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Indígenas del Istmo de Tehuantepec se amparan para proteger zona de megaproyectos económicos

OAXACA, Oax. (apro).- Indígenas Binnizá (zapotecos), Ikoots (huaves), Mixes, Chontales y Zoques presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, con el objetivo de proteger los derechos de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec ante la creación de la Zona Económica Especial que confirmaría la validación de una política económica de despojo.

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec conformaron la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio para hacer frente a la intromisión y despojo de sus territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, según informaron en un comunicado.

Más de mil 800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec “decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”, dijeron.

Los indígenas inconformes explicaron que “el amparo colectivo regional interpuesto ayer tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Y es que, concluyeron que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

En el comunicado, mencionaron que “este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.

Así justificaron la importancia de la acción constitucional planteada para que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano.

Las afectaciones

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”.

Agregó que ahora que el “gobierno federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de tres mil 683 MW, esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son dos mil 192 MW, con alrededor de mil 900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.

Los inconformes consideraron que esta segunda fase eólica llega de manera impuesta e, igual que la primera, “con promesas de desarrollo y crecimiento”.

Recordaron que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”, pero los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son:

“Acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, los manifestantes precisaron que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras.

También hicieron hincapié en que las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios.

Para reforzar su dicho, mencionaron que tan solo en Juchitán, donde hay 12 parques eólicos, en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de dos mil 859 millones 604 mil 530 pesos.

Y en Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde, pese a que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Aunado a ello, aumentó la emigración por el desempleo, hay impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Esto, sin contar el proceso de división al interior de las comunidades, ya que “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores”.

Como ejemplo, citaron los conflictos y la ruptura del tejido comunitario en San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Ciudad Ixtepec.

Finalmente, los demandantes consideran que la Zona Económica Especial busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tiene un sentido de identidad con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria.

Por ello, advirtieron que la creación de la ZEE en la región del Istmo es la “validación de una política económica de despojo”.

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