PUEBLA, Pue. (apro).- Dulce María Silva Hernández, pareja sentimental del vocero de Morena, César Yáñez, inició una huelga de hambre en el interior del penal de San Miguel para denunciar las irregularidades en que han incurrido las autoridades poblanas para mantenerla encarcelada y visibilizar las condiciones “infrahumanas” que privan en el área femenil del reclusorio. Entrevistada vía telefónica, narró una serie de abusos y torturas a las que supuestamente ha sido sometida desde su detención el 10 de marzo de 2016, cuando fue acusada de recibir en sesión un terreno propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien es procesado por defraudar a cientos de ahorradores poblanos. En el Día Internacional de la Mujer, Silva Hernández dijo que su protesta es también para hacer públicas las condiciones de hacinamiento y explotación, falta de atención médica e insalubridad que prevalecen en el área femenil del penal de San Miguel, donde no hay agua potable, se usan letrinas y las presas tienen que subsistir entre chiches, ratas y cucarachas. “Quiero que el gobierno voltee a ver las condiciones en las que tienen a las mujeres (en el reclusorio), independientemente de lo que me ha tocado vivir en carne propia y los atropellos que se han cometido en mi caso”, expresó. La entrevistada detalló que el hacinamiento llega al grado de que en una celda para cuatro reclusas, habitan entre 14 y 20. Incluso, agregó, recientemente una presa parió en uno de los pasillos del reclusorio y fue trasladada al hospital hasta al día siguiente. “No hay medicamentos ni equipo médico, no tienen ni un barómetro para medir la presión, no hay agua potable, las letrinas están infestadas de ratas que incluso han mordido a algunas reclusas, sin que reciban atención”, narró. Silva Hernández señaló que las mujeres que las reclusas deben pagar cuotas para que se les permita emprender algún negocio, mientras que otras son explotadas laboralmente en el interior, pues trabajan de ocho de la mañana a 10 de la noche en la elaboración de talavera, hilos o pinzas, con un sueldo semanal de 300 pesos. “Hay presas que hacen cubre bocas y les pagan 25 centavos por cada 10 piezas. Imagina lo que tienen que trabajar para ganar alguna cantidad de dinero”, agregó. En su caso, indicó que en más de una ocasión ha sido segregada sin derecho a agua y alimentos y que las autoridades del reclusorio le dificultan el acceso a su hija, a quien sólo ha podido ver  cinco veces durante el año que lleva recluida. Cuando fue detenida, detalló, policías la obligaron a desnudarse para tomarle fotos e hicieron escarnio de su situación. Demandan efectividad de amparo Dulce María Silva Hernández acusó que quien estuvo al frente del operativo de su detención fue Enrique Flota, fiscal general jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. Ya en otras entrevistas, la inculpada ha asegurado que la acusación en su contra fue armada por el gobierno de Puebla, debido a que personas allegadas al ahora exgobernador Rafael Moreno Valle la querían obligar a vender un terreno de seis mil metros cuadrados, ubicado en la exclusiva zona de Angelópolis, donde pretendían construir un desarrollo inmobiliario. “Llegaron a amenazarme de que encarcelarían a mis padres si no les vendía el terreno”, relató en la entrevista. Silva Hernández afirmó que su encarcelamiento tiene un tinte político debido a su relación de pareja con el vocero del partido Morena, César Yáñez, allegado a Andrés Manuel López Obrador, con quien Moreno Valle ha tenido contantes enfrentamientos. “Quien armó todo el expediente en mi contra, que se sustenta en nada, fue el fiscal general del Estado, Víctor Carrancá”, reiteró en la entrevista. En ese tenor, las autoridades poblanas se han negado a hacer efectivo el amparo 399/2016 dictado por el Juzgado Quinto de Distrito, que obtuvo a su favor y que ordena su libertad inmediata. En solidaridad con la huelga de hambre iniciada por la reclusa, el Centro de Defensa y Promoción de Derechos Humanos “José Luis Tehuatle Tamayo” demandó que el gobierno de Puebla deje de alargar su encarcelamiento y haga efectivo el amparo que ordena su libertad. Por último, tras el inicio de la huelga y su denuncia, Silva Hernández hizo responsable de su seguridad y de lo que pudiera pasarle al director del penal, Rafael Carbajal; al secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco; y al fiscal general del Estado, Víctor Carrancá.