CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos y defensores de derechos humanos condenaron la indiferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia la exigencia de frenar el hostigamiento y emprender una investigación contra los responsables del espionaje contra activistas que promueven el impuesto al refresco. A través de un desplegado firmado por decenas de académicos y organizaciones nacionales e internacionales, los demandantes señalaron que desde el 14 de febrero pasado que exigieron en una carta pública al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese al hostigamiento y la vigilancia contra Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Encarnación, de ContraPESO, y Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, así como una investigación exhaustiva, seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables. Sin embargo, denuncian, “las demandas de investigación no han encontrado ninguna respuesta por parte del gobierno mexicano”. Los firmantes condenaron nuevamente los actos de espionaje contra defensores del derecho a la salud en México, con la “utilización gubernamental de programas informáticos altamente intrusivos…en contra de académicos y organizaciones de la sociedad civil”. El miércoles pasado, los inconformes enviaron una carta al primer mandatario con su exigencia de cese al espionaje y el inicio de una investigación al respecto. En ella recuerdan que el pasado 11 de febrero, el laboratorio The Citizen Lab, adscrito a la universidad de Toronto, reveló que durante los meses de julio y agosto de 2016, Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, recibieron mensajes a sus celulares con vínculos que redirigían hacia páginas que contenían el programa espía Pegasus. Pegasus forma parte del portfolio de programas espías que desarrolla y distribuye la empresa israelí NSO Group –estrechamente vinculada con el gobierno de Israel–, la cual sostiene que sólo vende sus productos a gobiernos y agencias estatales con el único objetivo de combatir el crimen organizado y prevenir actos terroristas. “Esta situación es grave y despierta preguntas que deberían ser resueltas con celeridad”, subrayan los firmantes.