México compra “sin restricción” más de 300 mil armas

Un contrato firmado entre el gobierno mexicano y la subsidiaria estadunidense de la empresa alemana Sig Sauer –fabricante de armamento– prendió las alarmas en el Congreso de Estados Unidos, pues el acuerdo le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa firma durante cuatro años, sin necesidad de reportarle nada a Washington. Además de lo inusual de la transacción –el monto es de 266 millones de dólares–, el convenio evidencia, según analistas, la intención de “militarizar” a las policías estatales y municipales mexicanas.

WASHINGTON (Proceso).- Por conducto de su subsidiaria en Estados Unidos, Sig Sauer, la empresa alemana fabricante de armas, concretó con el gobierno mexicano un acuerdo para permitirle, sin restricciones y durante cuatro años, la manufactura en México de entre 300 mil y 400 mil armas de fuego, arreglo que causó preocupación en el Congreso estadunidense.

El contrato es por un monto de 266 millones de dólares; fue notificado al Capitolio el 15 de abril de 2015 y lo suscribieron Sig Sauer y la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia encargada de la compra de equipo bélico para cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. En términos monetarios y por el número de piezas, es el mayor que el gobierno de México ha firmado con una empresa privada desde finales del siglo pasado.

En el inciso DDTC-14-121, correspondiente al año fiscal 2015, del expediente “Notificaciones al Congreso sobre la venta de armas comerciales y militares a México”, del Departamento de Estado, se dice: “Sig Sauer ($266 millones de dólares). Para la manufactura –en México– de rifles y pistolas Sig Sauer, y la renovación de inventarios actuales para el uso de la Armada, Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación, Policía Federal y fuerzas policiales estatales y municipales”.

Documentos de los que Proceso tiene copia relativos a las adquisiciones de equipo militar y armas de fuego que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo a Estados Unidos en los años fiscales 2015 y 2016 muestran una serie de mecanismos por los cuales la Sedena no estaría obligada a reportarle a Washington el uso ni destino final de la masiva producción de rifles y pistolas en el caso de su actual convenio con Sig Sauer.

Esa falta de restricciones motivó que el senador federal demócrata por Vermont, Patrick Leahy, cuestionara al Departamento de Estado sobre el afán del gobierno de Peña Nieto en adquirir equipo militar y armas de fuego a granel.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2105, ya en circulación

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