ONG internacionales inician campaña para exigir libertad de defensores de territorio zoque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) iniciaron una campaña para exigir al gobierno federal y estatal la libertad de la activista Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia de Tecptán, Chiapas.

Mediante el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos –programa conjunto de la OMC y la FIDH–, dieron por recibida y analizada la denuncia emitida desde Chiapas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) sobre la detención arbitraria y la criminalización de la activista.

Según un comunicado, la denuncia incluye también el tema de la criminalización de otros 29 defensores indígenas zoques en el municipio de Tecpatán. Entre ellos van incluidos Lucas Nañes Castellanos y Sergio Fermín Álvarez, quienes junto con Juárez Juárez son los principales líderes del movimiento en Tectapán contra la industria de hidrocarburos y la minería en el territorio indígena zoque.

El pasado 21 de febrero, Silvia Juárez fue detenida en Tuxtla Gutiérrez por agentes vestidos de civiles, quienes no se identificaron al momento de la detención. Posteriormente, la trasladaron a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Chiapa de Corzo y luego al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados El Amate, en el municipio de Cintalapa, a unos 90 kilómetros de esta ciudad, donde se encuentra todavía privada de su libertad.

Durante la detención, los agentes dijeron a la activista que era por una denuncia en su contra bajo los cargos de motín, secuestro y daños en agravio de la sociedad.

Nañes Castellanos y Fermín Álvarez, así como los otros 27 defensores indígenas zoques tienen órdenes de aprehensión en su contra por los mismos delitos, a raíz de una denuncia interpuesta en su contra ante el Fiscal del Ministerio Publico en Chiapas de Corzo en relación con hechos ocurridos en Tecpatán el 13 de febrero.

Ese día, un grupo de ciudadanos inconformes con la administración del alcalde Armando Pastrana Jiménez, quien públicamente se ha manifestado a favor de la industria extractiva en la región, realizaron una manifestación en el ayuntamiento municipal.

Ante la negativa de ser atendidos, algunos manifestantes prendieron fuego a papelería y a una parte del edificio municipal, sin que se registraran heridos. Sin embargo, en ese suceso Silvia Júarez y algunos de los acusados ni siquiera se encontraban en Tecpatán en el momento de los hechos. Según ha documentado el Frayba, ninguno de los restantes acusados habría participado en estos actos de violencia.

Exigen liberación inmediata

El Observatorio de la OMC y FIDH condenó la detención arbitraria de Silvia Juárez Juárez, así como el hostigamiento judicial contra ella Nañes Castellanos, Fermín Álvarez y otros 27 defensores indígenas zoques.

También manifestó su preocupación por el hecho de que estos ataques parecen estar ligados a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos. Por ello, instó a las autoridades mexicanas a liberar inmediata e incondicionalmente a Juárez Juárez así como a poner fin al hostigamiento judicial contra 30 personas defensoras de derechos humanos.

En el marco de su campaña nacional a internacional, el Observatorio pidió a los organismos defensores de derechos humanos de México y otros países exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello, en Chiapas, la libertad inmediata de Silvia Juárez Juárez.

Además, demandó el establecimiento de garantías para que se ponga fin a todo tipo de criminalización contra todos los 30 defensores indígenas zoques.

La OMC y la FIDH también pidieron a Peña Nieto y Velasco Coello adoptar medidas inmediatas y más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de los 30 defensores indígenas zoques, así como en general de todos defensores de derechos humanos en México.

Les demandaron asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998; y garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

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