PUEBLA, Pue., (apro).- El Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y la Casa de los Derechos de Periodistas denunciaron que células del crimen organizado han lanzado amenazas de muerte contra periodistas de la región conocida como el “Triángulo Rojo”. En un comunicado, las organizaciones advierten que en esa zona de alta incidencia de robo de combustibles a Pemex, las bandas de los llamados “huachicoleros” han ofrecido de 10 mil a 15 mil pesos por “cabeza de periodista que se atreva a seguir informando”. La amenaza vertida en forma directa contra varios comunicadores, agregan, “es que se pagaría hasta 15 mil pesos por cabeza de reportero que siguiera informando sobre “la central de abastos de Huixcolotla y Zozutla”, en donde la presencia del crimen organizado mantiene el control de actividades económicas que van desde la venta de autos hasta la venta de combustible. Las agrupaciones alertan que la amenaza que se generalizó en las últimas horas, fue dirigida inicialmente a los corresponsales de Televisa y El Sol de Puebla, “medios que le han dado puntual seguimiento a los temas de inseguridad que se viven en esa parte del estado”. Por esa razón, exigen que el gobierno del estado garantice la salvaguarda de los corresponsales que realizan la cobertura de la nota policiaca en el llamado “triángulo rojo”, formado entre los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca, Acatzingo y Tecamachalco. “No podemos permitir que la región se convierta en una zona de silencio”, puntualizan. Piden que el Gobierno de Antonio Gali Fayad, con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y en concordancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Mecanismos Federal de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especial en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), brinde las garantías y proteja a los comunicadores. “Urge que el Congreso del Estado de Puebla tipifique claramente, en el marco jurídico del Estado, los delitos cometidos en contra de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a fin de que se ayude a la protección de la libertad de expresión en Puebla, mediante un contexto legal de transparencia, certeza y certidumbre”, reclaman las organizaciones.