CALI, Col. (apro).- Los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y de España, Felipe González, asumieron este jueves en Cali como verificadores internacionales de la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, los cuales enfrentan retrasos en su puesta en marcha y están sometidos a fuertes presiones por sectores de la derecha colombiana. Mujica y González se comprometieron a hacer todo lo que esté a su alcance para que esos pactos de paz –que pusieron fin a un conflicto armado interno de 52 años–, se cumplan y se conviertan en una realidad transformadora para Colombia. Al darles posesión como verificadores de los acuerdos con las FARC, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que los dos exmandatarios serán “un sello de garantía” para implementar a tiempo y en profundidad los acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre, que entraron en vigencia siete días después, tras ser ratificados por el Congreso. En un acto al que asistieron los comandantes de las FARC Pablo Catatumbo, Pastor Alape e Iván Márquez, Santos reconoció que han habido retrasos en el arranque de la fase de implementación del pacto con esa guerrilla, pero el acompañamiento que harán Mujica y González servirá para “corregir los errores” presentados hasta ahora. Los dos expresidentes –Mujica fue elegido como garante por las FARC y González, por parte del gobierno colombiano– “tendrán que darle cuenta al mundo de los avances del proceso de paz, porque la comunidad internacional les ha dado un respaldo enorme y eso nos obliga y nos compromete a informarle de cómo va avanzando la implementación”, dijo el mandatario. Aseguró que ambos serán garantes y testigos de los acuerdos de paz en su fase de implementación, “que será igual o más difícil” que la etapa de negociación, prolongada durante tres años y nueve meses en La Habana, Cuba. Desafíos políticos y logísticos La verificación internacional que harán Mujica y González está lejos de ser un asunto protocolar. Los acuerdos con las FARC se enfrentan en estos momentos a diversos desafíos políticos y logísticos que amenazan con ponerlos en riesgo. El ultraderechista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, sostiene que los acuerdos son “un pacto de impunidad” con esa guerrilla y rechaza que los jefes de la organización insurgente puedan participar en política una vez que entreguen las armas, a finales de mayo próximo. La campaña del Centro Democrático –que ha desarrollado en alianza con algunas iglesias cristianas y el ultraconservador exprocurador Alejandro Ordóñez–, ha calado en una parte de la sociedad colombiana que acabó por creer en las verdades a medias, las tergiversaciones y las mentiras sobre los acuerdos de paz que divulgan sus voceros. Según una encuesta de la firma Gallup difundidas este mes, 49% de los colombianos cree que la implementación de esos acuerdos va por mal camino y 46% considera que va por buen camino. En diciembre pasado, esa proporción era inversa. Adicionalmente, las instalaciones de los 26 campamentos donde las FARC entregarán las armas todavía están inconclusas debido al burocratismo estatal para liberar recursos y a las dificultades para llevar materiales de construcción a esos sitios porque están ubicados en parajes rurales sin suficientes vías de comunicación. El “lujo” de la paz El expresidente José Mujica llamó a los colombianos a cerrar filas en torno a los acuerdos de paz pues “la guerra no puede ser la filosofía de vida de ninguna sociedad”. Agregó que habla de la guerra porque la vivió durante su etapa como guerrillero del movimiento Tupamaros, entre 1962 y 1972. Entre este año y 1985 estuvo en prisión, “pero no por héroe, sino por falta de velocidad”, según dijo. Por esa experiencia, Mujica piensa “que aunque no le damos valor en cada uno de nosotros, la riqueza milagrosa más importante que tenemos es estar vivos, no hay ninguna cosa comprable a eso. Y en nombre de la civilización tenemos que aprender de alguna forma a dirimir nuestras diferencias sin tener que acudir al recurso de las armas”. Dijo que quienes sacan cuentas de lo que costará la implementación de los acuerdos de paz con las FARC deberían pensar en cuánto cuesta la guerra y en las escuelas, hospitales, carreteras y fábricas que se pudieron construir con esos recursos en el último medio siglo en Colombia. El exgobernante uruguayo consideró que quienes critican el acuerdo de paz deberían tener en cuenta “que no hay paz perfecta”. Para Mujica, el fin de la guerra con las FARC y apostar un acuerdo con el ELN –la otra guerrilla colombiana que ya está en diálogos con el gobierno–, es el símbolo de que Latinoamérica es una región de paz, “casi un lujo en esta época”. Felipe González dijo que asume con entusiasmo su papel de verificador internacional de la implementación de los acuerdos con las FARC porque lleva 35 años comprometido con diferentes esfuerzos de paz en Colombia. Sostuvo que no ha conocido, desde la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), a ningún mandatario colombiano que no haya intentado hacer la paz, “pero finalmente conozco a uno (Santos) que la ha firmado”. El expresidente español llamó a fortalecer la confianza recíproca entre el gobierno y las FARC, que a pesar de las dificultades en la implementación de los acuerdos coinciden en la necesidad de superarlos con trabajo conjunto. “No hay que desfallecer en mantener esa confianza, porque existiera una situación compleja en la sociedad frente a los acuerdos, y si esa confianza interna se resquebraja será muy difícil avanzar”, señaló. González sostuvo que ante la paz de Colombia es parcial y ya tomó partido. “Algunos me acusan de falta de neutralidad –dijo–, pero entre la aceptación del acuerdo y la continuidad del conflicto no tengo absolutamente ninguna neutralidad. Estoy con el acuerdo y no seré neutral entre paz y conflicto. Estoy a favor de la paz y en contra del conflicto”. La labor de González y Mujica como garantes será rendir informes públicos sobre los avances en la implementación de los acuerdos y las eventuales diferencias que surjan en ese proceso, hacer recomendaciones a las partes y solicitar la intervención de Cuba y Noruega, países garantes, y Venezuela y Chile, los acompañantes, cuando lo consideren pertinente. Además de la verificación internacional, existe un componente nacional que da seguimiento a lo acordado en La Habana por las FARC y el gobierno. De este mecanismo forman parte tres miembros de esa guerrilla y tres del gobierno colombiano.