BOCA DEL RÍO, Ver (apro).-“Apilados uno sobre otro, no hay de otra, llegan y llegan cuerpos. Los hemos tenido que amontonar (sic) hasta en el área de enseñanza, donde está el quirófano destinado a aprendizaje de alumnos de la Universidad Veracruzana”, revelan empleados de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense (Semefo) de Boca del Río. El hallazgo de la Secretaría de Marina-Armada de México el pasado viernes, donde han sido exhumados –hasta el cierre de esta edición-- 47 cráneos y cientos de restos humanos, volvió a saturar “por enésima vez” –enfatiza las fuentes-- el forense de Boca del Río, ubicado en la esquina de Juan Pablo II, frente al campus de la Universidad Veracruzana (UV). “La mayoría de cuerpos llegan putrefactos, contaminan el área como no tienes idea, no hay una infraestructura que nos permita su almacenamiento… cuando se juntan, y no aguantan ni los vecinos los olores putrefactos, se tiene que alzar la voz y a las autoridades (de la Fiscalía General del Estado) se les exige que vengan por los cuerpos, han venido hasta en camiones por ellos, sólo nos dicen que se los llevan a Xalapa. ¿Que allá tengan un manejo irregular?, es muy probable”, detallan los empleados en un comedor de Plaza Mocambo, ubicado cerca del forense, una vez que concluyeron su jornada laboral. Una radiografía de la FGE, proporcionada por Jorge Winckler, ilustra que en el sexenio del priista Javier Duarte –prófugo de la justicia desde hace más de 150 días-- se detectaron cementerios clandestinos en 43 ciudades de los 212 municipios de la entidad. El mapeo de dichas fosas identifica las ciudades donde se localizaron fosas clandestinas: Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto Lucero. También en Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael. En estás 43 inhumaciones se encontraron 225 cuerpos, sin tomar en cuenta los últimos dos grandes hallazgos, el de Colinas de Santa Fe, donde han extraído más de 17 mil restos óseos y 250 cráneos, aunque aún sin concluir las labores de exhumación, y 47 cráneos y cientos de restos humanos encontrados el viernes 17 en la congregación de Arbolillo, en el municipio costero de Alvarado, en donde integrantes de la Marina-Armada de México y de la Dirección de Servicios Periciales encontraron ocho fosas de un nuevo camposanto clandestino. En el Semefo de Boca del Río hay tres quirófanos, el de necropsia, el de almacenamiento y el de enseñanza; igual un área de refrigeración donde hay unas planchas con refrigerador, “como el que ves en las películas” –explican los empleados de la FGE--; ahí hay espacio para meter dos cuerpos. “Pues en cada espacio de esos dos ya metimos cuatro o cinco, no dudo que en algunos casos seis. El pedo aquí es que según la ley podemos despachar los cuerpos a la fosa común a los 10 días de haber llegado, pero ya no nos lo permiten por todo el escándalo que se ha armado. Total, aquí el área se sigue contaminando”. En el gobierno de Yunes Linares ya se habló de la necesidad de construir un “panteón ministerial” con instalaciones adecuadas para el manejo de cuerpos, y también para el almacenamiento de restos humanos y óseos, cuando de personas no identificadas se trata, el único problema es la falta de recursos, y el pretexto por excelencia es el desfalco financiero que dejó la administración de Duarte. “Hay falta de tecnología adecuada; falta de insumos indispensables, como reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente adscrito a los Servicios Periciales. Tenemos el apoyo de la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, pero debe reconocerse que el estado actual de los servicios periciales de la Fiscalía resultan insuficientes para atender la problemática”, expresó en entrevista con Apro el titular de la FGE, Jorge Winckler, el martes 21. Hoy la problemática del manejo de los cuerpos –fustigan los empleados de periciales y forenses-- ya pasa hasta por los cuerpos que nada tienen que ver con ejecuciones o fosas clandestinas: “No nos dejan hacer el trámite para mandarlos a la fosa y aquí están contaminando y echándose a perder, se pueden quedar por meses o años… sí, ahí arrumbados”. Los mismos alumnos de la carrera de Técnico Superior Universitario Histotecnólogo y Embalsamador de la UV han tenido problemas para trabajar en el “área de enseñanza”, en donde se les adiestra en abrir y embalsamar cuerpos, por el “hacinamiento de cadáveres”. Un alumno refiere que hasta los propios vecinos del fraccionamiento Costa Verde se han quejado con ellos, debido a los olores fétidos que en temporada de calor despide el Semefo, en una manzana a la redonda. Tan sólo en lo que va del gobierno de Yunes Linares les han llevado lo relacionado a 200 cuerpos, entre cadáveres, restos humanos y cráneos y cuerpos desmembrados, así como restos –los menos— de fallecidos no relacionados con el crimen. Es por ello que el activista en derechos humanos y líder de la Pastoral de Movilidad Humana, Alejandro Solalinde, aseguró el pasado miércoles en visita a Veracruz que la entidad es un auténtico “fosario”, en donde el gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte permitieron el asentamiento de la delincuencia organizada y la polución de fosas a lo ancho y largo del Golfo de México. Pifias de la Fiscalía... Y en esta vorágine de narcocementerios en 43 de 212 municipios de Veracruz y con deficiencias en el manejo forense de cuerpos e incompetencias en las diligencias ministeriales, la FGE en el gobierno de Duarte, y ahora en el de Yunes Linares, ha quedado exhibida. Con Duarte, el caso más claro de negligencia ocurrió con Pedro Manuel Mávil Martínez, padre de Gemma Mávil, joven oriunda del Pueblo Mágico de Xico y quien encabezó diligencias en dicho panteón para recuperar los restos de su hija, mismos que fueron “extraviados” por autoridades del camposanto y de la Fiscalía, quienes mutuamente se endosaron la responsabilidad. Gemma, joven estudiante de administración de empresas, fue secuestrada en mayo de 2011. En aquella ocasión pidió prestados 50 pesos a su padre para salir de Xico e ir a Xalapa a una supuesta entrevista de trabajo que se haría a cuatro cuadras de palacio de gobierno. Se desconoce cómo fue asesinada, y más extrañó resulta que sus restos fueron extraviados en el panteón xalapeño. Este escándalo detonó que activistas (Familias Enlaces Xalapa) descubrieran más irregularidades en decenas de cuerpos enviados a la fosa común, entre ellas la inhumación, sin los protocolos adecuados ni los mapeos genéticos correspondientes, de 194 cuerpos. El entonces fiscal Luis Ángel Bravo –removido cuando entró el gobernador Yunes-- reconoció que hubo “movilizaciones ilegales” de cuerpos en las fosas comunes del panteón municipal de Palo Verde de Xalapa, mismas que “pudieron” –dijo-- haber sido “solapadas o causadas” por elementos de la Policía Ministerial y el Semefo. Ya en este gobierno, el nuevo fiscal Jorge Winckler cometió la pifia de ubicar a Isaías Jácome Hernández, de 29 años, instalador de Dish (empresa de televisión de paga) en la narcofosa de Arbolillo en Alvarado, donde se hallaron 47 cráneos. “Existen indicios que permiten hacer presumible que dentro de los restos exhumados se encuentran los del joven Isaías Jácome Hernández, el cual fue denunciado como desaparecido el día 6 de septiembre de 2016, lo que dio inicio a la carpeta de investigación 1582/2016 radicada en la Fiscalía de la ciudad de Veracruz”, dijo Winckler a los medios. Sólo hay un pequeño detalle: Jácome desapareció el día 2 de septiembre y su cuerpo sin vida fue hallado el 5 de septiembre en la localidad de Tejería, en la zona industrial del municipio portuario, sin embargo, la Fiscalía lo reportó como desaparecido un día después (carpeta de investigación 158/2016), e incluso lo ubicó en la fosa de Alvarado, pese a que sus familiares enterraron sus restos desde el día 6 de septiembre en un panteón de Veracruz, denunció el Colectivo Solecito, agrupación que ha tenido severos roces con el titular de la FGE, Jorge Winckler. Incluso, en un breve rastreo en la red social Facebook, aparecen una docena de esquelas virtuales por el fallecimiento del joven instalador de Dish, así como condolencias por parte de sus amigos y la fotografía del joven ataviado con una playera roja y con tenue barba, imagen que utilizaron familiares y amigos del día 2 al 5 de septiembre del 2016 para tratar de dar con su paradero. Apenas el jueves 23 el gobernador Miguel Ángel Yunes había ofrecido “una disculpa pública” a nombre del fiscal Jorge Winckler, por las quejas de los colectivos de desaparecidos, quienes cuestionaron la capacidad, conocimiento y sensibilidad del funcionario estatal para tratar el tema. Winckler también ofreció una “disculpa pública” en rueda de prensa en el Congreso local, pero horas más tarde, desde su red social de Facebook, matizó la oleada de críticas en su contra, al postear una normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y una dedicatoria sutil dirigida, sin mencionarlo, a las madres de desaparecidos y a los periodistas: “Sí yo sé que hice mi trabajo bien... estoy bien le pese a quien le pese”.