TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (apro).- Integrantes de la Coordinación de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Chenalhó pidieron hoy a las autoridades estatales y federales el desarme de los grupos civiles y que se investiguen las redes de tráfico de armas en ese municipio de Los Altos de Chiapas. En una misiva enviada desde la parroquia de Chenalhó, los líderes religiosos católicos de ese municipio demandaron a las autoridades estatales buscar una solución de consenso y diálogo para que las partes en conflicto de Chenalhó busquen una solución con los ciudadanos como actores principales y no con los partidos ni los contendientes directos. En el documento recordaron cómo se llegó a la masacre de Acteal en diciembre de 1997, con la tolerancia y permisividad para que grupos civiles armados operaran en la región con total impunidad. “Vemos con preocupación lo que pasa, pues pareciera repetirse la misma historia, por los actos de amenazas, muertos y heridos, desplazados, casas quemadas, actuación de grupos con tráfico de armas y, sobre todo, lo que más nos angustia es ver cómo, ante todas las voces que denuncian, las autoridades no hacen nada por resolver el problema y se escudan en pretextos absurdos”, dice la carta. “Ese sufrimiento en nuestro municipio tiene ahora el rostro concreto de más de 200 desplazados, el rostro de las familias de los muertos que ya suman cuatro, dos en la colonia Puebla en mayo del año pasado y otros en días recientes, hijos de dos líderes de una de las partes en conflicto”, destacaron. Asimismo denunciaron que en el municipio de Chenalhó se han reactivado los grupos armados y están actuando con total libertad e impunidad, “incluso paseando y haciendo alarde de sus armas en la cabecera municipal y en la colonia Puebla. “De hecho las autoridades estatales permitieron con completo conocimiento de causa que el grupo actual en posesión de la presidencia municipal, la retomara con sus propios grupos de choque en lugar de que, si efectivamente le correspondía la razón jurídica, la fuerza pública estatal hubiese restablecido el orden y actuado conforme a derecho”, cuestionaron. Las autoridades federales, subrayaron, deben investigar la procedencia de las armas que son consideradas “exclusivas del Ejército” ya que con insistencia se señala a las autoridades estatales como fuente de financiamiento. El documento está firmado por Manuel Pérez Jiménez, Damián Vázquez Gómez, Magdalena Ortiz Pérez, Juan Arias Pérez; el presbítero Manuel Pérez Gómez, párroco; María de la Luz Rodríguez López, Rafael Landerreche Gómez, Claudia Gutiérrez Hernández, Javier Sántiz Cruz, Lucio Vázquez Pérez y Tomasa Pérez Hernández. Además de dirigir el escrito a instancias de gobierno, también le enviaron copia a Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la Diócesis de San Cristóbal y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.