CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roberto Campa Cifrián, subsecretario para Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) relanzó hoy la desacreditada “verdad histórica” del gobierno federal sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el funcionario aseveró que, a 30 meses de la noche de Iguala, “no se ha consolidado otra hipótesis”. Campa lo declaró en Washington, frente a representantes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la sesión dedicada a los avances del mecanismo de seguimiento al caso Aytozinapa. “O sea, ¿La hipótesis del Estado sigue siendo la del basurero?”, preguntó, indignado, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez. Algunos padres expresaron su ofensa y el micrófono del activista fue cortado enseguida. La misma CIDH mandató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en la investigación sobre el caso Ayotzinapa. En septiembre de 2015, el grupo descartó la “verdad histórica”, al sostener que 43 cuerpos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula. Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien presidió la sesión y estrenó hoy su papel de relatora especial de la CIDH para México, trató de calmar los ánimos en el Salón Rubén Darío. En vano. “Hay posibilidad de considerar la hipótesis de que es válida la versión del Estado?”, preguntó Campa, en respuesta al tumulto. “¡Se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento!”, insistió Patrón. “Importancia histórica” A lo largo de la audiencia, los padres de los 43 normalistas –quienes se presentaron como “la voz de más de 30 mil desaparecidos que no han tenido justicia”-- exhibieron las fallas de la investigación oficial, cuestionaron a los funcionarios sobre los escasos avances de la investigación y exhortaron a los miembros de la CIDH a extender el mandato del mecanismo de seguimiento hasta dar con el paradero de sus hijos. Los representantes del Estado, por su parte, ignoraron la mayor parte de los señalamientos y presumieron sus logros. Antes que el ambiente se tensara, el comisionado Paulo Vannuchi había planteado que la resolución del caso de Ayotzinapa revierte una “importancia histórica”, pues según el experto, se trata de un “caso simbólico”. El brasileño recordó que las autoridades mexicanas demostraron su eficiencia en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que deberían ser capaces de descubrir la verdad en la desaparición forzada de los 43 normalistas. Estableció un plazo tentativo del próximo mes de septiembre. Los familiares y los integrantes del Centro Pro proyectaron un video sobre el caso de Cesar Alejandro Chávez López, exvisitador interno de la PGR, quien concluyó en un informe sobre la investigación oficial del caso Ayotzinapa que algunas de las detenciones fueron “ilegales y arbitrarias” y que Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cometió irregularidades. El video recordó que la PGR presionó el funcionario para que “reconsiderara” sus conclusiones –él se negó y renunció--, y posteriormente escondió el documento al GIEI. Mario Patrón insistió en que las autoridades incumplieron con parte de las recomendaciones del GIEI. Según el activista, no interrogaron a los militares que mintieron, ni a los policías federales y municipales de Huitzuco; no profundizaron la línea de investigación sobre el traslado de heroína proveniente de Iguala hasta Chicago, en Estados Unidos; y tampoco han culminado los análisis telefónicos que permitirían identificar a actores claves de la zona, entre ellos los apodados “El Caminante” y “El Patrón”. “Este Estado nos ha negado la verdad, nos ha mentido, nos ha traído durante dos años y medio en sufrimientos de los que no tienen idea”, planteó Mario César González Contreras, al señalar con el índice la delegación de funcionarios mexicanos sentados frente él. Momentos después, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora en materia de Derechos Humanos, pretendió aportar buenas noticias sobre los avances de la investigación: aseguró que la PGR acota “todas las líneas de investigación” y cumplió con el 94% de las recomendaciones del GIEI, recordó que 128 personas se encontraban detenidas y que se estaban realizando estudios de balística, y señaló que la PGR había ampliado la zona de estudio satelital para descubrir fosas clandestinas. Además, dijo que el gobierno mexicano solicitó a las autoridades estadunidenses información acerca del trasiego de heroína producida en Iguala, pero precisó que la petición sigue “en trámite”. Asimismo, la funcionaria planteó que el pasado 9 de febrero reiniciaron las mesas de trabajo entre el gobierno y las familias, a las que el gobierno “entregó la información solicitada de manera transparente e inmediata”, e invitó a la CIDH a enviar un representante a la próxima reunión, que se llevará a cabo el próximo 20 de abril. “Total mentira” Vidulfo Rosales, abogado de los padres, tachó de “total mentira” la aseveración de la funcionaria, según la cual el gobierno entregó toda la información a la CIDH. Entre las evidencias ocultadas, Rosales mencionó la libreta de Sidronio Casarrubias –presentado por la PGR como líder de Guerreros Unidos--, en la que se encontraba el contacto de Omar Hamid García Harfuch, entonces coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, como lo reveló Proceso en noviembre pasado. El comisionado James Cavallaro extendió una serie de preguntas precisas al gobierno mexicano: -¿Por qué se ejercieron presiones sobre César Chávez para que el exrelator cambiara sus conclusiones? -¿Cómo van las investigaciones sobre los probables actos de tortura perpetrados contra siete de cada diez detenidos del caso? -¿Por qué, si ya transcurrieron 18 meses desde que el GIEI pidió una investigación más profunda sobre las redes de trasiego de heroína de Iguala a Chicago, sigue en trámite la petición de asistencia mutua del gobierno de México a su contraparte de Estados Unidos? -¿Qué avances existen sobre la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares? Durante largos minutos y mediante frases genéricas, pronunciadas con un tono inseguro, Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscribió especialmente al caso de Ayotzinapa, eludió los cuestionamientos. El funcionario se limitó a comentar que los padres interpusieron un amparo sobre el informe de la visitaduría; no respondió a la segunda ni la tercera, y respecto a los militares y policías municipales de Huitzuco, dijo que estos temas que “requieren reserva” se abordarán en reuniones de trabajo posteriores. Después de la pésima ponencia de Higuera, Campa tomó la palabra y relanzó la “verdad histórica”.