CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del Día Mundial del Agua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a cuatro autoridades federales, dos gobernadores y cinco presidentes municipales, “por ser omisos en garantizar los derechos humanos a un ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información” sobre la contaminación en los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan, y sus afluentes que atraviesan los estados de Puebla y Tlaxcala. En la recomendación 10/2017, el organismo confirmó que “las descargas residuales no controladas, tanto municipales como industriales”, contaminan dichos ríos y sus afluentes “en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla, y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala”. En un comunicado, la CNDH resaltó que en cuanto al río Atoyac, autoridades de los tres niveles de gobierno “no han llevado las acciones necesarias” para atender la contaminación de este cuerpo de agua, a pesar de la existencia de una Declaratoria “en la que se especifican límites de descarga de contaminantes a este cuerpo de agua más rigurosos (…) por lo que lo que las descargas irregulares de aguas residuales continúan, y la contaminación del citado río y sus afluentes persisten”. Luego de que en 2011 se recibiera la queja, el organismo dirigió lineamientos al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), Rafael Pacchiano alamán; al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra; al procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, y al responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tepoz. También a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, José Antonio Gali Fayad y Marco Antonio Mena Rodríguez, respectivamente, así como a los alcaldes de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, José Rafael Núnez Ramírez, Carlos Alberto Morales Álvarez, Carlos Fernández Nieves, Carlos Murias Juárez y Rafael Zambrano Cervantes. De acuerdo con la investigación realizada por la CNDH, a partir de la queja CNDH/6&2011/9437/Q se confirmó que las comunidades al borde de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, están “expuestas a los contaminantes procedentes de descargas municipales e industriales sin tratamiento previo o con deficiencias, pues en algunos casos no se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, y en otros no se tiene la capacidad suficiente o se encuentran fuera de operación”. Para el organismo, los orígenes de la alteración ecológica del vaso de agua y de las comunidades aledañas están en el crecimiento poblacional de la región y en las descargas industriales del Complejo Petroquímico Independencia de Petróleos Mexicanos, ubicado en Santa María Moyotzingo, así como en tres complejos industriales y en maquiladoras textiles. “La contaminación del agua por sustancias químicas, como los metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes, presentes en los aditivos químicos de equipos eléctricos, los productos de limpieza, los textiles y los muebles, pueden acumularse en los organismos de los seres humanos, fauna y flora, causando efectos cancerígenos y otros efectos adversos en los sistemas reproductivo, inmunológico, endócrino y en el desarrollo”, explicó. De igual manera, recomendó a las autoridades federales “elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la cuenta del Alto Atoyac”, y que informe acerca de las infraestructura instalada para el tratamiento de aguas residuales vertidas en los cuerpos de agua en el país; la aplicación de medidas “técnicas correctivas” urgentes para evitar descargas ilegales, y que requiera a las industrias a apegarse a las directrices de la Declaratoria de los Ríos Atoyac y Xociac, además de incrementar las estaciones de monitoreo. También, que se vigile y se sancione a las empresas y municipios que incurran en descargas irregulares, que se interpongan denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), se obligue a la reparación de daños ambientales, se identifiquen los riesgos sanitarios y se realice un “diagnóstico toxicológico”. A los gobernadores de Puebla y Tlaxcala se les recomendó asignar “presupuesto suficiente para el otorgamiento de recursos públicos a los municipios para la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento suficientes para la operatividad en los servicios municipales”. Y a los cinco alcaldes se les exhortó a incorporar en los requisitos para otorgar permisos de descargas de agua a la red de alcantarillado: “la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes con programas de mantenimiento periódico”; gestionar fondos ante la Conagua y los gobiernos estatales para construir sistemas de tratamiento municipales, y un programa eficiente de verificación de descargas. Al señalar que la contaminación de los cuerpos de agua es preocupante en México, la CNDH resaltó que de acuerdo con el Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi), sólo 34% de los municipios, es decir 827 de 2 mil 457, “cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales”. En este día declarado por la Asamblea General de la ONU como Día Mundial del Agua, el organismo hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales “para que conjuntamente contribuyan a lograr la cobertura universal, con calidad, de los servicios de agua potable y saneamiento”.