MADRID (apro).— La justicia en España es un tema de mucha polémica. Mientras los sentenciados por casos de corrupción reciben un trato condescendiente, la libertad de expresión está siendo duramente atacada, lo que no tiene otra lectura, sino que se vive un claro recorte de libertades. El 17 de enero pasado, un juzgado de Madrid archivó la investigación por posibles delitos de “incitación al odio” supuestamente cometidos por Alfonso Lázaro y Raúl García, dos titiriteros que fueron a dar con todo y sus huesos a prisión, porque los acusaron de “enaltecimiento al terrorismo” por una obra cuya ficción representaba el abuso de poder contra gente que quiere ser libre. Este caso es sólo uno de los muchos que dejan entrever la histeria en la que han caído algunos de los sectores más conservadores del país, y que responden con el endurecimiento de leyes para ciertas expresiones, pero que mantiene una serie de privilegios para quienes cometen delitos graves de corrupción. Esto hace chirriar al sistema y le hace perder credibilidad. Los titiriteros representaban una obra satírica llamada La bruja y Don Cristóbal, en la que mostraron un cartel con la inscripción “GoraAlka-ETA”, un juego de palabras que ni enaltecía a ETA ni a Al Qaeda, como se quiso hacer ver. En la ficción de estos artistas callejeros, se demuestra que el cartel con esa inscripción es una prueba fabricada por la policía para inculpar a la bruja, a quien la fotografían con el lema y con una “albóndiga bomba”. Sin embargo, la histeria colectiva de los grupos conservadores y sus medios de comunicación afines, sin ver la obra, descontextualizaron la misma y se dijo que ¡enaltecían al terrorismo! Sin mayor justificación, el caso fue archivado porque no había pruebas en contra de los titiriteros. En contraste, el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, fue condenado a seis años y tres meses por varios delitos de corrupción y fraude fiscal en el caso Nóos, pero para el tribunal debía permanecer en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en firme sobre su caso. Tampoco se le impuso la fianza de 200 mil euros que pedía el fiscal; se le impuso solamente la obligación de comparecer cada día 1 en el juzgado de su lugar de residencia, es decir, en Ginebra, Suiza, porque el tribunal no ve riesgo de fuga. Esta decisión fue el colofón de una cadena de resoluciones favorables a Urdangarín y a su esposa, Cristina de Borbón, que generaron mucha irritación social. Otro caso que también generó indignación es la sentencia a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico de José María Aznar y director del FMI, y a su antecesor en la dirección de Bankia, Miguel Blesa, por el caso de las llamadas “tarjetas black”. Rato con seis años y Blesa con cuatro años de prisión, por el momento no pisarán la cárcel hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus condenas por apropiación indebida. Lo más sorprendente es que la Audiencia Nacional rechazó enviarlos a prisión al valorar la conducta “intachable” de Blesa y el comportamiento “absolutamente cabal” de Rato en dicho procedimiento. Pero el desaseo de la justicia también viene del Ministerio de Justicia y de su titular Rafael Catalá, quien presionó a unas fiscales para que no imputaran al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien se le atribuyen cuatro delitos durante su gestión como alcalde, cometidos en la licitación y construcción de un auditorio. Con la operación de Catalá y la Fiscalía General del Estado se ha pretendido salvarle, pero el político ya fue imputado y debió sentarse en el banquillo a declarar. Él afirma que no es un caso de corrupción, y por tanto no dimitirá, pese a que Ciudadanos, el partido que se asoció con el PP para impulsar la investidura de Sánchez pide la dimisión inmediata de éste. El argumento pasa porque el partido de Albert Rivera y el PP firmaron el pacto de investidura con una cláusula que indica claramente de la separación de cargos públicos a imputados. Todo inició con la Ley Mordaza Sólo con la mayoría de votos del Partido Popular, Mariano Rajoy aprobó la Ley Mordaza en 2015, que entró en vigor en marzo de 2016 e impone multas que llegan hasta los 600 mil euros, si la causa se considera grave. Esta ley fue aprobada como reacción a las crecientes protestas contra las medidas de choque para paliar la crisis económica en España, y se le da un poder desmedido a las policías y afecta directamente al derecho de manifestación. Una de sus características es que sustrae del control previo de los jueces la sanción de algunas conductas que antes eran faltas. Ahora sólo pueden llegar al control judicial con posterioridad si se impugna la multa ejecutiva en la vía contenciosa, explican los abogados y jueces que están en contra de la medida. El magistrado Joaquim Bosch, hasta hace poco vocero de Jueces para la Democracia, decía en una entrevista reciente con el periodista Ramón Lobo: “Estamos en una etapa de recorte de libertades, de retroceso en materia de libertad de expresión”. Recordaba que en la transición, con ETA cometiendo asesinatos, llegaban a la Audiencia Nacional “unos tres casos al año por enaltecimiento del terrorismo. Ahora, que hace años que ETA ha dejado de matar, llegan más de 30”. Muestra de que al estamento político más conservador le interesa más controlar el reclamo de la gente –sobre todo en las redes sociales—y tiende a criminalizar opiniones críticas, sean de buen o mal gusto. La justicia en España está mostrando para quién trabaja y muestra contrastes que indignan en las calles de las ciudades españolas: Condena al rapero Valtonyc por injurias a la Corona, por decir en una canción que los Borbones son mafiosos y enaltecer a las bandas terroristas ETA y los Grapo. A este rapero mallorquí, Miguel Arenas Beltrán, se le condena también por enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas, por calumnias e injurias graves a la Corona y por un tercero de amenazas. El caso del líder del grupo de rap metal Def con Dos, César Strawberry, llegó al Tribunal Supremo, donde el fiscal pidió ante la Sala Penal de dicho tribunal que se le condene por “enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas” por seis mensajes difundidos en Twitter. No hay duda que Strawberry tiene un estilo provocador, pero la acusación llega al extremo del ridículo. Cuando la derechista dirigente del PP de Madrid, Esperanza Aguirre comparaba a Podemos con ETA, Strawberry escribió en esa red social, “el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los Grapo”. Su defensa argumentó que era una “fanfarronería dialéctica e irónica” para poner “el acento en lo absurdo” de la comparación hecha por Aguirre. Su caso aún tiene recorrido. Un tribunal pidió dos años y seis meses de cárcel contra una estudiante de Historia de 21 años, por 13 tuits de humor negro que mencionan el atentado en el que murió Luis Carrera Blanco, un militar y político que fue el último presidente de la dictadura franquista. El almirante Carrera Blanco murió en Madrid en un atentado perpetrado por ETA, en diciembre de 1973, que por el impacto de la bomba, el vehículo que lo transportaba voló por los aires. La joven hizo bromas como “Kissinger le regaló a Carrera Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”. Y el 30 de junio de 2015, cuando se celebraron marchas de protesta contra la Ley Mordaza, ironizaba: “¿Ya no puedo hacer chistes de Carrera Blanco?”. La familia de Carrera Blanco nunca ha actuado contra Casandra, así conocida la joven de Murcia, ni contra las organizaciones de víctimas del terrorismo. Sin embargo, fue la Guardia Civil la que inició las acciones contra esta activista. En alguna entrevista, la joven se preguntaba cuál es el límite de la libertad de expresión. Y cuestionaba que “algo está fallando en la Justicia” si ese límite se pone en “el jefe de Estado de una dictadura sangrienta”, como la franquista. Opinaba: “No se puede defender desde una institución pública a un cargo de una dictadura”, y consideró que no debía ser juzgada por eso. El absurdo llega porque no es la primera persona que lanza alguna broma por el caso de Carrera Blanco en 1984, cuando en uno de ellos se decía que “de todos mis ascensores, el último fue el más rápido”. La histeria llevó también a que la Audiencia Nacional condenara a 18 meses de cárcel a Beñat Lasa Fernández, quien en Twitter colgó una fotografía del atentado de Carrera Blanco, con una leyenda de los dibujos animados Toy Story que reza: “Hasta el infinito y más allá”. El joven reconoció haber sido el autor del tuit, por el cual le cayó año y medio de cárcel, por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, así como siete años y seis meses de inhabilitación absoluta. Todo esto hace que algo huela mal en la justicia española. Como la opinión del juez Bosch, muchos otros están en desacuerdo, porque se está castigando a la libertad de expresión. El juez Bosch también señalaba en la entrevista antes citada que entendía que todo lo que pasa está condicionado por lo que España ha vivido con el terrorismo de ETA. “Lo que no tiene sentido es que los agentes de Policía que antes se dedicaban a perseguir terroristas, se dediquen ahora a perseguir descerebrados en las redes sociales”. Y criticaba que la Audiencia Nacional, el “tribunal mejor dotado de instrumentos, el que debe juzgar casos de una enorme relevancia, dedique un porcentaje tan importante a perseguir tuiteros, expresiones de mal gusto, chismes más o menos desafortunados. Dice bastante del tiempo de retroceso de libertades que estamos viviendo. En un estado de derecho, en una democracia avanzada, nunca está justificado castigar opiniones. Solo está justificado cuando son incitaciones directas y claras a cometer actos violentos”.