GUANAJUATO, Gto., (apro).- Por unanimidad, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado ordenó que se reanude el proceso judicial contra el regidor perredista Julio César García Sánchez por el delito de violencia familiar en contra de su exnovia. El funcionario, acusado de infligir violencia física y emocional a su expareja, fue sometido a un juicio de procedencia para eliminarle el fuero –con el fin de que afrontara ese proceso–, pero a fines de enero sus defensores lograron la suspensión, luego de prometer que García Sánchez repararía el daño, se sometería a terapia e incluso haría trabajo en favor de las mujeres en una dependencia pública. La víctima se opuso a esa salida alterna contemplada en el nuevo sistema y rechazó el ofrecimiento, pero el magistrado Francisco Medina, quien presidió la audiencia en aquella ocasión, determinó que se cumplía con las condiciones para suspender el proceso por un año, siempre y cuando el regidor cumpliera con lo prometido y no se acercara a la mujer ni a la familia de ésta. Por decisión de la víctima, la Fiscalía interpuso un recurso para impugnar la resolución y, como se trata de un servidor público, el asunto se llevó al pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en calidad de Tribunal de Alzada, que celebró dos audiencias, una en la que escuchó a la víctima y a las abogadas defensoras de García Sánchez, y otra para emitir su veredicto, este miércoles. “Si estoy aquí es porque creo que la ley impera… Tengo derecho como mujer a sentirme libre, tranquila, en mi casa y en la calle, y a que un servidor público no me trate mal, no se sienta con el poder o más que una”, señaló la expareja del regidor al hablar ante el pleno del Supremo Tribunal, con el respaldo del Centro Las Libres. El funcionario de la alcaldía en esta capital no acudió a ninguna de las dos audiencias. Según el dictamen de resolución presentado por el magistrado Héctor Tinajero, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé que se prohíben las posibilidades de conciliación o mediación en delitos como el de violencia familiar, puesto que éste involucra una relación de sometimiento de la víctima hacia su agresor y, por ende, se trataría de una nueva imposición a la ofendida. Con ello, los magistrados consideraron que aunque fue válido lo ofrecido por el regidor para resarcir el daño a la víctima en términos monetarios o de terapia, se obligó a ésta a aceptar un medio distinto al proceso sin que ella estuviera de acuerdo. “La oposición de la víctima resultó razonable, se está ante un delito cometido contra la mujer… Es imperativo que el Estado someta a la justicia a quienes ejercen violencia contra las mujeres a fin de erradicar esas conductas… Resulta obligado someter al inculpado a proceso y, en su caso, sancionar la conducta”, destacó el magistrado ponente. En consecuencia, el pleno del Poder Judicial determino: “Habrá de continuarse con el proceso”.