Organizaciones civiles piden retirar candidatura del embajador Joel Hernández a la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a la candidatura del embajador Joel Hernández García para el cargo de comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2018-2021, presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto el pasado 28 de febrero.

“La candidatura de México del embajador y actual director general para la Organización de las Naciones Unidas –presentada sin consulta y sin transparentar los criterios de selección– pone de manifiesto una política encaminada a socavar la independencia e imparcialidad de los organismos internacionales de derechos humanos al proponer para el cargo de comisionado de la CIDH a una persona cuya trayectoria como diplomático y representante del Estado mexicano afectaría seriamente la credibilidad y efectividad de dicho órgano”, destacaron en un comunicado.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), entre otras organizaciones, precisaron que tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la CIDH, las y los integrantes de ese órgano deben ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”.

Es decir, el perfil idóneo es de una persona altamente especializada y con la más amplia y sostenida experiencia específicamente en el campo de protección, defensa y estudio de los derechos humanos, apuntaron.

Además, añadieron, la CIDH ha recordado que la garantía de independencia es imprescindible para que las y los comisionados puedan contribuir efectivamente al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Como condición para la credibilidad y efectividad de la CIDH, la independencia debe ser mantenida por las y los comisionados tanto en su dimensión personal como institucional, puntualizaron.

De igual manera, señalaron que sin perjuicio del conocimiento de algunos aspectos del funcionamiento de la CIDH por parte del embajador Hernández en su calidad de exrepresentante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), “no reúne los mencionados requisitos para desempeñar, de forma plenamente independiente, la trascendental función de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos como comisionado”.

El embajador es conocido y reconocido principalmente por el trabajo realizado en el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “labor que las organizaciones reconocemos y que precisamente por ese motivo es que consideramos que debería seguir realizando esas labores diplomáticas como representante de México”.

Al respecto, detallaron que incluso cuando los comisionados no votan en la resolución de casos individuales de sus países de nacionalidad, es importante recordar que todos ellos deciden sobre cuestiones tan fundamentales como las actividades de la CIDH en la región, las prioridades institucionales e internas, los estándares interamericanos en diversos rubros y la resolución de casos individuales de otros países, en los que se requiere independencia total de intereses gubernamentales para sentar precedentes que podrían después ser aplicados en casos mexicanos.

De hecho, subrayaron, es importante mencionar que aún sigue abierta la discusión de fortalecimiento de la CIDH, en la que se seguirán adoptando criterios sobre casos (admisibilidad, archivo, rezago, soluciones amistosas), así como de otras actividades relacionadas con el mandato de la Comisión Interamericana (medidas cautelares, solicitudes de información de acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana, audiencias, elaboración y contenido de informes, emisión y contenido de comunicados, etc.). Ese tipo de criterios tienen un impacto directo en una mayor o menor protección internacional.

En ese sentido, las organizaciones manifestaron su “profunda preocupación” por el manejo político de las nominaciones a cargos de organismos internacionales. Tal y como lo manifestamos en septiembre de 2015 ante la nominación de un embajador en retiro al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, nos preocupa que el Estado mexicano busque silenciar las voces críticas y expertas a fin de tener un mayor control sobre los organismos internacionales de derechos humanos”.

También expresaron su preocupación porque ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la grave crisis de impunidad y derechos humanos en México, “el gobierno mexicano busca afectar la independencia de dichos organismos en lugar de acatar las recomendaciones de éstos con el fin de avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos en México”.

En consecuencia, hicieron un llamado al gobierno de Peña Nieto a retirar la candidatura del embajador Joel Hernández a la CIDH y a votar en la próxima Asamblea General de la OEA “por candidatos y candidatas que reúnan los requisitos para integrar la CIDH durante los próximos cuatro años”.

Las otras organizaciones que firman el comunicado son: Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Balance A.C., Promoción para el desarrollo y juventud, Bowerasa, A.C. Haciendo Camino, Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT) y Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.

También el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., y Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.

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