CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó denuncia penal contra quien resulte responsable de las agresiones físicas a inspectores federales y la destrucción de vehículos oficiales, así como el robo de una embarcación de la dependencia en el poblado Golfo de Santa Clara, Sonora. Sostuvo que se tomó esa medida como resultado de los hechos ocurridos la noche de ayer contra diez servidores públicos de la Profepa y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), así como 18 oficiales de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), quienes fueron agredidos por un grupo de personas que, además, prendió fuego a 15 vehículos oficiales. En un comunicado precisó que de acuerdo con el primer reporte oficial, tres inspectores de la Profepa que fueron golpeados lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado. Detalló que los bienes dañados de la Profepa son: dos camionetas, una lancha y una cuatrimoto incendiadas, además del robo de una lancha asegurada. También fueron quemadas ocho camionetas y una lancha de la Conapesca, así como dos lanchas de la Conanp. El grupo agresor justificó sus acciones ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De acuerdo con la Semarnat, la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el 22 de febrero pasado, a solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfita. Esa medida refleja la irresponsabilidad con la que actuaron los líderes del gremio al solicitar tardíamente la autorización, apuntó la Profepa. Subrayó que toma relevancia que las acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias del gobierno federal se han enfocado primordialmente a combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos pescadores han denunciado, por lo que la situación de la autorización de impacto ambiental era ajena a las competencias de la Profepa. Y advirtió que mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento para que el Ministerio Público Federal dé curso a las investigaciones y sancione a los responsables.