TOLUCA, Edomex. (apro).- Con el aval del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, la Legislatura mexiquense aprobó que más de la mitad de los programas sociales estatales (67 de 102) operen durante las campañas por la gubernatura. El artículo 261 del Código Electoral mexiquense establece que en época proselitista las autoridades estatales, municipales y los legisladores locales “se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”. Conforme a la norma, del 3 de abril al 4 de junio estos apoyos tampoco podrán difundirse; “las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. “Elección de Estado” Durante la discusión del acuerdo, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) tomaron la tribuna y desplegaron mantas y fotografías para pronunciarse en contra de lo que denominaron una “elección de Estado”. La morenista Miriam Sánchez Monsalvo acusó que las dádivas tienen como único propósito beneficiar al PRI y a su candidato: “Pretenden ganar a la mala con billetazos y tarjetazos. No queremos que los programas sociales indispensables se detengan, pero sí aquellos que permiten al gobernador promover el voto a favor del priMazo”. En lugar de otorgar paliativos, recordó al mandatario mexiquense que tuvo cinco años para abatir la inseguridad: “En lugar de laptops debió abatir el rezago educativo, es lamentable que después de tantos años gobernando no sepan responder con políticas públicas eficientes”, lamentó. “Exigimos al gobernador y al presidente saquen las manos del proceso electoral; detener su cinismo, arrogancia y soberbia… Demandamos al IEEM no ser omiso ante la clara elección de Estado”, apeló. El perredista José Antonio López Lozano advirtió que la entrega de USBs, tinacos, computadoras e impermeabilizantes no generan cambios drásticos en la calidad de vida de los mexiquenses. “No hay mejor proselitismo que hacer un buen gobierno todo los días y no pretender engañar a la población en cada elección. Demos certeza y no espejitos, no pretendan aprovecharse de la necesidad de la gente. Se presentan como gobierno benefactor, pero es su obligación. Elección sin corrupción”, solicitó. “No es lucro, se llama gobernar” Mario Salcedo, de Encuentro Social, justificó que la cotidianidad de los mexiquenses no debe verse afectada por la contienda, pues para algunos pobladores esos programas son prioritarios. Cruz Juvenal Roa, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que los apoyos no se pueden detener por el miedo de otros a ser derrotados. “No vamos a permitir que a personas (con necesidades) les quiten el sustento de vida por culpa de los intereses de unos cuantos; eso es actuar con ligereza. Atacan al gobierno. No es lucro, se llama gobernar”, justificó. Juana Bonilla, vocera de la bancada perredista, indicó que, originalmente, el PRI demandaba la operación de 90 programas, pero a través de la discusión en la Jucopo la propuesta se disminuyó. Pese a ello, reconoció que la cifra de este año es histórica, pues en otro momento se permitió la entrega de 40 o 50 programas: “Se están extralimitando porque las encuestas no les están dando”, alertó. Para la oposición, precisó, deben permanecer vigentes apenas menos de 40 programas, consideraros los elementales y fundamentales en materia de protección civil, salud y educación. Paliativos Al final, con 40 votos a favor –del PRI, el Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES)--, una abstención de Miguel Ángel Xolalpa, de Movimiento Ciudadano, y 31 sufragios en contra, se acordó que no serán suspendidos 12 programas de desarrollo agropecuario, dos de desarrollo Social, 10 del DIFEM, uno de salud, 26 de educación más las acciones por la educación que son de carácter federal, cuatro de ciencia y tecnología, uno de desarrollo urbano, dos de cultura, uno de finanzas, seis del registro civil, uno de la defensoría pública, y otro de la Comisión Estatal de Factibilidad. En plena campaña se podrán distribuir, entre otros beneficios, canastas alimentarias, apoyos para mujeres rurales, para proyectos productivos, de mejora de vivienda rural, de avicultura, apoyos para comercialización de la carne, insumos agrícolas, infraestructura, tecnificación y equipamiento, fertilizante, semilla mejorada y diésel. Seguirán por una Infancia en Grande, Familias en Grande, 4 X 1 para migrantes, desayunos escolares fríos y raciones vespertinas, desayuno escolar comunitario, zapato ortopédico, lentes oftalmológicos, canasta para personas con discapacidad, becas High School y Bachelor para radicados en Estados Unidos, dreamers mexiquenses, becas en todos los niveles escolares, servicio social comunitario, útiles gratuitos, constructores de paz, equipo tiflotécnico personal, becas para alumnos afectados por la explosión de Tultepec y entrega de títulos gratuitos de posesión o propiedad. También operarán socialización de la cultura a través del cine, apoyo a la comunidad (PAC) por el que la Secretaría de Finanzas administra 2.5 millones de pesos cada año para cada legislador local, registro de nacimiento de adultos mayores, modificación del sustantivo propio, bebés recién nacidos y actas de nacimiento, actas en cama, unidad móvil, fianzas de interés social y dictamen único de factibilidad. A la par, los diputados integraron una Comisión Especial de seguimiento a los programas sociales, que será presidida por Roa Sánchez y en la que participarán los demás coordinadores parlamentarios.