Perpetúa impunidad práctica de la tortura en México: CCTI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras sigue detenida la aprobación de la Ley General contra la Tortura, expertos presentaron un nuevo informe sobre este delito de lesa humanidad en México, y advirtieron de la debilidad estructural por parte de procuradurías y las comisiones de derechos humanos para atender el problema perpetuando la impunidad.

Al exigir la aprobación de una legislación apegada a estándares internacionales, representantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Red Nacional de Peritos Independientes y Amnistía Internacional, dieron a conocer un nuevo informe que sistematiza 50 casos de tortura, que reflejan que en México esa práctica es utilizada para arrancar confesiones y vincular a las víctimas con el crimen organizado y secuestros, así como “en contra del movimiento social como elemento desestabilizador de organización”.

Javier Enríquez Sam, director del CCTI, que opera desde 2004 para realizar peritajes especializados y capacitar a profesionistas en la aplicación del Protocolo de Estambul, un método médico y psicológico para determinar la tortura, explicó que de los más de 400 casos documentados ampliamente por su organización, se seleccionó 50 “emblemáticos para establecer los patrones utilizados por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas para infringir tortura, confirmándose una serie de violaciones que empiezan por la detención arbitraria en el cien por ciento de ellos”.

Los casos analizados, ocurridos en Jalisco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Baja California Norte, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, corresponden a 10 mujeres y 40 hombres, a quienes una vez denunciada la tortura, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) les aplicaron un estudio médico-psicológico para determinar si fueron víctimas de esa violación o no, toda vez que la dependencia es la única autorizada para hacer el estudio.

Al cuestionar el método de revisión de la PGR, por “la falta de acceso efectivo al examen, de investigaciones prontas y exhaustivas, así como la falta de independencia y monitoreo”, Hernández Sam destacó que el dictamen oficial “vulnera, obstaculiza y cierra la posibilidad de acceder a la justicia a las víctimas que denuncian, obligándolas a probar su inocencia”.

De acuerdo al estudio, la mayor parte de las víctimas o sobrevivientes de la tortura oscilan entre los 19 a los 31 años; fueron detenidos en 57.14% de los casos en vía pública y en 30.61% en sus domicilios, todos sin órdenes de aprehensión .

En cuanto a los perpetradores, en 42% de los casos pertenecían a la policía estatal; en 22% policías de investigación; en 15% policía preventiva, en 10% el Ejército y 5% la Marina, en tanto que el 41.67% fue exhibido a los medios de comunicación.

De acuerdo al reporte “la mayoría de las víctimas o sobrevivientes son indígenas, mujeres y luchadores sociales”, que además de ser torturadas para involucrarlos en hechos delictivos, “es común que se creen o presenten evidencias falsas”, en tanto que el momento de mayor crisis es entre “los primeros 60 a 120 minutos antes de ser presentado ante el Ministerio Público, tiempo empleado para realizar métodos de torturas físicas, psicológicas y sexuales, en muchas ocasiones estos métodos se prolongan más allá de la confesión”.

Entre los métodos más frecuentes de tortura están “golpes y patadas con las botas; el uso de la bolsa de plástico; el uso de armas para golpear, para amenazar y hacer simulacros de ejecución, pasarla por los genitales; el mal uso de las esposas para producir heridas y poner en posiciones forzadas; el uso de cintas, vendas o toallas para bloquear el estímulo sensorial, inmovilizar y facilitar la aplicación de otros métodos; también el uso de los toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”.

A ello el CCTI identificó “un uso combinado de las amenazas de muerte, de daños a la familia, la humillación, los insultos, el abuso verbal, la simulación de ejecución o violación”, en tanto que la tortura sexual “está presente en casi todos los casos”.

Edith Escareño, también del CCTI consideró que hay una intención “deliberada” de las autoridades responsables de confirmar los actos de tortura, por evitar que se inicien procesos para realizar investigaciones, pues “hay lapsos de dos a cuatro años para aplicar el dictamen, con lo que las huellas de lesiones físicas prácticamente han desaparecido, y así poder determinar que no hay indicios de tortura”.

Al señalar que hasta 2015 sólo había cinco sentencias por tortura en el país, de las cuales dos estaban firmes, destacó que en 2016, a los solicitantes de la realización del dictamen, se les informó que había “3 mil solicitudes esperando el estudio, y que podrían programarse hasta 2018 o 2020, a ello hay que sumarle a que no hay personal suficiente ni capacitado para la realización de los estudios”.

Valeria Moscoso de la Red Nacional de Peritos Independientes, puntualizó que los dictámenes que realizan los especialistas de la PGR, “son en realidad estudios de personalidad, que están alejados de los lineamientos del auténtico Protocolo de Estambul, y que están más bien encaminados a descalificar a la víctima, decir que sufre perturbación en su personalidad de ahí que se descartan las denuncias por tortura”.

Gerance Tardieu, de Amnistía Internacional, recordó que el año pasado, la organización realizó un estudio con 100 mujeres internas en penales de máxima seguridad, que confirmaron abusos en 100% de casos, 72% denunció tortura sexual y 33% fueron víctimas de violación.

Los defensores pusieron a disposición de legisladores el estudio realizado por CCTI, como una evidencia más de la situación de tortura en el país, con la finalidad de que sea tomado en cuenta en la aprobación de la Ley General contra la Tortura, para que “se apegue a los más altos estándares internacionales”.

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