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La poderosa operadora de Osorio Chong

Desde 2004 ha estado al lado de Miguel Ángel Osorio Chong. Empezó como su representante ante el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo; luego lo acompañó durante su sexenio en esa entidad, y ahora, como secretaria general de la Policía Federal, cargo que ocupa desde mayo de 2014, es su principal operadora administrativo-financiera. Se trata de la poderosa abogada hidalguense Frida Martínez Zamora, quien controla a los empleados de la policía y de la Comisión Nacional de Seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ejerce el control de la Policía Federal (PF) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por medio de una antigua colaboradora, Frida Martínez Zamora, quien desde hace más de una década le maneja los recursos que ha tenido a su cargo como funcionario.

En ambos órganos de seguridad, el personal la define como poderosa. Abogada de la Universidad Autónoma de Hidalgo, es quien decide sobre los recursos, las contrataciones y licitaciones, el personal y hasta en lo que se puede gastar o no en los operativos policiales, incluso por encima de quienes han estado al mando de la PF y de la CNS.

La fuerza de Martínez Zamora radica en su cercanía con Osorio Chong, con quien ha trabajado desde 2005 en una función clave: la administración del dinero, personal y recursos materiales tanto en el gobierno del estado de Hidalgo como en las áreas más sensibles en las funciones de seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob): el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la PF.

En el estado de Hidalgo la relación de Martínez Zamora con los hermanos Osorio Chong es pública: desde 2004, cuando Miguel Ángel era candidato a la gubernatura, ella fue la encargada de comprobar sus gastos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral. Y cuando él fue gobernador, entre 2005 y 2011, estuvo en la dirección general de recursos materiales y adquisiciones de la Oficialía Mayor del estado.

En el actual sexenio ha estado más allá de las caídas de los mandos de la PF y de la CNS, la instancia responsable de la PF, el principal cuerpo policial del país.

Al inicio de su gestión en la Segob, Osorio Chong la puso al frente de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, con un salario cercano a los 200 mil pesos mensuales.

En el órgano de seguridad e inteligencia civil del Estado mexicano, a cargo de Eugenio Ímaz, otro colaborador de Osorio Chong cuando éste fue gobernador de Hidalgo, Martínez Zamora fue la responsable de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

En mayo de 2014, dos meses después de que Monte Alejandro Rubido García sustituyó a Manuel Mondragón y Kalb en la CNS, fue designada para el cargo actual: secretaria general de la PF, que equivale al cargo de Oficial Mayor, donde decide sobre todos los recursos de la Policía Federal.

La salida de Rubido García en agosto de 2015, como consecuencia de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano, no tuvo ninguna consecuencia para Martínez Zamora. Rubido fue reemplazado por Rento Sales Heredia.

Tampoco la afectaron los cambios en la Policía Federal tras el escape del capo sinaloense ni la caída de Enrique Galindo Ceballos como comisario general de la PF luego del enfrentamiento de elementos de la Gendarmería y de Fuerzas Federales con civiles en Nochixtlán, Oaxaca, en junio del año pasado, y que dejó una decena de muertos y docenas de heridos.

La inamovible

Frida Martínez Zamora se ha reencontrado con antiguos compañeros en el círculo cerrado de Osorio Chong en la Segob. Uno de ellos, Damián Canales, exsecretario de Seguridad de Hidalgo, quien tras la fuga del Chapo, en julio de 2015, fue designado titular de la División de Inteligencia de la PF.

En ese grupo también está José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia de Hidalgo cuando Osorio Chong fue gobernador. El titular de la Segob lo había colocado como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República (PGR).

Confrontado con la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, Osorio Chong lo rescató y le dio la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En octubre pasado, lo puso al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que depende de la CNS y se encarga de la administración de los penales federales del país, empezando por los de alta seguridad.

Un conflicto laboral mostró la influencia de Martínez Zamora más allá de la PF. La exdirectora de la dependencia Laura Patricia Luna Sánchez Galán la acusó de coaccionarla para que renunciara a su cargo. El caso llegó ya a tribunales, pero la CNS salió en defensa de la operadora de Osorio Chong.

En las denuncias presentadas ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el Órgano Interno de Control (OIC) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusa también a Martínez Zamora de tráfico de influencias por su cercanía con los hermanos Luis y Miguel Ángel Osorio Chong.

En respuesta a la demanda, la CNS acusó a la denunciante de ostentarse como directora general sin tener ese nombramiento, contrario a lo que dice la documentación del propio organismo, de la que tiene copia este semanario.

En su afán por cubrir a Martínez Zamora, la CNS se metió en un conflicto jurídico que evidenció deficiencias internas, como la falta de una base de datos con el historial de cada uno de los policías federales del país y de un departamento de psicología especializado para atender el estrés que genera en los agentes y en sus familias el combate contra el narcotráfico, lo cual ha llevado al suicidio tanto a policías federales como a sus esposas.

Estas anomalías dentro de la corporación fueron evidenciadas por la entonces directora Luna Sánchez Galán en dos quejas: una fue interpuesta el 15 de julio ante el OIC de la Secretaría de la Función Pública (SFP); la otra, el 14 de agosto ante la CNDH.

También por una del 12 de agosto de 2016 ante el juez de distrito en Materia Laboral, y un mes después ante el juez noveno de distrito en Materia Administrativa, ambos de la Ciudad de México.

“A partir del 1 de abril de 2016 inicié la prestación de mis servicios en la Policía Federal como directora general adscrita a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial de la PF, previo cumplimiento a los requisitos de ingreso. Estuve a la espera del pago de mi salario durante tres meses, suponiendo que el retraso tenía lugar por la lentitud de los trámites administrativos”, expone Luna Sánchez Galán.

Hostigamiento sistemático

El 30 de junio de 2016 la PF le depositó un pago en su cuenta bancaria, pero nunca recibió los recibos de nómina. En la primera quincena de julio no recibió su pago; la dependencia no le informó al respecto.

Ante ello, ingresó al sitio electrónico oficial de consulta interna de la PF, conocido como Kardex, el cual se emplea para mantener comunicación interna entre el personal. Se dio cuenta de que la secretaría general, a cargo de Martínez Zamora, ingresó un recibo por ese pago reclamado.

Decidió enviar dos escritos –uno el 14 y otro el 29 de julio– a la secretaria general para pedirle una explicación. El 7 de septiembre, la dependencia calificó de falso el reclamo de Luna Sánchez. No le contestó directamente, sino a través de un oficio dirigido a Víctor Manuel Vera Sandoval, director general adjunto de Amparos y de lo Contencioso de la PF.

En esa comunicación oficial, Martínez Zamora argumenta que el nombramiento no se concluyó debido a que Luna Sánchez se negó a firmar el Formato Único de Personal y, por tanto, no se pasó a aprobación del Comisionado General Manelich Castilla Craviotto, quien sustituyó a Enrique Ceballos. Pero el nuevo comisionado asumió el cargo el 30 de agosto, a pesar de que Luna Martínez dice tener el nombramiento desde abril.

La mujer de confianza de Osorio Chong, a través de la CNS, acusó a la quejosa de ostentarse como directora general de Servicio Profesional de Carrera y Régimen Disciplinario con el fin de “confundir” a la autoridad de amparo y obtener un beneficio indebido.

Sin embargo, Luna Sánchez seguía trabajando con ese cargo. El 27 de septiembre envió un escrito a Castilla Craviotto para quejarse de “hostigamiento laboral”.

Expone en entrevista: “Iván Delgado Villegas, adscrito a la secretaría general, se presentó el 22 de septiembre pasado en la oficina de mi superior inmediata, Laura Carrera Lugo, para decirme que él me pagaría si a cambio firmaba mi renuncia”. No obtuvo respuesta del comisionado.

Acudió entonces a la CNDH, la que canalizó su petición al OIC. Sin embargo, días después, el 30 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública, de la que dependen los OIC, le informó que su caso estaba “total y definitivamente concluido”.

Las denuncias

En sus escritos y denuncias, presentó documentos oficiales de la corporación que la acreditan como directora general desde el 1 de abril, copia del Formato Único de Personal firmado por ella, copias de Kardex que registran el pago salarial de la quincena del 15 de julio, el cual originó el reclamo, y sus cartas a Martínez Zamora y a Castilla Craviotto.

Asegura que su ingreso a la PF lo acordó su jefa inmediata, Laura Carrera Lugo, con Galindo Ceballos, entonces comisionado general. Los tres se conocieron a principios de la década en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: “Aún en funciones, Galindo le habló por teléfono a Frida para que me pagara. Sin embargo, ella lo ignoró”.

Por su parte, Carrera Lugo le decía que Martínez Zamora “estaba muy molesta porque yo estaba enviando los oficios”. Galindo le dijo a Luna Sánchez que, para reclamar su cobro, “hiciera lo que tuviera que hacer”.

Relata: “El viernes 30 de septiembre salí de la PF antes de la hora de comida. A los 10 minutos, personal de mi oficina me habla y me dice que regrese porque me buscan de Asuntos Jurídicos. Le dije: ‘Diles que no puedo, que con mucho gusto los atiendo por la tarde’.

“Pero insistió: ‘Que es una instrucción, que regrese. La verdad, creo que la quieren detener’. ‘¿Cómo crees? No es verdad’, le contesté. Pero, en efecto, tengo una orden de detención por presunta usurpación de cargo.”

A esta situación, afirma, la respuesta de su jefa fue contundente: “Mira, ve pensando en si renuncias o no, no sea que te vaya a pasar algo. Estos son una bola de mafiosos, unos cabrones; quién sabe qué tanto te quieren hacer. Te quieren armar algo para inhabilitarte”.

Luna Sánchez le reclamó “su poco valor” para decirle a Manelich –el comisionado general de la PF– todo lo que está pasando. “Me dijo: ‘Yo voy a estar con quien gane y tú sabes que Frida (Martínez) es la novia del hermano de Osorio Chong y no me voy a enfrentar (con ella). No voy a hacer nada en contra tuya, pero no te puedo ayudar’”.

Entrevista infructuosa

Antes de que iniciara el conflicto laboral, prosigue Luna Sánchez, pidió entrevistarse con Martínez Zamora y la atendió Sergio Armando Vega Reynoso, subdirector de asuntos jurídicos.

“Le dije: ‘Tú sabes que hay corrupción en el proceso de ascenso y el de reclutamiento. Todo esto está en mi área, pero no lo puedo controlar porque carezco de un sistema básico de cómputo. No puedo cruzar información, no puedo conocer la trayectoria de los policías, no puedo saber en dónde están adscritos.

“Todo es de oficio. Es un manejo de información tan grande que no hay quien lo concentre. Esa es mi función y no la puedo desarrollar’. Me dijo que lo comentaría con su jefa.”

Según Luna Sánchez, Vega Reynoso está casado con una prima del presidente Enrique Peña Nieto: “Por eso nadie se mete con ellos, nadie les dice nada. Él es enlace jurídico de la secretaría general; es decir, de Martínez Zamora.

–¿Habló con Manelich Castilla?

–Le presenté un escrito porque no me ha recibido. Él estuvo de agregado en Colombia. Allí nos conocimos, pero no me ha querido recibir. Hablé con el secretario técnico. Le dije no me gusta pelear a lo tonto, pero sí quiero que sepa cómo está la situación de la carrera policial, cómo están los policías. Estoy dispuesta a irme, pero quiero que sepan la realidad y que no son formas de correrme.

Señala que el 22 de septiembre un abogado de Asuntos Jurídicos fue a buscarla a la oficina de Carrera y le aseguró que ya estaba resuelto su asunto, que le pagaría si presentaba su renuncia en ese momento.

“Le dije que ya no se podía porque ellos habían rendido sus informes justificados en el juicio de amparo, acusándome de usurpar un cargo”, cuenta Luna Sánchez.

–¿Qué es lo que ha visto durante su gestión respecto a la carrera policial? –se le pregunta.

–Uno de los centros de mi área es la dirección general de Servicio de Carrera, uno de los centros de atención psicológica. Se supone que da atención primaria cuando un policía o su familia se sienten muy angustiados, ya sea mediante una cita o por teléfono. Ese consultorio lo tenemos en torre federal (sede de la PF en la Ciudad de México). Tenemos personal sin la capacitación y sin el perfil.

En septiembre pasado, refiere, Berenice Barrandey, jefa de esa área, le habló por teléfono y le dijo: “Yo le he manifestado a usted y a la doctora Laura Carrera que no tenemos perfil adecuado del personal de psicología. La semana pasada, un chico que habló muy angustiado pidiendo ayuda ya se suicidó. Hay otros con la misma tendencia y no sabemos de ellos. Lo más que hacemos es que los atendemos telefónicamente, los canalizamos al ISSSTE, pero allí no se hace nada”.

De inmediato, cuenta Luna Sánchez, “le mandé un mensaje a Laura Carrera, quien andaba en Colombia. Le informé del suicidio y de dos intentos. Le dije también: ‘Berenice pide que por favor autorice que se acerquen a otra clínica’. Le mandé los datos. Carrera me dijo: ‘No, espérate; no es importante. Me pidió una tarjeta informativa de los tres asuntos”.

Asegura que cuando se reunió con Vega Reynoso, también le comentó que los policías tenían que comprarse los uniformes. Yo tuve que comprar los míos, ¿dónde está el presupuesto?

Añade: “Tampoco puedo tener la radiografía de un policía porque el Kardex nunca se alimentó con el expediente personal de cada uno. Lo que presumió Genaro García Luna (cuando fue secretario de Seguridad Pública) que dejó hecho en la superinfraestructura que compró es mentira, no tienen información real.

“A muchos policías se les niegan los ascensos porque llevan sus constancias de capacitación y no son válidas por no estar en el Kardex antes de que se lanzara la convocatoria. Hay gente que, en su último intento por edad, trata de ascender, y con mucha ligereza y cualquier pretexto le dicen que no se puede.”

Este reportaje se publicó en la edición 2105 de la revista Proceso del 5 de marzo de 2017.

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