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Ante la CIDH activistas confrontan al gobierno mexicano por violaciones a los derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta mañana, organizaciones de la sociedad civil confrontaron al Estado mexicano –representado por Miguel Ruiz Cabañas, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos en la Cancillería— sobre violaciones a los derechos humanos en cancha neutra: la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Previo a la audiencia sobre el caso Ayotzinapa, en la que Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), revivió la llamada “verdad histórica”, se llevaron a cabo tres audiencias ante los comisionados del organismo internacional.

En una de ellas, activistas y periodistas advirtieron sobre los obstáculos que pone el Estado al derecho a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Mientras charlaban, proyectaron expedientes judiciales totalmente tachados en una pantalla, para demostrar cómo las autoridades burlan su deber de transparencia.

El comisionado Edison Lanza, estimó que “hay un problema en la legislación mexicana”. Explicó que las jurisprudencias en materia de violaciones graves a los derechos humanos abundan en el sistema interamericano, y todas convergen en que son casos que requieren de la máxima transparencia.

Marisol Flores Anaya, abogada en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, recordó las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, en las que 316 personas perdieron la vida, y que años después “ni las víctimas ni la sociedad sabemos qué ha pasado” debido a la negativa de las autoridades a entregar a las víctimas las copias enteras de los expedientes.

De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, la situación del derecho a la verdad se encuentra bajo la amenaza de la iniciativa de ley sobre el archivo general de la nación que, con el pretexto de proteger la identidad de las personas, se prestaría al “revisionismo histórico” e incluso a un “pacto de impunidad”, según Ana Cristina Ruedas, integrante de la organización Artículo 19.

Según la activista, esta ley dejaría a la Secretaría de Gobernación (Segob) la decisión de tachar los documentos de gran relevancia histórica, como los archivos de la Guerra Sucia, los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Doble discurso

Otra sesión se enfocó sobre las violaciones a los derechos de los migrantes que solicitan asilo en México, y cuyo número está creciendo de manera vertiginosa: en 2016, cerca de nueve mil ciudadanos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala– pidieron asilo en México, y para 2017 se espera que esta cifra se dispare a 22 mil.

Ruiz Cabañas reconoció los “retos” que enfrenta México en materia migratoria, pero aprovechó de la audiencia para reiterar las “preocupaciones” del gobierno mexicano respecto a los “discursos con rasgos discriminatorios” que imperan en Estados Unidos a raíz de la llegada al poder de Donald Trump.

Ana Lorena Delgadillo respondió: “México da una batalla fuerte para los migrantes en Estados Unidos pero en el país, sin embargo la población migrante en tránsito por el país es la más vulnerable”.

Rita Marcela Robles, investigadora mexicana del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, recordó que México se está convirtiendo en un país de destino para refugiados, y deploró que la administración mexicana mantenga su estrategia de contención migratoria a través del Programa Frontera Sur, pese a las crisis de violencia y pobreza, además de la sequía, que asestan los países centroamericanos.

Señaló que entre 2013 y 2016, las autoridades mexicanas detuvieron a cerca de 600 mil migrantes y otorgaron el estatus de refugiado apenas a cuatro mil 561. También señaló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron en tres mil 102 operativos conjuntos con el Instituto Nacional de Migración (INM) y policías federales en 16 mil 623.

Javier Martínez Hernández, integrante de la Casa del Migrante de Saltillo, enumeró por su parte una serie de protocolos en materia de asilo que las autoridades mexicanas no aplican en la práctica, entre otros: el INM mantiene en detención a los solicitantes de asilo, no recibe las solicitudes de asilo de forma oral, la Comar no hace gestiones para proteger a los niños y las mujeres, y sólo tiene tres oficinas en todo el país.

“Somos conscientes de nuestro deber”, sostuvo Ruiz Cabañas, al añadir que México reforzará sus mecanismos de protección a los “verdaderos refugiados”, y planteó que el gobierno pedirá una “mayor corresponsabilidad de los países del Norte y del Sur” en la gestión de la crisis migratoria.

Las partes acordaron instalar mesas de trabajo para determinar alternativas a la detención.

“Pase directo”

El día de audiencias arrancó con señalamientos sobre el posible “pase directo” de Raúl Cervantes Andrade, el actual procurador, a la futura Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá la lucha contra la corrupción entre sus atribuciones.

La comisionada Esmeralda de Trotiño, nombrada ayer relatora de la CIDH para México, insistió en que el sistema de selección del fiscal deberá “estar acompañado por la participación de la sociedad civil” para vigilar que el funcionario nombrado tenga conflictos de intereses.

Roberto Andrés Ochoa Romero, coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la PGR, replicó por su parte que la designación del futuro fiscal no sólo recaerá en el presidente de la república, sino también en el Senado, lo que calificó como “un contrapeso democrático”.

El activista Alfredo Lecona reviró que el Senado dio su aval al nombramiento del también senador Cervantes a la PGR, en un proceso que duró menos de 24 horas.

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