CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cárceles de México “representan el más claro ejemplo de la violación a los derechos humanos”, porque en esos lugares es permitido “que con total impunidad se atente contra seres inmersos en la indefensión e inermes ante un sistema que nos mantiene como material de desecho”. Así lo denunciaron internos del penal de Puente Grande, Jalisco, que este viernes iniciaron una huelga de hambre para exigir mejores condiciones y el cese inmediato de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En una carta dirigida a las “autoridades pertinentes” y a los medios de comunicación, pero también a sus familias, los reos destacan la “lógica” aseveración del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que señala que en México “las cárceles son lugares donde existen pésimas condiciones de existencia”. Añaden: “En los últimos tiempos se había venido impulsando, no sin cierta tibieza y reticencias, cambios tendientes a mejorar las condiciones de las cárceles del país, acorde con las reformas al sistema de justicia penal. Sin embargo, en el caso particular del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente de Puente Grande, Jalisco, a partir del 10 de febrero, de manera inesperada, retrógrada y por demás atentando contra el sentido común, un nuevo equipo de trabajo en el área de Seguridad del penal se empezó a hacer cargo de la misma e inició de manera acelerada la implementación de una serie de nuevas medidas que contravienen descaradamente los principios elementales progresistas que esbozan las reformas impulsadas en el país, con el fin de combatir la generalizada violación a las garantías individuales y a los derechos humanos”. De acuerdo con el texto, firmado por los mil 068 presos, las autoridades penitenciarias mantienen a los reos encerrados en jaulas de concreto casi 23 horas al día, “aunado a las evidentes violaciones que se están generando y que hoy, a raíz de ello, fue como decidimos, a pesar de los riesgos a que estamos expuestos (…), iniciar una huelga de hambre, como primer medida, como una manera de alzar nuestra voz digna y firme, para hacer valer nuestros derechos injustamente violados”. Entre las demandas de los internos destaca la reanudación del servicio de cartas y tarjetas por visita, y el cese de la implementación de sanciones “por cosas o cuestiones minúsculas, inverosímiles”, cuyo único objetivo es “amedrentarnos y aterrorizarnos, con tal de inhibir cualquier esfuerzo en la defensa de nuestros derechos. Los presos de Puente Grande también exigen la restitución del estímulo a la ampliación de visita, ya sea familiar o íntima, porque “son un aliciente en el buen comportamiento y contribuyen a lograr de manera positiva la reinserción social y mantienen el hilo ya de sí débil, del tejido familiar tan severamente dañado por la reclusión”. Asimismo, el cese inmediato de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se realizan en su contra durante los traslados, “ya sea al área de C.O.C., a juzgados, a locutorios y a salas de visita, así como el cese inmediato del trato inhumano, hostil e indiferente que aplican los oficiales en el trato diario con la población penitenciaria, por órdenes del director de seguridad y del subdirector de la misma”. También demandan que se ponga un alto “a las exageradas restricciones al derecho a recibir libros y revistas”, y que se les proporcione calzado deportivo y calzado de diario (tenis y zapatos) “digno y decoroso (…), porque tenemos más de un año que no recibimos y en la actualidad la mayoría de nosotros casi caminamos descalzos o hacemos deporte con tenis que en realidad son despojos llenos de agujeros y rellenados con cartón y pedazos de calcetas”. De igual manera, que se les brinde servicio médico de mediana calidad, “porque el actual es pésimo”; la mejoría en el servicio de alimentación, “porque se ha vuelto deficiente, de mala calidad, tortuoso y tardío para proporcionarlo”, y que acaben las revisiones degradantes a las visitas. “Creemos que se hace necesario, para una efectiva solución al estado de situaciones que imperan, que se destituyan a los funcionarios responsables de estas políticas, que plenamente contravienen el espíritu progresivo de las reformas al sistema penitenciario, ya que son medidas medievales, inquisitoriales y retrógradas que violan flagrantemente el estado de derecho”, subraya la carta. Finalmente, piden a la opinión pública que permanezca atenta y dé seguimiento “a lo que de manera justa reclamamos, todo en aras de permanecer en reclusión como seres humanos que somos y no como hoy se nos trata, se nos ningunea y se nos mantiene con la bota en el cuello, pisoteando nuestros derechos, cosa que en definitiva no estamos dispuestos a tolerar y seguir permitiendo, aun a costa de los riesgos que esta huelga de hambre implica”.