PUEBLA, Pue. (apro).- El Congreso del Estado dio marcha atrás a la reforma del Artículo 12 de la Constitución local de Puebla, que 16 municipios impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que abría paso a la privatización del servicio de agua potable en toda la entidad. Luego de que 16 ayuntamientos recurrieron a la controversia constitucional contra esta reforma promulgada el pasado 27 de enero, este miércoles la Junta de Gobierno y Coordinación Política --donde están representadas todas las bancadas--, presentó una enmienda para suprimir el apartado que generó la inconformidad entre la población. La reforma fue aprobada el pasado 6 de enero. En la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución de Puebla señalaba: “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Los municipios que recurrieron a la SCJN advertían que la inclusión de este párrafo abría paso a que el gobierno estatal les quitara el control del servicio de agua potable, lo cual es violatorio al artículo 115 de la Constitución Política del país. Además, presumían que este sería el paso para concesionar el servicio a una empresa privada, tal como ya ocurre desde 2013 en la zona metropolitana de la capital. Con la iniciativa enviada hoy por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el párrafo fue modificado para quedar como sigue: “Las leyes se ocuparán de (...) proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que esta marcha atrás sea para frenar las controversias constitucionales y aseguró que más bien lo que se busca es acabar con la “desinformación dolosa” generada en torno a la reforma. Aseguró que “jurídicamente”, el cambio aprobado a la Constitución local estaba “perfectamente bien hecho” y que daban por seguro que los juicios ante la SCJN no prosperarían. Apenas esta semana, la Corte dio por aceptadas las controversias que presentaron las autoridades municipales de San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Tlacotepec, Zinacatepec, Coronango, Altepexi, San Gabriel Chilac, Tlaltenango, Zoquitlán, Chiautla, Ajalpan, Coxcatlán, Mazapiltepec, Juan C Bonilla y Soltepec. Aunque el gobierno de Antonio Gali Fayad emprendió una campaña en los medios de comunicación locales, en la que pedía a la población que no se “dejara engañar” pues el agua no sería privatizada, las manifestaciones de comunidades que demandaban la derogación de la reforma fueron en aumento. Incluso, habitantes de distintas comunidades conformaron la agrupación Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA) que llevó a cabo caravanas, así como marchas y plantones frente al Congreso del Estado. Incluso, algunos de los alcaldes fueron retenidos y golpeados por pobladores para obligarlos a comprometerse a que impugnarían por la vía legal la reforma, a fin de borrar cualquier posibilidad de que el agua fuera concesionada a una empresa. El edil de Cholula, José Juan Espinosa, el primero en promover la controversia constitucional, aseguró que tras este cambio legislativo estaba el interés de ampliar la privatización del agua a toda la entidad, proceso que se inició en el sexenio de Moreno Valle.