LEÓN, Gto. (apro).- Cinco personas transgénero libran una batalla legal en tribunales federales para lograr el reconocimiento de su nueva identidad en el acta de nacimiento que otorga el Registro Civil, frente a la negativa del Congreso del estado de modificar el Código Civil o admitir la inconstitucionalidad de varios de sus artículos que frenan esa posibilidad. La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos "AMICUS", litiga actualmente los casos de cinco guanajuatenses y despliega una campaña de sensibilización social y de aceptación en el entorno familiar, con la integración de grupos de apoyo para familiares y amigos de personas transgénero, a fin de facilitar un entorno de aceptación. Aunque en el caso de entidades como Tlaxcala y Baja California ya se emitieron sentencias de amparo que ordenan la expedición de nuevas actas, en Guanajuato se quiere ir más allá con el reconocimiento de la inconstitucionalidad del Código Civil, “generando precedentes para la modificación de la ley”, expuso Juan Pablo Delgado, cofundador y director de la ONG. Sin embargo, el Congreso del estado se opone a ello y ya interpuso recursos ante los juzgados. “Y hay más casos”, advirtió el activista. En principio, dos personas iniciaron a través de AMICUS las gestiones ante el Registro Civil de Guanajuato para conseguir su reconocimiento de identidad transgénero. Ante la negativa de la dependencia gubernamental, recurrieron a un juicio de amparo ante juzgados de distrito, que respondieron negativamente en ambos casos, por lo que se interpuso un recurso de revisión para turnarlos a un tribunal colegiado. La organización promovió amparos por otras tres personas que también solicitaron el cambio de identidad en su acta de nacimiento y les fue rechazado por el registro. En enero y febrero, los juzgados de distrito resolvieron a favor de las tres personas, admitiendo los argumentos presentados que plantean la violación de derechos por parte del Registro Civil, así como la inconstitucionalidad del Código Civil guanajuatense, particularmente en dos artículos, según explicó Juan Pablo Delgado. “El artículo 138 fracción primera tiene un listado restrictivo de los supuestos en los que las personas pueden llevar a cabo la rectificación del acta de nacimiento, pues no incluye el sexo genérico... Nosotros expusimos aquí que una persona trans se ve obligada a recurrir a la vía jurisdiccional para ello, exponiendo su vida privada, mientras que una persona que no es trans puede acceder a esta rectificación”, explicó. En cuanto al artículo 140 A, se refiere a la anotación marginal en las actas de nacimiento en el caso de la modificación o rectificación. “Se planteó que el Registro Civil expida un acta nueva y la anterior quede reservada por el Registro Civil”, señaló Delgado. El director de AMICUS recordó que en la Ciudad de México ya se aplica un procedimiento administrativo que incluye el reconocimiento de identidad trans, “pero a las personas no les dejan resguardar el acta original y entonces acaban con dos identidades. Tenemos casos así, es un tema muy complejo”. En Guanajuato no hay antecedentes de una vía administrativa para el cambio de identidad. “Sabemos de dos personas que lo hicieron por vía judicial, aportando pruebas, psicológicas, médicas, pero en los hechos se les revictimiza y deben recurrir al amparo directo, en un proceso que se puede prolongar por dos años”, detalló el activista. “No encontramos la justificación de dar un trato distinto a una persona por su identidad de género porque está protegida por la Constitución. Aquí nos encontramos con un trato diferenciado y el Congreso alega que hay opciones como la vía jurisdiccional para modificar el sexo en las actas, pero ahora el sistema jurídico mexicano establece que se debe interpretar con base en los criterios más favorables a la persona y que defienda sus derechos humanos”, concluyó.