PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de 17 municipios poblanos marcharon por calles de esta capital para exigir la derogación de la reforma al artículo 12 de la Constitución estatal, que abre paso a la privatización del servicio de agua potable en toda la entidad. Al grito de “el agua no se vende, se ama y se defiende” y “el agua es un tesoro, que vale más que el oro”, decenas de mujeres y hombres partieron del Paseo Bravo hasta la sede del Congreso local, donde realizaron un mitin. A la protesta se unieron los pobladores de Coronango, Xoxtla, San Andrés y San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Cuetzalan, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Hueytamalco, Calpan, Ocotlán, Huejotzingo, MIhuacán, Ocotepec, Tehuacán y Jolalpan. Frente al Congreso poblano, los participantes –integrados en la agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA)– trataron de entregar un escrito a los diputados, en el que demandaban la derogación de la reforma aprobada el pasado 6 de enero, pero las puertas del edificio permanecieron cerradas y nadie salió para recibir el oficio. El contingente, que incluyó tres tractores, se dirigió entonces al boulevard Héroes del 5 de Mayo y bloqueó el acceso vehicular durante casi dos horas para exigir a los diputados que recibieran el escrito. Tampoco hubo respuesta. Alejandro Torres, del municipio Juan C. Bonilla, sostuvo que el gobierno de Antonio Gali Fayad ha desplegado una campaña para insistir en que el servicio del agua en la entidad no será privatizado, sin embargo –apuntó– el contenido de la reforma sí plantea esa posibilidad. “Si no quieren privatizar el agua, que lo demuestren derogando la reforma”, subrayó Maurilio Galiote, integrante de PUCPA. Los cambios al Artículo 12 constitucional promulgados el 27 de enero se anunciaron con el supuesto fin de proteger el derecho al agua, pero la fracción 6 establece: “El Estado, conforme a las leyes, regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. De acuerdo con los manifestantes, la inclusión de ese párrafo abre la posibilidad de que el gobierno estatal quite a los municipios el control del servicio y dé la concesión a empresas privadas, tal como ocurrió en esta capital, donde la prestación está a cargo de la empresa Concesiones Integrales. Representantes de los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla denunciaron que los alcaldes de esas y otras localidades han amenazado a los integrantes de PUCPA de levantarles cargos y proceder a su encarcelamiento. Custodiarán pozos Ante la nula atención de los legisladores a la marcha de campesinos, líderes de la movilización advirtieron que podrían radicalizar sus acciones, entre ellas la toma de pozos que suministran agua a la capital. “Vamos a regresar a nuestras comunidades y vamos a plantear acciones desde nuestros pueblos”, subrayaron. De igual manera, recordaron que actualmente la empresa Concesiones Integrales abastece el servicio con pozos que se encuentran en los municipios de Nealtican, Santa María Acuexcomac y Xoxtla, entre otros, y a pesar del lucro que obtiene de este recurso, no ha hecho ningún acuerdo o pago que beneficie a esas comunidades. Advirtieron que si la reforma no es derogada, los pobladores de esas comunidades podrían cortar el paso del líquido que suministra a la capital. Por otra parte, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este martes los recursos de controversia constitucional que interpusieron los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Xoxtla, Coronango, Tlaltenango, Zoquitán y San Gabriel Chilac en contra de la reforma al Artículo 12 de la Constitución de Puebla.