MONTERREY, NL (apro).- Para responder a la creciente violencia en los penales de Nuevo León originada por pugnas de grupos criminales en el interior, el grupo de coordinación de seguridad de la entidad emprenderá un análisis de los centros penitenciarios con el fin de reestructurarlos de manera profunda, incluido el cambio de funcionarios, anunció hoy el vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua. “Esto ya no es de discurso, es de decisiones. Se va a quedar quien se tenga que quedar y se va a ir quien se tenga que ir. Lo mismo lo que se construye. Esto es a todos los niveles. Todo se va a evaluar. No es cuestión de gusto si un funcionario se va o se queda. Hay evaluaciones y esto se da de acuerdo a circunstancias”, dijo. El funcionario señaló que no es posible dividir a los internos por organizaciones criminales, pues las que operan son diversas, constantemente cambian y crecen en número. “No podemos reacomodarlos por carteles porque la semana entrante surge otro, pues se dividen. Zetas y del Noreste eran los mismos y ya son dos. Del Golfo y Zetas antes eran lo mismo y ya son dos. La Federación era una y ya son cinco. ¿Vamos a construir 25 penales? No se puede”, aclaró el funcionario. La revisión de las condiciones en que operan los reclusorios de Cadereyta, Apodaca y el Topo Chico es emprendida por un grupo multidisciplinario del estado y la federación. Durante la próxima semana se conocerán las acciones que realizarán. “Se tomarán decisiones para mantener la calma de manera permanente y esperaremos a que termine la investigación de la Procuraduría estatal respecto a estos hechos. Se tienen que dar estas dos circunstancias al mismo tiempo para que venga la toma de decisiones”, dijo. La revisión se hará en infraestructura, actuación del personal y la misma situación de los internos, pues existen en el interior detenidos de distintos carteles que llevan de la calle a la prisión sus pugnas. Al aclarar que el control de los penales debe llevarse de manera permanente, “minuto a minuto”, el vocero de seguridad, Aldo Fasci, –fuente del gobierno estatal que ha dado información en esta crisis penitenciaria–, dijo que los centros de reinserción social reforzaron su vigilancia. “Estamos en alerta máxima, el sistema penitenciario completo. Los centros de adolescentes, de mujeres y los tres para hombres. Esto ocurre por la pugna entre los grupos delictivos. Hay molestia entre ellos porque antes se mataban y porque ahora viven juntos. Zetas, golfos, todos”, explicó. El funcionario recordó que en las últimas semanas hubo unos 200 detenidos en la entidad por causa de narcomenudeo, lo que provoca más tensión. Agregó que esta circunstancia se suma a la destrucción en el Penal de Cadereyta, a causa del fuego provocado el pasado martes en 360 espacios, en edificios que deberán ser demolidos y reconstruidos. Al referirse al segundo día de incidentes en ese mismo reclusorio, precisó que hubo cuatro muertos y 21 lesionados. De los fallecidos, uno resultó intoxicado con medicamentos sustraídos de la farmacia y los otros tres fueron encontrados calcinados. De acuerdo con los indicios, ninguno de estos presenta muestras de agresión, por lo que se supone que perecieron a causa de las drogas ingeridas. El vocero de Seguridad del estado mencionó que la federación envió a Nuevo León 60 millones de pesos, insuficientes para los mil 250 que se necesitan al año para operar los reclusorios. Finalmente, para explicar la manera en que ocurrió el motín del martes, Aldo Fasci dijo que la inconformidad fue provocada por un grupo de 56 internos rechazados al interior del área donde cohabitan 300. De este grupo marginado se desprendieron unos cinco que asaltaron la farmacia, tomaron medicamentos y los ingirieron sin precaución, lo que provocó su intoxicación. “Empezaron a ingerir, como si fueran refrescos, los botes de pastillas y empezó la violencia, quemando colchones”, detalló. No obstante, mencionó que ya está identificado un posible instigador de los hechos: se trata de un reo “muy peligroso” presunto cabecilla del grupo de alebrestados.