a extranjeros en ciertas condiciones, pero hay límites. Esto es lo más preocupante con Trump. No se puede, por ejemplo, deportar a alguien que esté en riesgo de tortura o de persecución en su país, no se puede separar familias, no se puede enviar a niños sin estar seguros de cuál es la mejor situación para ellos.

“Hay límites sobre lo que los Estados pueden hacer con los extranjeros. Es necesario que instituciones, como los tribunales, se manifiesten respecto a estos derechos.”

–Trump anunció el pasado martes 21 la contratación de 15 mil nuevos agentes de inmigración. También habló de más operativos, pero ya no enfocados únicamente en los indocumentados con antecedentes penales o con faltas leves. ¿Qué escenario imagina usted a raíz de estas medidas?

–Habrá un caos jurídico. Los abogados acudirán a distintas instancias. Todo esto dividirá a las familias, a la opinión pública. En vez de buscar una reconciliación entre ciudadanos y migrantes, se darán escenarios complicados. Es posible que haya que esperar muchos años para volver a tener un debate sereno sobre otras formas de proceder en materia de migración.

“Trump insiste y lleva al extremo políticas que no han funcionado. La gestión de la migración irregular se parece mucho a cómo se abordó el tema del alcohol en los años de la prohibición o a la guerra contra las drogas durante décadas. Con programas de cero tolerancia aparece la criminalidad, hay un mercado clandestino, se violan muchos derechos.

“El caso de la migración es muy similar. Es un error seguir pensando que las políticas restrictivas darán buenos resultados. El proceder de Trump va a fortalecer a la criminalidad y los migrantes seguirán sufriendo condiciones de explotación, incluso más que antes, por la atmósfera de persecución”.

Los tribunales, el contrapeso

Al experto canadiense se le comenta que los dichos y las acciones de Trump provocan numerosas protestas. Sin embargo, una parte del muro se empezó a construir desde la administración de Clinton y durante los ocho años de Obama en la Presidencia se deportó a unas 3 millones de personas.

–¿Ha tardado en llegar esta ola de indignación? –se le pregunta

–Me parece que sí. Es interesante constatar que la lógica populista no se inició necesariamente con Trump. Por ejemplo, políticos en Estados Unidos y en otros sitios, como en Francia e Inglaterra, han aplicado políticas populistas desde hace varios años, desde la izquierda y la derecha. La gran diferencia es este nivel de desprecio tan grande por los derechos de las minorías con Trump.

“Hay también gran desprecio hacia los contrapesos. Lo hemos visto en sus tratos a periodistas y jueces. Es fundamental que una persona pueda llegar a los tribunales si sus derechos se violan. La importancia de los tribunales para los migrantes es primordial, pues aquellos tienen la capacidad de bloquear leyes que discriminen.”

–¿Qué pueden hacer los estadunidenses y los mexicanos que están en contra de la política migratoria de Trump, más allá de las protestas?

–Hay que financiar enormemente los recursos ante los tribunales. Daré un ejemplo esperanzador: en la primera semana de Trump como presidente, la American Civil Liberties Union recibió el mismo financiamiento que en un año entero. Los tribunales son sensibles ante actos discriminatorios.

“Ahora bien, hay que seguir protestando. Hay que mostrar que muchos electores tienen una opinión distinta sobre los migrantes. El trabajo de las organizaciones no gubernamentales y de algunas instituciones religiosas es significativo. Los sindicatos deben tener peso también. Aquí hay un trabajo pendiente: recalcar que los migrantes irregulares están hoy en la misma posición que los trabajadores industriales en el siglo XIX.”

–El presidente Enrique Peña Nieto anunció a finales de enero que los consulados mexicanos recibirán mayor financiamiento (unos 50 millones de dólares), principalmente para ayudas jurídicas a los migrantes. ¿Qué piensa de esta medida?

–Pienso que es esencial, dadas las circunstancias, que el gobierno mexicano aumente los servicios consulares, particularmente para aquellas personas que estén en situación irregular e incluso en una situación frágil, aunque dentro de la legalidad.

“Los servicios consulares pueden prestar apoyo para el retorno a su país, para tramitar documentos, pero la ayuda jurídica es muy importante. Hay muchos consulados en Estados Unidos, dado el número de mexicanos ahí, y luego se verá si la cifra anunciada por Peña Nieto será suficiente o no. Es necesario realizar un esfuerzo considerable.

“Es una pena que el Tratado de Libre Comercio no haya permitido crear condiciones legales de movilidad para los trabajadores. Reforzamos el problema con políticas restrictivas en vez de reducirlo.”

–Usted recibió una carta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México solicitando su apoyo para denunciar el muro. ¿Tendrá usted un papel al respecto?

–Explicaré la manera en que intervengo como relator especial: lo hago cuando hay una situación concreta. Por ejemplo, cuando se da la detención de menores o cuando existen otras violaciones específicas a los derechos. No intervengo por anuncios o por pronunciamientos generales. Denunciar el muro es una operación política importante, pero que no entra en mis funciones.

–¿Qué apoyo puede recibir México por parte de instancias internacionales para la protección de los derechos de sus ­connacionales?

–México no tendrá necesariamente apoyo político de parte de las instituciones internacionales. En realidad México debe buscar ayuda ante situaciones específicas: contra la tortura, por los derechos de la niñez, por ejemplo. En mi caso, he escrito en el pasado cartas a distintas autoridades nacionales mostrando preocupación por asuntos específicos. Ya me he dirigido, por ejemplo, a las autoridades mexicanas por el trato a los niños migrantes centroamericanos. Existe el apoyo, pero para puntos concretos.

–¿Qué papel deberán tener las autoridades municipales y de las entidades federativas para apoyar a las personas deportadas y también a los extranjeros que queden varados en suelo mexicano? Se habla de la posibilidad de una crisis humanitaria a raíz de las decisiones de Trump.

–Cada Estado tiene su propia organización interna. El tema migratorio puede ser compartido o depender de un gobierno central. Sin embargo, la experiencia indica que en temas migratorios, las autoridades municipales tienen una comprensión más fina y directa que las nacionales. Las ciudades se interesan más en la cohesión social, no buscan perseguir a las personas en situación irregular. Las autoridades municipales conocen mejor la vida cotidiana: los hospitales, las escuelas, la vivienda, por ejemplo. Esta vida cotidiana es lejana en muchos casos para las autoridades centrales.

Incongruencia mexicana

–La Organización Internacional para las Migraciones calcula que entre 400 mil y 500 mil migrantes indocumentados transitan a través de México anualmente y que 90% de ellos son centroamericanos. Y México se está convirtiendo cada vez más en país receptor. ¿Cómo debe actuar el gobierno mexicano para asegurar un trato digno a los migrantes extranjeros?

–El gobierno mexicano debe asumir sus responsabilidades. Otorgar refugio a gente en peligro si vuelve a su país. Alojarlos y posiblemente darles la oportunidad de trabajar. Hay una dificultad, es cierto: integrar a esta gente en un tejido económico aún con dificultades. Si México reclama apertura respecto a sus ciudadanos en Estados Unidos, sería normal que practicara lo mismo en su territorio con los migrantes de otros países.

“México tiene una situación paradójica. Tiene un discurso muy progresista sobre la migración, participa en distintos foros, sostiene iniciativas de mucho interés. Tiene un papel de primer plano sobre las cuestiones migratorias en la escena internacional. Pero las prácticas que se dan en suelo mexicano con los migrantes no son necesariamente distintas a las de otros países. La policía comete actos de violencia –eso está documentado–, hay detención de menores, entre otros puntos sensibles.

–El gobierno mexicano se opone a varias acciones de Trump. Sin embargo, a través del Programa Frontera Sur ha buscado parar el flujo de personas, principalmente de centroamericanos, por presiones de Estados Unidos. A su vez, Amnistía Internacional ha señalado que hay numerosas violaciones a los derechos de estos migrantes. ¿Es posible conciliar discursos y hechos?

–Todos los países del norte buscan que el flujo migratorio se pare antes de que llegue a sus fronteras. Es por ello que el Programa Frontera Sur es financiado en gran medida por Estados Unidos. La Unión Europea financia acciones en Libia y Sudán por las mismas razones. Turquía bloquea también el paso, aun cuando la declaración universal de los derechos humanos estipula que toda persona puede salir de un país.

“Es una decisión que viene del norte, claro que con el apoyo de otros países, y que implica violaciones de derechos. Es una medida de disuasión que no consigue tener el impacto esperado y pone en riesgo a las personas. Los ciudadanos en algún momento harán los cálculos sobre cuánto se ha gastado en políticas restrictivas y respecto a sus pobres resultados.”

–Usted propone que millones de empleos llevados a cabo por migrantes irregularizados dejen de ser ilegales. ¿Puede comentar más al respecto?

–La migración irregular es causada por factores de repulsión, como la pobreza y la violencia; y factores de atracción, como es el caso de las fuentes de empleo, aunque hay millones de estos empleos en la ilegalidad. Conocemos bien los sectores donde tienen mayor presencia: la producción agrícola, los cuidados médicos, la industria hotelera y gastronómica, el trabajo doméstico. Son millones de empleos donde se paga poco y no hay protección porque la persona carece de estatus legal. Lo hemos tolerado demasiado.

“La gente tiene miedo de perder estos trabajos y acepta condiciones muy duras. No sirve de nada tener en la mira únicamente a los migrantes. Esto no resuelve el problema y la situación de estas personas se precariza. Deberíamos hablar más de migración regular y sancionar a las empresas que se beneficien de estos empleos clandestinos. El objetivo es reducir la explotación por medio de la regulación de estos trabajos.”

Esta entrevista se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero del 2017.

Comentarios