CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un Estado de México gobernado por los intereses del llamado Grupo Atlacomulco, la polémica Ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad –también conocida como Ley Eruviel– abre la puerta a la represión de movimientos en defensa de las aguas, la tierra, los bosques o los minerales, denunciaron hoy organizaciones mexiquenses. Las ONG anunciaron que el combate contra la ley continúa: instalarán foros consultivos para analizar el nuevo marco legal, vigilarán los debates en el Congreso local y redactarán una contrapropuesta legislativa. Si los legisladores mexiquenses se negaran a aplicar los cambios de fondo al texto, las organizaciones combatirán cada artículo mediante juicios de amparo, advirtió el abogado Antonio Lata, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley, publicada en marzo de 2016, el máximo órgano de justicia del país no consiguió la mayoría calificada de ocho votos para censurar otros artículos polémicos, violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Reunidas esta tarde en la Ciudad de México, representantes de las organizaciones recordaron que la campaña política del priista Alfredo del Mazo Maza –al que tacharon de “primer primo de la nación” en referencia a sus vínculos familiares con el presidente Enrique Peña Nieto-- para la gubernatura de la entidad es “Fuerte y con todo”, un mensaje que calificaron de “ambiguo”, pues señalan que evidencia sus aspiraciones autoritarias. “Ya en la campaña vemos cómo están comprando el voto masivamente, cierran cualquier camino para un cambio democrático (…) Es inadmisible que una familia esté dueña del Estado de México, es gente a la que no les interesa en lo más mínimo los derechos humanos, sólo el poder”, deploró Lara. Los activistas advirtieron que la pretensión del gobierno federal y sus aliados mexiquenses de acelerar la urbanización de la zona metropolitana detonará más movimientos de resistencia en defensa del agua, las tierras y los bosques en poblaciones del Estado de México, y particularmente en zonas indígenas. “Está para Atlacomulco el gran negocio, que pasa por el despojo de aguas, tierras, bosques y minerales”, aseveró Sergio Velásquez, integrante del Frente 9 de Junio Coyotepec. Recordó que de este grupo político vienen proverbios priistas como “un político pobre es un pobre político” o “sin obras no hay sobras”. Igual advirtió que los pueblos en resistencia “permaneceremos en la defensa de los bienes comunes”, y subrayó que ya existen múltiples comunidades que se oponen a megaproyectos en la entidad. Citó por ejemplo la autopista Toluca-Naucalpan, que fue concesionada a Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, y atraviesa el bosque otomí de San Francisco Xochicuautla; el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que afectaría las aguas del oriente de la entidad, o el Túnel Emisor Oriente o proyectos de privatización del agua. Según las organizaciones, la Ley Eruviel permitiría a las autoridades reprimir de manera arbitraria estos movimientos. “Ya reprimen ilegalmente a los pueblos, pero con esta ley se están dejando la cancha libre”, alertó Carlos Sampedro, integrante del CDHZL. Durante el sexenio de Ávila Villegas, las organizaciones registraron por lo menos 250 agresiones contra defensores de derechos humanos en la entidad. Sospechan que existan por lo menos 200 denuncias contra activistas, aunque reconocen que se trata de una “cifra negra”, pues estas demandas permanecen ocultas. “Estamos preocupados porque se está imponiendo un Estado fascista, dictatorial”, deploró Ricardo Ovando, integrante del Sistema de Agua Potable de Tecámac (Saptemac), una organización que nació en oposición al proyecto de privatizar el líquido en el municipio. “No podemos dejar a la policía determinar si una marcha es legal o ilegal”, insistió. En su forma actual, el texto de ley contiene definiciones ambiguas como “agresión real”, “agresión inminente” o “legítima defensa”. Asimismo, el texto no prohíbe de manera explícita el uso de armas letales en contextos de manifestaciones públicas, no establece sanciones claras sobre responsabilidades, en particular a superiores jerárquicos, ni define con claridad sobre los niveles en el uso de la fuerza y uso de armas letales de conformidad con el principio de proporcionalidad. El artículo 16 de la Ley Eruviel establece que “la determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”. Ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recalcó que “entre las disposiciones violatorias de derechos humanos hay disposiciones cuya falta de precisión y claridad otorga a los encargados de su aplicación una discrecionalidad tal que podrían restringir la libertad de expresión o abrir las puertas a un uso excesivo de la fuerza”. La ONU-DH exhortó a los diputados a modificar la ley “a fin de compatibilizarla no sólo con la opinión de la mayoría de los ministros integrantes del pleno de la SCJN, sino también con los estándares internacionales en la materia”. Y el profesor Primitivo Ortega, miembro del Magisterio Mexiquense en Contra de la Reforma Educativa (MMCRE), advirtió: “Existe la posibilidad de que esta ley se replique en otras entidades federativas y se discuta algún día en el Congreso federal”.