TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Tras siete horas detenida en las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de República (PGR) de Tapachula, la alcaldesa del municipio fronterizo de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, La Loba, obtuvo su libertad y denunció que interpondrá una denuncia penal contra Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por abuso de autoridad y violar su fuero constitucional. Espinoza Toledo se dijo “víctima de persecución política” y señaló que acudirá a los organismos locales, nacionales y de ser posible, internacionales, para defender sus derechos que fueron violentados, según ella, por la FEPADE. “No se me respetó el fuero constitucional del que gozamos quienes ocupamos un cargo de elección popular y de la protección que les brinda la máxima ley de este país que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de un amparo que fue otorgado por un Juez de Distrito de competencia Federal”, dijo la alcaldesa. Según datos de la Fepade, la alcaldesa es investigada por mil 537 actas de nacimiento que fueron otorgadas a guatemaltecos para que pudieran tramitar su credencial en el INE y votaran por ella en el 2015, cuando se postuló como candidata a la presidencia municipal. Por su parte, la Fepade dijo esta tarde que obtuvo del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, orden de aprehensión contra ciudadanos guatemaltecos como autores materiales, y cuatro servidores públicos del municipio de Suchiate, “como instigadores, por el delito previsto en el artículo 13, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales por la probable alteración al Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o listado de electores”. La Fepade expuso que entre los inculpados se encuentra la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, quien fungió como testigo en el trámite de expedición de actas de nacimiento extemporáneas a personas de nacionalidad guatemalteca, para obtener la nacionalidad mexicana. Fue por esa razón por la que fue detenida hoy por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. La Fepade añadió que la investigación realizada por el Ministerio Público Especializado, exhibió la venta de algunas actas por parte de la Oficialía 01 del Registro Civil en dicho municipio. Oficina donde se desempeñaba como Oficial del Registro Civil el esposo de la inculpada, Saúl Álvarez López. Agregó que una vez obtenido el documento de identidad mexicana, los ciudadanos guatemaltecos eran llevados a tramitar en forma ilegal su credencial para votar con fotografía en los módulos móviles que se establecían en diversas comunidades y ejidos de Suchiate. Durante el proceso de investigación, el Instituto Nacional Electoral (INE), informó de mil 537 actas de nacimiento firmadas por el Juez del Registro Civil, la mayoría expedida a adultos mayores de forma extemporánea. La Fepade recabó información perteneciente al Registro Federal de Electores, con el fin de saber el cargo de los funcionarios que intervinieron en la expedición y trámite de credenciales para votar, así como la relación pormenorizada de las denuncias en contra de personas derivados de trabajos de campo por domicilio irregular y expedición ilícita de credencia para votar. Y que para la integración de la investigación se solicitó el apoyo de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, con el fin de obtener un informe sobre el estatus de la solicitud de asistencia jurídica internacional presentada al gobierno de Guatemala, para que en apoyo de la autoridad actuante, fueran proporcionados los datos de personas en las que recaía la actuación de la presidenta municipal, su esposo y el secretario del Ayuntamiento, y en las que se requería la confirmación de la nacionalidad guatemalteca, adjuntando algún documento que lo acreditara. El Titular de Fepade, Santiago Nieto Castillo, advirtió que no se puede alterar uno de los documentos más importantes del INE, que es el Padrón Electoral, al que se refirió como un documento sólido, un documento “confiable”. Con base en los datos aportados, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, concedió la orden de aprehensión, la cual, fue cumplimentada este día. Sin embargo, siete horas después quedó en libertad. Lo que se pudo constatar también es que esta tarde, la alcaldesa tramitó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tapachula, por un posible acto en contra de ella relacionada con una detención ilegal y desaparición forzada, una investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.