CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que llegó a la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade se presenta ante sus subordinados como el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), concebida como una poderosa entidad autónoma para la investigación y persecución de los delitos en México. Fiel a su estilo, escucha sólo a sus más cercanos. No permite cercanía ni siquiera en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. No ve a los procuradores o fiscales estatales como sus pares. En apenas cuatro meses, ha hecho una limpia en la Procuraduría en su proyecto de convertirse en el primer fiscal general de la República, aun cuando tiene una fuerte oposición en amplios sectores, no sólo en las organizaciones no gubernamentales. Entre sus designaciones, está la de Gerardo Laveaga, como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), a donde regresó después de su cuestionado paso como comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), ahora INAI. La Fiscalía General de la República es la gran apuesta para reemplazar a la actual figura del ministerio público que en más de un siglo de existencia, con su monopolio en la construcción de verdades históricas y judiciales, ha sido la principal causa de la impunidad en el país por su sujeción al poder político. Cervantes Andrade es parte de esa larga historia de México. Es un hombre del presidente de la República y del PRI, que también ha estado al servicio de intereses económicos particulares en el sector transporte y el energético. Diputado, senador, coordinador jurídico y consejero nacional del PRI, logró el favor del presidente Enrique Peña Nieto para proponerlo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fines de 2015, pero fue ampliamente rechazado, no sólo por su condición de priista, sino por un mero problema de legalidad. Aunque renunció un año antes al Senado para cumplir con el requisito de no haber ocupado otro cargo público para ser ministro, tenía un problema de origen: los cargos de elección popular son irrenunciables. Hubo un auténtico rechazo a su candidatura luego de que Peña lograra hacer ministro de la Corte a Eduardo Medina Mora, quien con Felipe Calderón ocupó el cargo que ahora tiene Raúl Cervantes. Por cierto, uno de los más sonados fracasos de Medina Mora como procurador fue la llamada Operación Limpieza de la PGR. Ni siquiera en su propia casa, el ministerio público fue capaz de investigar. Prácticamente todos los acusados del ahora ministro salieron libres. Como presidente del Senado, donde operó la aprobación de la reforma energética de Peña, Raúl Cervantes tuvo como asesor a Manuel Velasco Velasco, un economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ahora lo hizo jefe de Unidad en la Oficialía Mayor de la PGR, decidiendo sobre el futuro del personal, perfilando lo que quieren en la pretensión transexenal de que Cervantes se convierta en fiscal, cargo previsto constitucionalmente para una duración de nueve años. Consultor en asesoría y finanzas, a Velasco Velasco le resulta imposible justificar salarios a madres trabajadoras o la permanencia de empleados con carrera en la PGR. Parte de la influyente triada de la familia Cervantes del gobierno de Peña –los otros son Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia, y Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)–, el actual titular de la PGR, convertido en fiscal, sería el rostro del cambio… para quedar igual, pero con mucho más poder. @jorgecarrascoa