Colectivos de familiares de desaparecidos –los grupos que asumieron la búsqueda de sus parientes y se han dedicado a localizar fosas clandestinas a lo largo del país– se quejan de que las autoridades no muestran interés en resolver el problema, que crece día a día. El presupuesto federal es menor cada año, el personal especializado escasea y los recursos técnicos son prácticamente inexistentes. Las instituciones, pues, están rebasadas y no hay evidencia de que exista voluntad política para enfrentar esa crisis nacional. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Fundador del colectivo de familiares Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández no vacila cuando es cuestionado sobre el esfuerzo de quienes han abandonado sus vidas para buscar cadáveres: “¡Ha valido madre!” Entrevistado mientras atestiguaba las exhumaciones en una fosa en Jojutla, Vergara explica: “¿De qué ha servido que rescatemos restos de nuestros familiares si el gobierno los desaparece de nuevo? Se lava las manos diciendo que no tiene presupuesto para hacer la identificación, que es muy caro”. Vergara –quien busca a su hermano Tomás, desaparecido en julio de 2012– ha participado en al menos 200 hallazgos en Guerrero, y colaborado en la localización de fosas con miles de restos en otras entidades –Sinaloa, Coahuila, Veracruz y el Estado de México, entre otros– donde ha sido llamado por familiares de desaparecidos para que les enseñe a buscar. “Todo ha sido simulación, porque el gobierno ni busca a nuestros desaparecidos, y cuando nosotros los encontramos ni siquiera los identifica. No ha hecho nada, está rebasado”, dice Vergara. Cada vez menos dinero Mientras el número de desapariciones aumenta día tras día, para llegar a casi 30 mil en los registros oficiales, la reacción del Estado mexicano ante la tragedia no ha sido proporcional. Basta verificar los últimos dos presupuestos de egresos para advertir cómo se está dimensionando el problema en el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Congreso. En 2016 la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo una asignación presupuestal de 28 millones 114 mil 11 pesos, de los cuales 16.6 millones se destinaron a pago de salarios; un año después, ahora con el nombre de Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, el presupuesto, de por sí bajo, disminuyó 6.8%, al pasar a 26 millones 201 mil 223 pesos, de los cuales 19 millones 803 mil 889 pesos corresponden al pago de personal, y sólo 6 millones 356 mil 289 para gasto operativo. A las trabas que les ponen a las familias de los desaparecidos –para empezar, que sus denuncias sean admitidas– se suma que la batalla por la identificación es el nuevo obstáculo que encuentran en la mayor parte de las entidades donde, ante la inacción de las autoridades, han tomado el pico y la pala para buscar entre la tierra, apunta en entrevista por separado Silvia Ortiz, fundadora de Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), una de las cuatro organizaciones de familiares de desaparecidos en Coahuila. Madre de Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida en 2004, la vocera de Vida recuerda que el primer reto para las familias fue “agarrar a la autoridad de la mano y enseñarla a trabajar”, luego de que, a partir de enero de 2015, las familias decidieron salir los sábados a los campos y al desierto a buscar restos. En Coahuila, donde el gobierno estatal tiene abiertas mil 740 carpetas de investigación por desaparición, en tanto que las organizaciones de víctimas tienen al menos mil 200 casos, Vida ha recuperado miles de restos. Sólo en el ejido Patrocinio los activistas recuperaron más de 3 mil fragmentos, y recientemente en otras áreas cercanas, en Santa Elena, han ubicado otros 20 mil. “¡Es una locura!”, dice Ortiz sobre esa zona considerada como “de exterminio”. A partir de la presión ciudadana y de la prensa, reconoce la vocera, Vida y el gobierno de Rubén Moreira acordaron dividir el terreno de búsqueda de Patrocinio en “mil 200 cuadrantes, de 20 por 20 metros cuadrados, de los cuales llevamos revisados unos 50”, búsquedas que son acompañadas también por peritos forenses. Desde el 17 abril, las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparecidos en el estado, en acuerdo con los gobiernos federal y estatal, así como con la Cruz Roja Internacional y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhuman cuerpos de fosas comunes en todo el estado. Cuenta Ortiz: “A finales de 2013 supimos que los restos que localizaban las autoridades los depositaban en las fosas comunes sin el debido proceso, y desde entonces estamos peleando por que se abran; oficialmente se dice que hay 458 cuerpos, pero no descartamos que haya más. Sólo en La Laguna hay aproximadamente 200”. Aunque reconoce que el gobierno estatal contrató un laboratorio para la realización de perfiles genéticos, ante la tardanza de la Policía Científica, hasta ahora, después de dos años de búsquedas, la identificación de restos se cuentan con los dedos de una mano. “El primer cuerpo que se logró identificar fue el de una muchacha; se entregó al mes de que la localizamos; le siguieron las costillitas de una niña de 13 años. En dos semanas se van a entregar los restos de una pareja, y de un joven. “Son cinco identificaciones en más de dos años de trabajo. Es una prueba de que el gobierno mexicano no está preparado para el mundo de restos que están saliendo por todos lados”, lamenta Ortiz. Búsqueda de buscadores En Sinaloa la situación no es muy distinta, pese a que a partir de junio del año pasado el gobierno estatal instaló un laboratorio de genética para procesar ADN. Mirna Media Quiñones, vocera de Las Rastreadoras, que operan en el norte de Sinaloa –en Ahome, El Fuerte y Choix–, sostiene que en los casi tres años que han trabajado en la búsqueda de 404 personas registradas por su asociación como de­saparecidas ha localizado 78 cuerpos, de los cuales 47 han sido entregados a sus familias. Medina, madre de Roberto Corrales, desaparecido en febrero de 2014, dice que de los 31 restos aún no identificados, de “10 faltan por entregarse las pruebas de ADN y el resto no han sido reclamados, y ahora tenemos que buscar a personas que busquen a desaparecidos”. Ante el patrón recurrente de que no se cumplen protocolos adecuados para procesar cuerpos no reclamados, Medina dice que a partir de mayo próximo se abrirá la fosa común de la región norte de la entidad, donde supuestamente hay unos 140 cuerpos. “Lo que sabemos es que al menos la mitad, que corresponden a cuerpos sepultados de 2000 a 2014, no tienen registros adecuados, por lo que estamos elaborando un acuerdo para sacar al menos cada semana dos cuerpos para aplicar las pruebas de ADN y empezar a tener registros y checarlos con las pruebas que ya se tienen en el estado”, apunta. Las Rastreadoras tienen el reto de recuperar, además, muestras genéticas de la gran mayoría de las familias que integran el grupo, a las que ya se las había tomado la Policía Científica, “que hasta ahora nos tiene en lista de espera” para alimentar la base de datos estatal. Pese a los avances descritos por Medina en el norte de Sinaloa, en febrero pasado, durante el paso por Culiacán de la Tercera Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas –en la cual participan colectivos de familiares de víctimas de todo el país– se reportó una anomalía atribuida a la urgencia de autoridades de la Fiscalía General del estado por entregar restos, ante la presión social. Familiares de una persona que había sido reportada como desaparecida denunciaron que les fue entregado el cuerpo de una persona a la que dieron sepultura. Tiempo después su familiar regresó a casa, evidenciando la falta de diligencia de las autoridades locales en la identificación del cuerpo. Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha recuperado más de 15 mil fragmentos óseos en Veracruz y tres cuerpos en Culiacán, dice que pese a trabajar coordinadamente con los gobiernos estatales, la PGR y la Policía Científica de la Policía Federal, no se han logrado resultados de identificación. “Lo que hemos visto es que no sólo se trata de que no pueden ni quieren, sino que no hay voluntad política para atender este problema que los rebasó, y eso lo vemos de forma operativa en la parte institucional”, dice Trujillo, hermano de cuatro jóvenes desaparecidos, dos en Veracruz y dos en Guerrero. El activista señala que “hay un juego perverso” detrás del anuncio del gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes de que se perdieron las muestras genéticas tomadas en la administración de Javier Duarte, y puntualiza que la prueba más clara de que no hay intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de atender la emergencia nacional que representan las desapariciones está en la forma de canalizar los recursos públicos. “Es un asunto tan simple como la aritmética: tenemos unos 30 mil desaparecidos y la Policía Científica es atendida por unas 20 a 30 personas, mientras que la Fiscalía de Búsqueda de la PGR tiene más o menos el mismo número de agentes del Ministerio Público; ahí te das cuenta de que no hay voluntad política para la búsqueda, mucho menos para la identificación”, señala. Trujillo comenta que la Fiscalía Especializada de la PGR “ya no está recibiendo denuncias, aun cuando haya indicios de que agentes de los estados son responsables de las desapariciones”, y advierte que lo que sí está claro “es que el gobierno de Peña Nieto le está apostando a seguir armando a los equipos de la Policía Federal, la Marina, a la Sedena, o sea le está apostando a seguir ocasionando daños internos, a la violencia”. Instituciones rebasadas Para Volga de Pina Ravest, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), ante la magnitud de la tragedia de desapariciones en el país, de parte de las instituciones del Estado “hablamos de una política para garantizar su impunidad”. Reconoce que si bien es cierto que hace 10 años no se registraban los niveles de violencia de hoy –“por ejemplo en Puebla cada mes el servicio médico forense atendía 12 cadáveres y hoy ese es el número diario de muertos”–, “el tema de desapariciones no es de hoy. Hace 40 años que estamos hablando de desapariciones forzadas. No es justificable que no haya una infraestructura para atender el problema”. Como abogada y parte del IMDHD, De Pina Ravest asesora a los colectivos de familiares que han decidido salir a los campos a buscar a sus familiares ante “los investigadores de papel”, es decir, los agentes del Ministerio Público, “que no hacen trabajo de campo, ni antes con el sistema inquisitorio ni con el nuevo sistema penal”. La abogada, quien suele gestionar diligencias con las autoridades, dice que el rebase de las autoridades por parte de las familias se expresa frecuentemente en exhortos que les han hecho funcionarios federales y estatales. “Nos han dicho que no saquemos cuerpos. Todo mundo nos lo dice, con varios niveles de argumentación; primero nos dijeron que contaminamos las pruebas y las escenas del crimen, que, dicho sea de paso, no se hubieran encontrado si no es por las familias, y luego nos han dicho que no tienen capacidades, pero eso no es nuestra culpa”, dice. La abogada refiere que en medio de la tragedia, el problema central tiene que ver con los recursos públicos, y que en año electoral “el tema de los desaparecidos no es sexi, no es políticamente rentable”. Sin embargo, insiste en que los familiares no pueden esperar “a que las autoridades tengan las capacidades; tenemos que rescatar los restos y buscar la forma de preservarlos”. Apunta: “si bien puede ser cierto que hay muchos restos que fueron quemados o pasados por ácido y no se pueden identificar, es probable que en 10 o 30 años sí se pueda, y entonces se pueda dar tranquilidad a miles de familias”. Este reportaje se publicó en la edición 2108 de la revista Proceso del 26 de amrzo de 2017.