CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el asesinato de Manuel Buendía, en mayo de 1984, quedó claro que el crimen a periodistas en México tiene un triple propósito: eliminar físicamente al informador incómodo que ventila y documenta los pactos mafiosos del poder político, intimidar a los otros colegas del gremio para establecer un mecanismo de censura indirecta o de autocensura, y afectar el derecho de la sociedad a saber y conocer. El homicidio de Buendía, el columnista más célebre de la prensa mexicana en esos años, constituyó el primer gran foco rojo de la tremenda historia de decadencia del Estado mexicano capturado por el crimen organizado. Fueron los años en que a México se le catalogaba como un “Estado sensible al narco” y en riesgo de convertirse en “narcoestado”. Los secretos de Buendía sobre el papel de la CIA en el narcotráfico mexicano, el apoyo a la Contra nicaragüense y el papel de altos mandos políticos se fueron a la tumba con él. Después ocurrieron otros crímenes que recorrían rutas similares como el asesinato al Gato Félix, en Tijuana, que anticipó la larga noche de la disputa del cártel de los Arellano Félix; los ataques a Jesús Blancornelas y a Zeta, bajo el sospechoso manto de protección de la narcopolítica con un personaje constantemente señalado: Jorge Hank Rhon. Lo mismo sucedió en otras “plazas calientes” como Ciudad Juárez, Guadalajara, Culiacán y Nuevo Laredo, disputadas por los cárteles y sus vínculos con los cárteles. Con la alternancia panista en el 2000, no vino la democracia ni el Estado de derecho. Sobrevino el avance acelerado del “narcoestado” a la mexicana en áreas de impunidad tan fuertes como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, las entidades con mayor número de periodistas asesinados, intimidados, agredidos y secuestrados. Desde 2000 a la fecha, la CNDH contabiliza 123 periodistas asesinados; más de 400 casos documentados de intimidación, amenazas y secuestros, así como una etapa creciente de ciberataques y amenazas desde cuentas de internet falsas, sobre todo, en entidades como Puebla. Los crímenes a periodistas se han minimizado por las propias élites gobernantes en las entidades y a nivel federal, por las principales instituciones de procuración de justicia responsables de investigarlos y por los directivos de los propios medios de comunicación, salvo honrosas excepciones que encabezan la defensa y no la negociación de sus reporteros asesinados y amedrentados. Los tres casos recientes de marzo de Cecilio Pineda, Rodolfo Monlui y Miroslava Breach reflejan muy bien esta situación. Ningún medio de influencia nacional ha tomado la defensa y documentación de los dos primeros, salvo por sus propios colegas. La Jornada ha encabezado la denuncia del crimen de Miroslava Breach y Proceso publicó esta semana en portada un amplio expediente del caso, pero la peor indiferencia es la de otros medios grandes e influyentes de comunicación. Para la gran mayoría, los crímenes se reducen a nuevos datos estadísticos y se pierden en este horroroso “paisaje” nacional de homicidios impunes, fosas clandestinas, ejecuciones. Algunos colegas aún escriben que “no comulgo con la idea de que esas muertes se coloquen por encima de las demás muertes” (José Cárdenas, El Universal, 28-marzo-2017). Nadie dice que los homicidios a periodistas deban estar por encima de otros. Argumentamos que revisten una importancia especial por los tres elementos descritos que los convierten en un asunto público de primer nivel. Hasta ahora, ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni el procurador General, Raúl Cervantes, han tenido una reacción de indignación, empatía o solidaridad con los familiares de los tres reporteros asesinados en marzo, mucho menos del gremio. Osorio Chong prefiere sumarse a la campaña contra el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, pero mantiene silencio sobre la responsabilidad del priista Héctor Astudillo, en Guerrero, y sobre la suya propia como cabeza del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Durante los últimos 4 años de existencia de este mecanismo, las agresiones a periodistas no han disminuido. Por el contrario, se elevaron en un 79 por ciento. La organización Artículo 19 resaltó en su informe de 2015, Estado de Censura, que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el sexenio de Peña Nieto (el doble de ataques registrados durante el gobierno calderonista: 48.1 horas). La periodista Sallie Hughes y la académica Mireya Márquez publicaron un estudio titulado Worlds of Journalism, donde revelan que casi la mitad de los 377 periodistas encuestados han recibido amenazas y el 42. 8 por ciento lo atribuyeron a amenazas por haber publicado notas relativas al crimen organizado. Las historias de Cecilio Pineda y de Miroslava Breach confirman el peso de la narcopolítica en los crímenes de periodistas que siempre son evadidos por las autoridades investigadoras. Cecilio Pineda denunció en La Voz de Tierra Caliente el vínculo de protección entre el legislador local priista Saúl Beltrán y el líder del grupo Los Tequileros, Raybel Jacobo. Incluso, Televisa difundió en enero de este año un video donde se veía a Saúl Beltrán en un festejo con Raybel Jacobo. Pineda investigaba las actas que acreditaban el compadrazgo entre ambos. El gobierno de Héctor Astudillo no hizo nada. Su fiscal Xavier Olea armó el caso tan mal que ahora el propio diputado local puede ampararse. En Chihuahua, La Jornada ha publicado que las últimas investigaciones de Miroslava Breach eran sobre la colusión de funcionarios del exgobernador priista César Duarte con la perforación ilegal de pozos de agua, en una amplia operación de lavado de dinero en 9 municipios (La Jornada-25 marzo-2017). Desde agosto de 2016, Miroslava recibió amenazas a raíz de un espléndido trabajo titulado: “Destierra el narco a centenares de familias en la sierra de Chihuahua”. En su reciente edición 2108, Proceso publicó que sicarios de La Línea, del Cártel de Juárez, se disputan a tiros el territorio de la Sierra Tarahumara, con un saldo de 8 sicarios muertos, tan sólo el pasado fin de semana. Desde que Corral asumió el poder, se han incrementado a 889 el número de homicidios dolosos en la entidad, desde octubre 2016 a marzo 2017. A César Duarte y a sus principales cómplices, ni la autoridad estatal ni la federal los ha llamado para comparecer sobre éstos y otros delitos, sobre la profunda descomposición en Chihuahua y en la Sierra Tarahumara. Pero a Miroslava Breach la asesinaron a quemarropa en la mañana del 23 de marzo para mandar el mensaje mafioso de las balas: silencio o plomo. www.homozapping.com.mx