CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) acusó al subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante, de favorecer al dueño de Grupo México, Germán Larrea, en el proceso de liquidación y entrega de utilidades de la minera de Cananea, y con ello, violar el contrato colectivo de trabajo, razón por la que exigió su destitución. En un comunicado, denunció que los miembros de la Sección 65, en huelga desde el 30 de julio de 2007, rechazaron el nuevo intento de someterlos a los intereses de Germán Larrea y Rafael Avante. “El subsecretario Rafael Avante está plenamente al servicio de Germán Larrea para ejecutar esta nueva maniobra de control de los trabajadores, quienes señalan que ese funcionario debe ser depuesto de su cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y colocado como empleado de Grupo México, que es adonde pertenece, ya que nunca ha estado para servir a los trabajadores ni tutelar sus derechos, desde que asumió el cargo en la anterior administración panista”, agregó. Avante –dijo el Sindicato-- debe irse a trabajar a Grupo México, pues “fue incrustado” en la Secretaría por Larrea. Añadió: “trabajó antes para el nefasto Javier Lozano Alarcón, extitular de la STPS, o ‘gato’ de Larrea, quien aún no ha sido juzgado penalmente por su encubrimiento del narcotraficante chino de las anfetaminas Zhenli Ye Gon, de quien recibió 205 millones de dólares, cuyo paradero ha quedado en la penumbra. El traficante chino fue amenazado por Javier Lozano de que ‘coopelas o cuello’, que se convirtió en acusación célebre en años pasados”. El sindicato de Mineros comentó que el subsecretario Rafael Avante también ha actuado en favor de los intereses de Peñoles, de Alberto Bailleres, así como los del Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo. Su última “hazaña”, mencionó, fue pretender que los huelguistas de Cananea acepten “mezquinas” liquidaciones muy por debajo de lo que les marca su propio contrato colectivo de trabajo, vigente a pesar de la irregular situación vivida en dicha empresa sonorense. Lo mismo ha sido, acusó el sindicato, su pretensión de que a los trabajadores no se les entreguen las utilidades (PTU), a que tienen derecho desde 2007 y 2008, cuando comenzó su huelga, aunque sí trabajaron. La presión de la CIDH De acuerdo con el Sindicato, la “jugosa” liquidación que ofrecen Avante, Grupo México y el gobierno de Sonora a los huelguistas es de sólo tres meses de sueldos, 12 meses por cada año --lo que marca la Ley Federal del Trabajo en su tope ultra mínimo-- y cero pago de utilidades, a las que legalmente tienen derecho, ya que son obligaciones generadas desde 2007 y 2008. Esta maniobra de Avante y Grupo México se da después de que el Sindicato Nacional de Mineros y los 832 trabajadores en huelga de Cananea denunciaron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 4 de enero de 2012. En ella solicitaron al organismo que opere sobre el gobierno de México para que éste dé una adecuada solución a la huelga que ellos sostienen desde el 30 de julio de 2007, es decir, hace ya casi 10 años, sin que la empresa Grupo México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, hayan hecho intentos de obligar a Larrea a llegar a una solución justa y legal para los empleados. La CIDH, en oficio cursado a los representantes del Sindicato Minero bajo el número de referencia “832 Mineros y Familiares, P-5-12” el 22 de noviembre de 2016, señaló que fijó al gobierno mexicano un plazo de tres meses a partir de esa fecha “para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”. Firmado por Débora Benchoam, a nombre del secretario Ejecutivo de la CIDH, el oficio señala que el organismo está dispuesto a “llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables”. Tanto la STPS como el Grupo México han mantenido total silencio desde que en enero de 2012 el Sindicato Minero presentó un recurso de revisión y queja a la CIDH. En él, los trabajadores de Cananea solicitaron su intervención para la solución de este conflicto por la violación a sus derechos humanos. En este asunto, el Sindicato Minero recusó en dos ocasiones, ambas victoriosamente, determinaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que fallaban en favor de los intereses de Grupo México y contra los trabajadores en huelga de Cananea, bajo el expediente IV-90/2009, correspondiente al pago de utilidades en 2007-2008. Ayer, Rafael Avante fue a Sonora, acompañado por representantes del gobierno estatal y de Grupo México, y pretendió que los trabajadores acepten las lesivas ofertas sobre liquidación y pago de utilidades, aun cuando fueron rechazadas por 832 trabajadores. Solo uno aceptó. Esta actuación, a decir los huelguistas de Cananea, confirma que Avante trabaja para Grupo México a espaldas del actual titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, lo cual resulta “cuando menos sorprendente”, pues la empresa no había querido pagarle nada a los trabajadores y ahora pretende erogar montos mucho menores que los marcados por la ley, es decir, por Contrato Colectivo de Trabajo merecen recibir los obreros en huelga. Por último, el SNTMMSRM aseguró que “lo que hace Rafael Avante es una respuesta desesperada a la denuncia del Sindicato Minero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que tanto él como Grupo México pretenden que el Sindicato No negocie a través de la CIDH la solución al conflicto de huelga, y por eso se apresuran a ofrecer esta falsa solución”.